Una explosiva decisión judicial
Cuatro meses después de la gigantesca tragedia ambiental que azotó el río La Pasión, el Ministerio Público (MP) prosigue sus investigaciones. La principal sospechosa de la contaminación es la empresa Reforestadora de Palmas del Petén, S.A. (REPSA). Un vertido masivo de desechos líquidos originada en su planta procesadora es hasta ahora la hipótesis más sólida para explicar cómo cientos de miles de peces, en un tramo de 130 kilómetros del río, murieron asfixiados en el agua.
Responsables del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), del Ministerio de Ambiente, así como especialistas de la Universidad de San Carlos (USAC), han confirmado a Plaza Pública, de forma extraoficial, que esta es la vía de investigación a privilegiar.
Sin embargo, el MP aún no ha acusado formalmente a la empresa. La audiencia del 17 de septiembre, en el juzgado de primera instancia penal del Petén, no debía ser más que un simple trámite administrativo: su objetivo era la constitución de querellantes adhesivos en la causa penal. El Consejo de Áreas Protegidas (CONAP) y el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), entre otras organizaciones, fueron aceptados por la jueza como demandantes. El Ministerio Público aprovechó la audiencia para solicitar una orden de allanamiento de seis meses a las instalaciones de Repsa. El permiso le fue concedido.
Aprovechando la solicitud del MP, Rafael Maldonado, abogado de CALAS, tomó la palabra para pedir el cierre de Repsa por el mismo periodo de seis meses. Esto, en nombre del principio precautorio registrado en la Ley del Cambio Climático. La ley indica que, “ante la duda que una acción u omisión pueda afectar el ambiente o los recursos naturales, las decisiones que se tomen deben ser en el sentido de protegerlos”. No es necesario, pues, para apelar a este principio, tener en mano todas las pruebas científicas que certifiquen la amenaza ambiental.
El abogado argumentó que las actividades de Repsa causaban un riesgo inminente y un daño latente al ambiente y las personas. La jueza aceptó la petición del abogado de Calas.
“La legislación guatemalteca contempla este tipo de situaciones, y pone el bien común por encima de ciertas garantías individuales. Le da la facultad a funcionarios administrativos y judiciales para detener por un tiempo prudencial lo que podría estar causando el daño ambiente, aunque no se tengan pruebas científicas”, explica Rafael Maldonado, agregando que la medida de cierre la tenía que haber tomado el Ministerio de Ambiente en el momento en que se dio la contaminación.
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La empresa reaccionó rápidamente tachando la decisión judicial de “complaciente, ilegal e irresponsable”. “Cuatro meses después de la contaminación, no tiene sentido ordenar el cierre y dejar en desempleo a miles de personas“, declaró José Quezada, abogado de Repsa. Agregó que la jueza los condenaba a la quiebra. Como la empresa no ha sido aún imputada en este caso, sus abogados no estaban presentes en la audiencia.
Al mencionar la posibilidad de un despido masivo, Repsa provocó automáticamente una fuerte reacción de sus trabajadores.
Tensiones sociales y violencia
Lo que ocurrió después era tristemente previsible. Repsa tiene 4700 empleados, según la empresa. Contando las familias, son 23 mil personas las que dependen de la empresa palmera. Esto representa una base social importante, especialmente en las comunidades aledañas a la planta procesadora de aceite.
En otras comunidades cercanas como Champerico, Repsa representa un factor de división entre los que trabajan para ella y los que han sido afectados por la contaminación. División que, en momentos de crisis, puede tornarse violenta.
El 18 de septiembre, al día siguiente de la audiencia, se realizaron manifestaciones en Sayaxché y un bloqueo de carreteras a la altura de La Torre, cerca de la planta de Repsa. Pedro Sub Caal, presidente del COCODE de El Tucán y empleado de Repsa justificó las movilizaciones. “Queremos que nos dejen trabajar y mantener a nuestras familias. Nosotros no tenemos milpa sembrada. ¿Quién nos va a mantener?”, declaró por vía telefónica a Plaza Pública.
Durante este bloqueo fueron retenidos durante 12 horas tres activistas del Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala, organización que había denunciado la contaminación del río La Pasión. Los activistas fueron amenazados con ser quemados vivos en un momento en que corrió el rumor de que agentes antimotines venían a liberarlos. “Ellos decían que nosotros lo habíamos chingado todo”, afirma Lorenzo Pérez Mendoza, uno de los tres secuestrados.
Repsa se desliga totalmente de estos hechos. “De ninguna manera estamos apoyando las movilizaciones de los manifestantes. A los empleados les pedimos que guarden la calma, que esperen los resultados de las peticiones judiciales”, indica José Quezada.
