Quién es García Navarijo y por qué es protagonista en el proceso contra José Rubén Zamora y Samari Gómez
¿Son legales los audios que presentó el MP en el caso? ¿Por qué creerle a Ronald García Navarijo sin pruebas contundentes? Esos son los cuestionamientos de los abogados defensores ante la investigación del MP. pic.twitter.com/hXTrgXUTtw
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Quién es García Navarijo y por qué es protagonista en el proceso contra José Rubén Zamora y Samari Gómez
El periodista José Rubén Zamora y la auxiliar fiscal Samari Gómez fueron ligados a proceso penal. La acusación del MP se basa en las declaraciones, grabaciones y fotos de comunicaciones digitales que les compartió Ronald García Navarijo, la pieza clave del caso. El denunciante tiene un historial criminal por el desfalco del Banco de los Trabajadores. Antes de presentar la denuncia logró su principal cometido: un juez autorizó que le liberaran 33 millones de quetzales que estaban congelados, sin embargo, el banco asegura que no han sido notificados.
Ronald García Navarijo es el protagonista del caso contra José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y de Samari Gómez, la auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), quienes fueron ligados a proceso este 9 de agosto y enviados a prisión preventiva. La siguiente audiencia está programada para diciembre.
A Zamora le endilgan tres delitos: lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Contra Samari Gómez cae la sospecha de que reveló información confidencial de sus casos.
El autor de la denuncia contra Zamora y Gómez tiene un abundante historial delictivo. Está acusado de lavado de dinero del Banco de los Trabajadores, entidad donde fungió como directivo. Durante meses solicitó que esta fiscalía lo admitiera como colaborador eficaz para inculpar a otras personas a cambio de que le devolvieran 33 millones de quetzales.
No logró su objetivo ni cuando la jefatura de la Feci estaba a cargo de Juan Francisco Sandoval, ni en la gestión de Rafael Curruchiche. Sin embargo, fue un juzgado el que finalmente atendió su pedido. El 18 de julio de 2022, ocho días antes de denunciar formalmente a Zamora y a la auxiliar fiscal Gómez, García Navarijo obtuvo una resolución favorable del juzgado séptimo a cargo de Sergio Mena. ¿Qué cambió para lograr el beneficio que se le había negado con anterioridad? No queda claro.
La denuncia contra Zamora y Gómez
El exdirectivo del banco se reportó enfermo de COVID-19 el 25 de julio y esto le valió como excusa para no asistir a la audiencia de primera declaración del caso Arca, relacionado con lavado de dinero, que lleva dos años de espera, y en el que ya existe un colaborador eficaz que confesó cómo desviaron los fondos de la misma institución bancaria para financiar a presidenciables. Al día siguiente, el 26 de julio, se presentó a las 22 horas a la sede de la Feci para concretar la denuncia contra Zamora y Gómez.
Dijo que Zamora le chantajeaba con publicar información de los casos en los que está involucrado y que a cambio le pedía lavar 300,000 quetzales que tenía en efectivo. Ni el testimonio ni la acusación del Ministerio Público establecieron la procedencia de los fondos.
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La Fiscalía y la Fundación contra el Terrorismo, como querellante en el proceso, dicen que Zamora quería lavar un millón de quetzales que conseguiría por partes. La acusación se basa en la declaración del denunciante.
Aunque la defensa intentó demeritar el testimonio y el mecanismo que usó para sostener su acusación, el juez Freddy Orellana les dio validez. «Existe la sospecha» de la comisión de actos delictivos, dijo cuando anunció que los ligaba a proceso penal.
García Navarijo está involucrado en varios casos por lavado de dinero, pero solo uno de ellos ha avanzado. Goza de medida sustitutiva y tiene fecha de inicio de juicio en 2023.
Cuando García Navarijo presentó la denuncia contra Zamora y Gómez, reportó a la Feci cuándo esperaba recibir el dinero de Zamora en su oficina del edificio Centro Empresarial, en la zona 10 de la ciudad. Había acordado con Zamora que le recibiría los fondos, los ingresaría a una empresa y a cambio le daría un cheque por 265,486.75 quetzales, por el descuento del Impuesto al Valor Agregado. Zamora confirma el acuerdo, y asegura que esta fue la segunda vez que García Navarijo le hizo el favor.
El dinero fue «una donación» para apoyar las finanzas de elPeriódico, aseguró Zamora, pero no dio el nombre de sus benefactores.
García Navarijo armó el plan. Registró en video el momento en el que unos empleados de Zamora llevan el efectivo y reciben a cambio un cheque del Banco Industrial. Las grabaciones de video del edificio, fotos, el dinero incautado en la oficina de García Navarijo y la copia del cheque fueron presentadas por la fiscal de Feci, Cinthia Monterroso, ante el juez contralor del caso, Freddy Orellana, como parte de la audiencia de primera declaración celebrada el 8 de agosto.
Christian Ulate, defensor de Zamora, pidió que llevaran una máquina con luz ultravioleta para verificar la marca del banco de procedencia y que se contara el dinero, pero el juez se negó al requerimiento aduciendo que lo solicitó fuera de tiempo.
