Hace dos semanas escribí sobre el desafío que para Jimmy Morales planteaba haber presentado una reforma tributaria al Congreso. Dije que solo él sabe quién es en realidad y qué hará y que con la propuesta de reforma tributaria seguro dejaría de ser un presidente popular y divertido, pero que tenía una gran oportunidad para demostrar si sería un corrupto más a la lista o el estadista improbable que le daría un giro a Guatemala para empezar a mejorar.
Pero al haber enviado un oficio al Congreso solicitando la devolución de la propuesta al Ejecutivo quedó demostrado que ser un estadista serio y darle un giro a su país para empezar a mejorar no es una prioridad que le preocupe a Jimmy Morales. Y que, al mejor estilo de Otto Pérez Molina, su popularidad es lo que en realidad le preocupa e interesa.
Pero, además de haber demostrado una afición fetichista por su popularidad y por el culto a su personalidad (mal de dictadores, por cierto), traicionó públicamente a su ministro de Finanzas. Al suscribir la iniciativa de ley que presentó, demostró públicamente su apoyo al ministro y su confianza en él, pero ahora lo deja burlado y políticamente débil. El presidente ignora peligrosamente que, en realidad, debido a la escasez de recursos, quizá el principal trabajo del ministro de Finanzas es negar las solicitudes por más recursos que los demás ministros envían casi constantemente. Ahora, burlado por el mismo presidente, ¿qué legitimidad y fortaleza política tiene el ministro de Finanzas para atajar la marejada de presiones por más gasto? Con esta acción, alguien me decía en tono de broma cínica y sarcástica que «el ministro de Finanzas tiene clavado un puñalito en la espalda».
Además de lucir traicionera para con su ministro de Finanzas, la acción del presidente también es motivo de preocupación porque en realidad muestra a un mandatario títere de poderes fácticos y opacos. Había casi consenso en que la propuesta tenía medidas técnicamente cuestionables, que generaron rechazo enérgico dentro de la ciudadanía (como el aumento de 231 % al impuesto específico a la distribución de dísel), para lo cual se entendió que sería la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República el espacio para la discusión, y no el diálogo nacional propuesto por el sector empresarial organizado. Varios sectores, incluyendo a los empresarios, habían expresado estar de acuerdo y se preparaban para la mesa técnica que la CFPM estaba conformando, cuyas discusiones arrancarían posiblemente esta semana, una vez que el pleno conociera formalmente la iniciativa y la trasladara a esa sala para su análisis y discusión.
En esta octava legislatura, la CFPM ha realizado sus sesiones de trabajo con una política de puertas abiertas, inclusión y transparencia, por lo que las discusiones para corregir la propuesta del Ejecutivo permitirían a los diputados, al Gobierno, al sector privado y a la sociedad civil plantear propuestas y discutir en posiciones iguales. Quizá para quienes ejercen cuotas de poder fáctico y opaco este era el verdadero peligro, que por primera vez la aprobación de una reforma tributaria no fuera el resultado de una negociación de élites, sino de una discusión en una mesa nivelada y abierta al escrutinio público.
Y entonces surge la pregunta de fondo: ¿quién le ordenó a Jimmy Morales traicionar a su ministro de Finanzas para evitar la aprobación de una reforma tributaria que emanara de una mesa de discusión nivelada entre el Congreso, el Ejecutivo, el sector privado y la sociedad civil, y no de la tradicional negociación de élites?
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