La semana pasada, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) organizó su IV Congreso Laboral, en el cual la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (Fedepricap) y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil suscribieron la Declaratoria Regional para la Prevención del Trabajo Infantil. En general, una acción para aplaudir y reconocer.
Sin embargo, pese a su carácter general positivo, esta acción del sector privado guatemalteco abre un espacio amplio para la crítica. Primero, se trata de una acción demasiado tardía. Y quizá tiene lugar hoy más por presiones asociadas a lograr las tan ansiadas certificaciones internacionales para los productos de exportación que por un compromiso legítimo y honesto por renunciar a lucrar de la explotación laboral de los menores de edad, una realidad espeluznante que, en 2012, una investigación de Plaza Pública reveló en toda su crudeza.
Además, es de lamentar que la citada haya sido una Declaración Regional para la Prevención del Trabajo Infantil, y no para su erradicación. Este detalle denota falta de compromiso por parte del Cacif y la Fedepricap y una pifia inmensa por parte del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Así, cabe preguntar cuál es el compromiso: prevenir o erradicar.
Y es que el problema no es menor. Según el Unicef, Guatemala es el país centroamericano en el que más niñas, niños y adolescentes trabajan. Las últimas estadísticas muestran que alrededor de 507 000 menores guatemaltecos entre 7 y 14 catorce años trabajan. De este grupo de niños y niñas, un 12 % trabaja y estudia, un 8 % solo trabaja, un 62 % estudia y un 18 % no realiza ninguna actividad. Estos últimos entran en el grupo de los menores en riesgo, ya que la mayoría de las veces se desconoce qué están haciendo.
Tomando en cuenta lo vergonzosas que son las cifras del trabajo infantil en Guatemala, una declaración solo para la prevención, y no para la erradicación, raya en placebo mediático, pues lo que toca es un verdadero mea culpa de los empresarios, principalmente de cafetaleros y azucareros que han lucrado y se han enriquecido explotando niños y niñas. Estas formas tan ingenuas de querer darse baños de pureza, en vez de ayudarlos, en realidad terminan perjudicándolos, minando sus ya deterioradas credibilidad y legitimidad.
Los empresarios guatemaltecos deben saber y, quizá más importante, sentir la presión social para que corrijan estos crímenes históricos y así ganen gradualmente legitimidad. Quienes hayan explotado o están explotando niños y niñas para enriquecerse, sean cafetaleros, azucareros, fabricantes de juegos pirotécnicos, contratistas de obra pública (con los denominados niños picapiedra), etcétera, deben ser capturados y juzgados por cometer un crimen deleznable.
Y a los empresarios honestos que quieren corregir este camino errado, que me consta que los hay y no son pocos, de acuerdo, esta declaración puede ser un muy buen primer paso, pero está lejos de ser suficiente, ya que deben reiterar su valentía aceptando que estos crímenes se han cometido y seguramente continúan cometiéndose, por lo que deben facilitar su persecución penal. Luego deben declarar su compromiso por erradicar, no solo prevenir, el trabajo infantil implementando una política de cero tolerancia y demostrándola denunciando penalmente a aquellos que todavía osen explotar laboralmente a niñas y niños.
Estas sí que serían demostraciones alentadoras de una renovación seria, real y efectiva dentro del empresariado guatemalteco. Un no contundente al trabajo infantil va de la mano con empresarios valientes y honorables. ¿Se animan?
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