García Navarijo también entregó a la Feci grabaciones que hizo de reuniones presenciales; además de algunas llamadas telefónicas en las que participaron él, Zamora, sus abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya, el exfiscal Juan Francisco Sandoval y la gerente de elPeriódico, Flora Emilza Silva Ramos.
Los audios eran de mala calidad, tenían ruidos de fondo que los hacían inentendibles, a pesar de esto fueron aceptados por el juez sin ninguna objeción.
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Las grabaciones sirvieron para que la fiscalía documentara el delito de conspiración para lavar dinero, tráfico de influencias y chantaje. En las partes entendibles, se escucha que Zamora relata las complejidades para cubrir los gastos de funcionamiento de elPeriódico.
El periodista indicó que varios gobiernos le han bloqueado y ha recibido fondos de donación de varios empresarios que le piden que los aportes entren anónimos a las cuentas de Aldea Global, casa editora de elPeriódico.
Zamora admitió que acudió dos veces a García Navarijo porque lo consideraba su «amigo», y le tenía «aprecio», para que le ayudara a conseguir una empresa que pudiera recibir el efectivo y facturar servicios a elPeriódico. Cuando se le cuestionó por qué buscó a un personaje con tantos antecedentes ilícitos, respondió que su amistad había surgido antes de las acusaciones.
«Lo conocí en tiempos del gobierno de Álvaro Colom, cuando querían poner a un gángster (de directivo) y lo logré evitar», dijo. El Estado de Guatemala es accionista del Bantrab y el Ejecutivo nombra al presidente de la Junta Directiva.
Zamora mantuvo la comunicación con García Navarijo cuando fue capturado en 2018. Contó que lo visitó en el hospital en donde se recluyó para evitar la cárcel y que después le ayudó a tener comunicación con personal de la Feci y de la Embajada de Estados Unidos, con el conocimiento del entonces embajador Luis Arreaga.
Zamora dijo que la relación con García Navarijo era de tanta confianza que este le contó y mostró fotos de varios de sus delitos.
«Me dio la foto de Jimmy y Sammy (Morales) con los cuatro millones —de dólares— que lavó, supuestamente para una farmacéutica», añadió el periodista durante su declaración. También le dijo que había lavado 2.5 millones de quetzales para la excandidata presidencial Sandra Torres y 1.5 millones de dólares al expresidente Francisco Funes, de El Salvador, a través de Jonathan Chévez, vinculado al caso Cooptación del Estado por lavado de dinero a funcionarios del Partido Patriota.
En cuanto al delito de tráfico de influencias, Zamora le dijo al juez que sostenía comunicación con Juan Francisco Sandoval porque elPeriódico publicaba investigaciones contra funcionarios a los que el MP no podía tocar porque tenían derecho de antejuicio.
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Como ejemplo, citó que el MP usó los nombres de las investigaciones de elPeriódico para bautizar sus casos. «Agua mágica —el fraude para supuestamente limpiar el lago de Amatitlán, por el que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue condenada— y Coperacha —el recaudo millonario para obsequios en el cumpleaños de Otto Pérez Molina en 2015—».
La relación que Zamora dijo tener con Sandoval es la de un periodista con una fuente de información. El MP insistió en que las comunicaciones relacionadas con los casos continuaron después de la destitución de Sandoval porque él tenía acceso a una fuente en la fiscalía.
Samari Gómez y la supuesta devolución de los 33 millones de quetzales
A Samari Gómez la alcanzó la denuncia porque es la fiscal auxiliar de la Feci que tenía el control de cuatro expedientes por el desfalco al Banco de los Trabajadores. Las investigaciones abarcan un periodo de ocho años —de 2009 a 2016— y Gómez ha estado a cargo de ellos durante seis años, desde que estaba asignada a la fiscalía contra el Lavado de Dinero.
El MP presentó audios de conversaciones entre García Navarijo, Zamora y Sandoval en donde la mencionan. Ese es el argumento para señalar que incurrió en el delito de revelación de información reservada.
Su defensa reclamó el trato «especial» que le dieron a la denuncia de García Navarijo. En lugar de recibirla en la oficina receptora de todas las denuncias, la Oficina de Atención Permanente, la registraron en la Feci en lugar de enviar el caso a la Fiscalía de Asuntos Internos, tal como establece el procedimiento cuando existen acusaciones en contra de personal del MP.
Gómez tomó una hora con ocho minutos para declarar ante el juez. Señaló que García Navarijo insistía en ser considerado como colaborador eficaz, pero no para «contribuir a la averiguación de la verdad», sino para obtener el beneficio de la liberación de cuentas congeladas por 33 millones de quetzales que estaban depositados en el Banco de los Trabajadores y que no podían ser liberados por dos razones: hay un caso en la fiscalía de Extinción de Dominio y no se puede otorgar un beneficio anticipado a un colaborador.
