Desde el asesinato del líder antioligárquico Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, la violencia se enseñoreó en Colombia y de ella fueron víctimas bases campesinas liberales y comunistas en diferentes regiones del país.
Quienes deploran la violencia que llevan a cabo las FARC, deberían reconocer que esta violencia la originó la violencia del Estado a partir de 1948 y luego con la ofensiva de mayo de 1964. Las autodefensas campesinas de todas estas regiones lograron sobrevivir a la ofensiva iniciada en mayo de 1964, terminaron influenciadas por el Partido Comunista Colombiano y finalmente se constituyeron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Durante muchos años las FARC conservaron un discurso que las identificaba con un marxismo ortodoxo, aun cuando no pudieron evitar la impronta de la realidad campesina de la que provenían. En julio de 1964, en medio de la ofensiva lanzada por 16 mil efectivos del Ejército colombiano, las FARC proclamaron su programa agrario, básicamente una reforma agraria para los campesinos sin tierra y arrendatarios a partir de la confiscación de tierras de los latifundios, respeto a la propiedad de los campesinos ricos que trabajaran su propiedad, créditos blandos y asistencia técnica, sistemas sanitarios para atender la salud pública rural, precios básicos garantizados para los productos agropecuarios, protección a las comunidades indígenas y alianza en todo este proyecto con el movimiento sindical.
En abril de 1993, las FARC emitieron la “Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional” que hoy hasta podría ser el proyecto de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica: control del Estado de los sectores estratégicos de la economía nacional; fomento del mercado interno; autosuficiencia alimentaria; estímulo a la pequeña, mediana y gran industria privada; fomento a la autogestión, microempresa y economía solidaria; 50% del presupuesto invertido en bienestar social; 10% en investigación científica; proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional; establecimiento de un gobierno pluralista, nacional y democrático; división de poderes, parlamento unicameral.
Muchos de estos elementos programáticos serán enarbolados por las FARC en el contexto de las negociaciones con el gobierno colombiano que apenas están comenzando. Su planteamiento general para las negociaciones es el de una paz con justicia social y respeto a la soberanía. Ello implica un desarrollo agrario que ponga freno al despojo que están sufriendo los campesinos colombianos por los grandes capitales invertidos en megaproyectos mineros e hidroeléctricos, eliminación de las bases militares estadounidenses, defensa de los recursos naturales nacionales, eliminación del Tratado de Libre Comercio, garantías a la vida de los luchadores sociales y de los eventuales guerrilleros desmovilizados, solución integral y no punitiva al problema del narcotráfico, medidas en contra de la corrupción.
En voz de los integrantes del Secretariado, Rodrigo Granda e Iván Márquez, las FARC expresan que no irán a las negociaciones a buscar “una revolución por contrato”. No esconden sus ideales socialistas y afirman que hasta ahora han tenido que pelear con las armas por estos ideales porque no han tenido opción. Lo que quieren ahora es hacerlo pacíficamente, pero exigen garantías de que no se repita la historia de la Unión Patriótica. Este frente amplio en el que participaron las FARC entre 1985 y 1990 y que fue aniquilado en cinco años, al ser asesinados 5 mil de sus militantes y sus dos candidatos presidenciales.
Colombia tiene una oportunidad para la paz, pero el camino será largo.
*Publicado en La Hora, 15 de noviembre
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