Desde el inicio de la restauración conservadora en su fase primaria, en 1985, se fueron sentando las bases para que el control del andamiaje estatal estuviera en las manos adecuadas, es decir, en las de quienes garantizaran el alcance de los objetivos de la élite en el poder.
La mezcla de intereses entre estos actores orgánicos del modelo en vigor dio lugar al surgimiento de redes que controlaron los distintos organismos de Estado. El sistema de partidos políticos se erigió en un entramado de empresas criminales que se apoderaron de los mecanismos de designación de autoridades. Encadenados en el proceso de selección y elección de las cabezas del sistema de justicia, tanto el Organismo Legislativo como el gremio de abogados en sus distintos espacios dieron paso al proceso perfecto de cooptación.
Durante la etapa de funcionamiento de las comisiones de postulación para seleccionar a quienes aspiraban a ocupar magistraturas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como en las salas de apelaciones, se planteó esta circunstancia. En los debates en espacios de la sociedad civil, en los medios de comunicación y en actividades de la academia se enfatizó en las falencias del proceso. Lamentablemente, las comisiones resultaban ser juez y parte, puesto que, en integración cruzada, en la de salas de apelaciones participaban aspirantes a la CSJ y viceversa.
No fue secreto el interés de la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías, en ese entonces poderosa, por asegurarse la designación de magistradas o magistrados que estuvieran a su servicio. De hecho, se juzga en tribunales precisamente varias de esas operaciones, entre las que destaca la del expresidente del Congreso Gudy Rivera. Asimismo, por los vínculos con los casos de cooptación y corrupción debió renunciar a la CSJ el magistrado Douglas René Charchal, cuya hoja de vida profesional no está precisamente limpia. Situación similar a la de la magistrada Blanca Stalling, cuyo retoño también enfrenta proceso por estar involucrado en el caso Bufete de la Impunidad.
Presidir la CSJ es una necesidad para el entorno favorable a los intereses de quienes los colocaron en primer lugar. De ahí que, pese a ser una magistrada cuestionada por su vínculo con estas estructuras, Blanca Stalling fuera la ponente de la nominación de Silvia Valdés Quezada para presidir el Organismo Judicial. En su afán por controlar la elección integraron la CSJ con un magistrado suplente, elegido por los presidentes de las salas de apelaciones, luego de la renuncia de Charchal. La CSJ no esperó a que el Congreso designara a quien sustituiría al renunciante y se precipitó a elegir a Valdés.
De ahí que la Fundación Myrna Mack interpusiera una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Aunque este tribunal no otorgó el amparo provisional, el cual habría impedido que Valdés asumiera la presidencia del OJ, ha dado trámite a la solicitud que podría derivar en el otorgamiento del amparo definitivo y, con ello, la declaración de nulidad en la designación de la presidencia. Algo que daría la razón a la Fundación Myrna Mack, que argumenta la necesidad de declarar nula esta elección, la cual siembra duda sobre la integridad de la máxima instancia de administración de justicia.
Se trata no solo de enmendar una falla de procedimiento, sino de dar pasos en serio para sanear una parte de la estructura fundamental de la democracia. Haber elegido a la presidenta del OJ mediante la integración irregular de la CSJ porque el suplente no tenía facultad para participar en dicha elección vulnera la independencia y la integridad del sistema de justicia. Una circunstancia provocada por la permanencia de la magistrada Stalling, quien tiene obvio conflicto de intereses, a la vez que control y ejercicio preocupante del poder en el OJ. En tal sentido, corregir el proceso también deberá incluir la depuración del sistema de justicia.
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