Los golpes que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han dado en los últimos meses continúan dejando claro que en las estructuras del Estado se han colocado fuertes redes de poder paralelo. Por medio de reglas informales, estas redes efectivamente han capturado sectores importantes del poder público e influido en la toma de decisiones y en el destino de los recursos del Estado. En particular, el reciente caso Construcción y Corrupción deja claro que estas redes no solo involucran a los funcionarios de gobierno y a sus operadores, sino a grandes empresarios que aprendieron a vivir del sistema para mantener sus privilegios y estilos de vida.
Estas redes son fuertes y resistentes, pero tres elementos han empezado a resquebrajarlas. En primer lugar, se han fortalecido las instituciones de persecución penal y de justicia y se encuentran abiertos varios procesos para castigar los hechos de corrupción que antes habrían quedado impunes. Segundo, la admisión de culpa de los empresarios que aceptaron formar parte del esquema de sobornos de Alejandro Sinibaldi rompe el silencio de la élite. Por años se ha sabido de malas prácticas similares, pero nunca nadie había aceptado culpa o denunciado a sus pares, y este primer paso podría despertar la conciencia de otros tantos en el futuro cercano.
El elemento que nos falta atender, sin embargo, es el del discurso que ayudó a normalizar la corrupción en la sociedad guatemalteca y que ha hecho tan complicado cortarla de raíz. Y es que estas redes de poder no se mantienen únicamente movilizando recursos y comprando voluntades. La forma más efectiva de preservar el poder es la construcción de un discurso fuerte, es decir, una serie de ideas y prácticas aceptadas e internalizadas que permiten la continuidad de una forma determinada de hacer las cosas. Y al comprarles el cuento, les hemos servido de tontos útiles a las mafias.
En Guatemala, este discurso tiene muchas aristas.
Políticos corruptos como Alejandro Sinibaldi argumentan con toda desfachatez persecución ideológica o agendas ocultas en quienes les piden rendir cuentas, cuando lo cierto es que ellos mismos avanzaron sus propias agendas y beneficiaron a sus allegados, y hoy les toca responder por ello.
Los constructores José Luis Agüero, Álvaro Mayorga y Pedro Rocco dicen que los sobornos eran el mecanismo necesario para sobrevivir a las presiones del poder político, pero omiten que realmente no necesitaban formar parte del sistema que sabían corrupto. Lo hicieron porque esa era la mejor forma de ganar plata y de preservar sus cómodos estilos de vida.
Y el presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), Rodrigo Arenas, dice que él no necesitaba saber la procedencia de los fondos para su organización y justifica la omisión aduciendo que de lo contrario tendríamos a Manuel Baldizón de presidente. Este discurso, que Silvio Gramajo deconstruye maravillosamente, por desgracia sigue encontrando cierta tracción entre la población que lo comparte.
He allí precisamente el fondo del asunto. Las redes de poder se mantienen por una combinación de presión política real y de la creación de narrativas que refuerzan y legitiman su existencia.
El caso del MCN es ilustrativo. Conozco a varios de los profesionales que trabajaron allí hasta este miércoles y me consta que su convicción con el ideal republicano era sincera. Podemos no estar de acuerdo con sus postulados, pero hay que hacer una diferencia entre trabajar por una causa y utilizarla para legitimar agendas ocultas. Será a Arenas a quien le toque responder sobre esto último.
El problema es que, en esa Guatemala dominada por redes informales y por grupos de poder invisible, uno no siempre sabe para quién trabaja. Y precisamente por eso debemos ser muchísimo más cuidadosos y sopesar mejor a quién prestamos nuestra confianza, a quién atamos nuestra credibilidad y qué tanto esos edificios teóricos que hemos levantado corresponden a la realidad del país.
El error de los miembros del MCN fue confiar ciegamente en Arenas y no cuestionar el origen de los fondos que pagaban sus salarios. Tampoco se cuestionaron sobre a quién sirven las causas que abanderaron. Pero la lección es buena para recordarles a activistas de cualquier convicción y de varias otras organizaciones donde se han tejido fuertes relaciones de poder que hay que ser más críticos y cuidarse de servir los intereses de otros.
Este problema es más agudo en la derecha conservadora y libertaria del país, pero el asunto no es solo ideológico. Es ético. Y espero que este caso dé lugar a la ruptura de las redes de siempre y que las nuevas agrupaciones y los nuevos liderazgos que surjan no caigan en la tentación de sus antecesores.
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