Estos servicios de salud óptimos se encuentran en varios hospitales privados, los cuales poseen todo lo necesario para poder combatir las enfermedades y atender los accidentes. Lamentablemente, en el sistema de salud pública este es el polo opuesto: los diagnósticos se retrasan por falta de métodos y por la infraestructura abandonada y decadente. Asimismo, la falta de medicamentos es la constante. Debido a los costos que pueden llegar a tener estos servicios en la medicina privada, más del 80 % de los guatemaltecos acuden a los servicios públicos como una opción de curación. Nos encontramos con un híbrido entre lo público y lo privado. Muchos de los estudios que se necesitan para un buen diagnóstico son realizados en centros privados. Guantes, material quirúrgico y medicamentos son comprados por los familiares de los pacientes debido a la falta constante de estos.
La persistente falta de medicamentos y de material médico en general se origina en la misma compra y adquisición de estos en un sistema corrompido y enfermo.
El Estado ha perpetuado una arraigada tradición que permite una práctica corrupta en las compras de insumos, lo que se ha convertido en el modus vivendi de los que se hacen cargo de estas transacciones. La elección del producto no se basa en calidad o en mejor oferta. Los proveedores, también perversos, se favorecen. Perpetúan la corrupción al ofrecer la mordida respectiva para que sus productos sean los elegidos. Y así es como la sobrevaloración, la baja calidad y el incumplimiento de las leyes prevalecen en estas compras. Los beneficiados son los corruptos, tanto los trabajadores del Estado encargados de compras como los altos funcionarios y los proveedores. Como siempre, aquí el afectado sigue siendo el pueblo, que termina pagando las consecuencias de una mala y enferma administración.
Con el fin de frenar este sistema de corrupción, las compras del Estado deberían realizarse bajo el sistema de licitación y cotización. Esta forma de compra limita y minimiza la corrupción porque los procesos son más transparentes, participa personal fuera de los departamentos de compras y estos no se ven influenciados por altos funcionarios. Estas compras, además, son de grandes volúmenes, que permiten un abastecimiento mucho más perdurable que las compras directas.
La compra directa no puede pasar de Q90 000. No hay una junta multidisciplinaria encargada del proceso. Y las compras de Q10 000 pueden hacerse directas con un solo oferente. Esto conduce a que la sobrevaloración, las dádivas y los procesos anómalos se den con mayor facilidad en la compra directa. Al hacer pequeñas compras, el proceso debe repetirse con frecuencia si se quiere abastecer adecuadamente.
Las compras directas deberían utilizarse solo para solventar imprevistos o urgencias que salen de la planificación, como brotes epidemiológicos y desastres, entre otros. La planificación a largo plazo debería prevalecer para adquirir los productos más baratos y de mejor calidad y para asegurar el abastecimiento durante mayor tiempo.
Para que los procesos de licitación sean efectivos debe contarse con la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), la cual depende del presupuesto de la nación destinado a salud. Este presupuesto es regularmente el que recibe recortes en el mismo Ministerio de Salud, en el Ministerio de Finanzas y en el Congreso de la República. Así encontramos que el recorte presupuestario de este año para salud fue de 1 100 millones de quetzales. Esto es algo que se repite año tras año, lo cual provoca que Salud se quede con un presupuesto insuficiente y empobrecido.
En el 2015 se levantaron 76 eventos de licitación en el San Juan de Dios, de los cuales solamente uno pudo llegar a concretarse. La mayoría de los casos, por falta de CDP. Según el portal de Guatecompras, en el 2015 se realizaron para el Ministerio de Salud 6 968 compras directas, un equivalente a Q411 971 000.00. Compras por cotización encontramos apenas 155 (2 %), equivalentes a Q64 000 000.00. En el 2016, la práctica de las compras directas continúa para la adquisición de insumos, y todo porque se mantiene un presupuesto insuficiente. Seguir haciendo las compras bajo esta figura representa más gasto y alto riesgo de corrupción, además de mantener la incertidumbre del desabastecimiento.
Este sistema es lesivo para los intereses del Estado. Daña colectivamente a la población e individualmente al ciudadano que requiere de los servicios de salud pública. Es un sistema en estado de putrefacción. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta: ¿lo mantienen así a propósito para el enriquecimiento ilícito de algunos pocos? Si la Cicig y el MP inician procesos de investigación a partir de las distintas denuncias que se han realizado y que el mismo PDH ha verificado, probablemente encontrarán la podredumbre del sistema de salud.
Por lo tanto, el Estado debe intervenir inmediatamente asignando un presupuesto digno al MSPAS para romper este círculo vicioso de corrupción. De no ser así, mientras nos mantengan en el abandono y en la periferia, la salud seguirá siendo un privilegio de clase económica y seguiremos siendo el país de sálvese quien tenga.
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