Sin embargo, el testimonio de Lorenzo Pérez muestra una participación estrecha de la empresa en los disturbios y en la retención. Entre el grupo que los detuvo, asegura, estaba Nelson Guzmán, gerente de relaciones comunitarias de Repsa, puesto de alta responsabilidad dentro del organigrama de la empresa. “Nelson Guzmán nos dijo que nosotros estábamos dividiendo a la gente, y que teníamos que esperar allí”, recuerda Lorenzo Pérez. Pérez también vio a varios miembros de la seguridad de la empresa, algunos uniformados y otros no, pero todos armados. Uno de ellos, al que los demás llamaban “Capitán”, dirigía las operaciones con un megáfono.
A medio día, algunos manifestantes empezaron a impacientarse porque no llegaba el almuerzo prometido por Repsa. La comida no tardó en llegar.
Tras una negociación con la jueza Karla Hernández, los tres activistas fueron liberados e inmediatamente pusieron una denuncia por el secuestro. Paradójicamente, en los últimos años, Lorenzo Pérez y dos de sus compañeros de Condeg han colaborado con los trabajadores de Repsa para asistirlos en demandas laborales en contra de la empresa palmera.
La muerte de Rigoberto Lima
La tensión en Sayaxché llegó a su punto máximo con la muerte, el mismo viernes 18, de Rigoberto Lima Choc, un maestro originario de la aldea Champerico. Al salir de una reunión del magisterio, Lima Choc fue asesinado a tiros por dos personas en moto. Descrito por sus amigos como una persona servicial, humilde, Rigoberto Lima solía caminar durante horas para llegar a la escuela de La Isla Machaquilá en donde trabajaba. Lima era parte de la organización comunitaria: había sido electo Concejal V con la planilla de la Unión Nacional de la Esperanza en las recientes elecciones municipales. También había sido parte de la organización que denunció la contaminación del río La Pasión.
El crimen no ha sido esclarecido y las hipótesis son divergentes. Muchos, como Saúl Paau, líder al frente de la oposición a Repsa, lo atribuyen al conflicto con Repsa. En cambio, José Capnal, alcalde recién electo de Sayaxché, cree que el crimen tiene que ver con estas elecciones en las cuales las amenazas fueron moneda corriente. Otras fuentes hablan de conflictos familiares, y de otro crimen dentro de la comunidad del cual Lima habría sido testigo. Imposible por ahora determinar la veracidad de estas aseveraciones. Repsa emitió en los diarios un comunicado en el lamenta la muerte de Lima Choc y solicita al MP y a CICIG esclarecer el crimen.
Lo cierto es que esta muerte alarmó aún más si cabe a los habitantes del municipio. Desde entonces, las amenazas se han multiplicado. Según Udefegua, durante el entierro del profesor Rigoberto Lima, varios líderes comunitarios fueron amenazados de muerte.
El día 23 fue asesinado el abogado Roberto Álvarez en San Benito, Petén. Varios medios de comunicación afirmaron que era parte de la defensa de las comunidades afectadas por la contaminación, pero esto fue desmentido poco después tanto por CALAS como por UDEFEGUA.
Thelma Aldana, fiscal general, declaró un día después, el jueves 24, en conferencia de prensa en Petén, que no podía asegurar que estos crímenes estuvieran relacionados con el tema del medio ambiente. “Es una de las pistas de investigación, pero no la única”, agregó la fiscal.
Una población que aún le teme al río
La grave situación social que provocó la contaminación de junio no se ha resuelto aún. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), mantiene en el municipio la alerta amarilla por el desastre ambiental. Además, sigue repartiendo agua potable a las comunidades que no tienen otra fuente que el río. Esta ayuda es considerada como insuficiente por comunitarios como Remigio Caal, presidente del Cocode del la comunidad de El Chorro, una de las más vulnerables.
La nota positiva es que los estudios efectuados por CONAP muestran que las poblaciones de peces se están recuperando. “Cuando un río tiene muchos afluentes y nacimientos, como el río La Pasión, la recuperación de la biodiversidad es más rápida”, indicó Benedicto Lucas, director de CONAP. Sin embargo, alertó, la cantidad de materia orgánica es alta.
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Por su parte, el Ministerio de Ambiente estima que los peces ya pueden ser ingeridos y que el agua del río puede servir para consumo humano una vez hervida o tratada con cloro. Sus muestreos no han mostrado la presencia de agroquímicos tóxicos.
Sin embargo, los habitantes de Sayaxché no se fían: la pesca aún es muy reducida, y son pocos los que se atreven a comer peces tras la contaminación de junio. Con esto, la situación alimentaria de miles de personas sigue siendo precaria, lo cual alimenta el conflicto entre los que desean el cierre de la empresa y los que dependen de los empleos que esta proporciona.
Mientras tanto, la calidad del agua del río sigue degradándose inexorablemente, producto del auge de las agroindustrias, del aumento de la población a la orilla del río y de la ausencia de planes para limitar la contaminación; mientras la tensión social se mantiene, sin dar señales de volver a la calma.