García Navarijo grabó el audio de una de las conversaciones que sostuvo con la fiscal y el MP la presentó como medio de prueba en su contra.
El MP asegura que Gómez quería influenciar a García Navarijo para que entregara a otros personeros del banco las acciones que todavía posee. Gómez lo niega y señala que García Navarijo armó un «artificio» para vincularla con el único objeto de obtener el dinero congelado.
El 18 de julio, cuando Gómez estaba suspendida por COVID-19, se llevó a cabo la audiencia en donde el juez Séptimo B, Sergio Mena confirmó la liberación de los fondos. Ocho días después, García Navarijo presentó la denuncia en su contra y de José Rubén Zamora. Tres días después, el 29 de julio, se concretó la captura de ambos.
El vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, asegura que la Feci se opuso a la resolución del juez Sergio Mena y que presentó dos memoriales con sus argumentos en el plazo que fijó el togado. El Banco de los Trabajadores aseguró a Plaza Pública que no ha recibido notificación judicial para desembolsar los fondos.
La fiscal Cinthia Monterroso, que condujo la acusación contra Zamora y Gómez, reclamó la «deslealtad» de su colega. «Puso en peligro de extorsión» a García Navarijo, señaló.
En los tres días que transcurrieron entre la denuncia y la captura, a Gómez le pidieron que entregara todos sus casos a Rafael Curruchiche, jefe de la Feci. Entre ellos están los otros que también involucran a exdirectivos del banco: el expediente llamado Villas de Elgin, en el que se investiga el lavado de 16 millones de quetzales. El caso Arcas, que está bajo reserva y que refiere al lavado de dinero por poco más de 40 millones de quetzales; el caso DHK, por 20 millones de dólares; y otro conocido como Sol Energy, por el posible lavado de 14 millones de dólares. Estos expedientes fueron entregados sin que una persona específica los recibiera formalmente y se hiciera responsable de todas las pruebas ya recabadas.
Gómez manifestó ante el juez que temía por el manejo de los expedientes y la posible vulneración de la cadena de custodia de los indicios documentados.
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Con firmeza en la voz, Gómez dirigió sus últimas palabras a su compañera de trabajo, la fiscal Cinthia Monterroso: «Quiero creer que fue sorprendida en su buena fe», dijo. Gómez señaló estar asombrada por el hecho de que el MP asegure que el caso en su contra no tiene que ver con su trabajo como fiscal.
«Todo tiene que ver con mi trabajo fiscal. Yo no he buscado impunidad», refirió. Expuso que el MP se saltó el procedimiento legal de asignar su caso a la fiscalía que lleva los Delitos Administrativos o la de Asuntos Internos como corresponde. Y dijo estar indignada por la forma en que el MP pretende perjudicar la carrera fiscal de su esposo, cuyo nombre no se hizo público, pero al que se mencionó como receptor de un posible soborno millonario.
El esposo de Gómez trabaja en el MP desde hace 20 años. En las grabaciones que García Navarijo compartió con el MP y que fueron transmitidas en la audiencia, se mencionó a varias personas a quienes el MP no involucra en este caso.
La defensa de Zamora y Gómez cuestionaron el procedimiento del MP. «Son audios ilegales», dijeron.
El juez Freddy Orellana los validó.
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A la fiscal Cinthia Monterroso se le preguntó por qué validar la declaración de una persona con casos penales abiertos. Monterroso evadió responder preguntas. «No estoy legitimada para dar declaraciones, únicamente el departamento de Información y Prensa», respondió a los periodistas al finalizar la audiencia.
Otras personas fueron mencionadas en los audios, como el periodista Juan Luis Font, el editor de libros Raúl Figueoa Sarti y el politólogo Phillip Chicola, de quienes dijo «fueron beneficiados con impunidad», al no ser investigados en el caso Arca.
Chicola publicó un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que los señalamientos son «infundados». «Resulta un poco discordante que quienes se rasgaban las vestiduras hablando de objetividad y presunción de inocencia presenten fotografías y supuestas relaciones, basados exclusivamente en el testimonio de una persona con quien no he tenido relación, cuyas motivaciones parecen bastante opacas», escribió.
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Resolución del juez Orellana
El juez Orellana aseguró que el MP presentó los indicios en una adecuada «cadena de custodia». El más trascendente, dijo, fueron los 300,000 quetzales en efectivo que fueron incautados en la oficina de García Navarijo el 28 de julio pasado y que, se supone, son los que le entregó Zamora.
El juez leyó extractos de una declaración de García Navarijo en donde habla de cómo Zamora tuvo acceso a información privilegiada de casos judiciales de la Feci debido a su amistad con el exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra exiliado desde junio de 2021.
El juez Orellana envió a prisión a Zamora y a Gómez. Otorgó un plazo de tres meses para que la Feci complete análisis documentales, peritajes de voz y otras diligencias. Estos elementos determinarán si enfrentarán juicio. La próxima audiencia se fijó para el 8 de diciembre próximo. Mientras tanto, García Navarijo continúa con prisión domiciliar.
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