Consuelo Porras se encierra en un laberinto y busca protección de Giammattei
La MOE UE lamenta el acoso al que sigue estando sometido el @TSEGuatemala por parte del Ministerio Público y muestra su preocupación por las solicitudes de levantamiento de antejuicio emitidas contra 3 de sus magistrados y el director del Registro de Ciudadanos.#EleccionesGT2023 pic.twitter.com/tqVzkDZVQK
— MOE UE Guatemala 2023 (@moeUEgt2023) August 23, 2023
Consuelo Porras se encierra en un laberinto y busca protección de Giammattei
A la fiscal Consuelo Porras no le gustan las críticas ni las manifestaciones en su contra y busca silenciarlas. El rechazo general contra la jefa del MP incrementa al mismo tiempo que la funcionaria acelera las acciones contra el proceso electoral y el partido Movimiento Semilla. Analistas ven que las acciones de Porras evidencian una merma en su apoyo y una ola en crecimiento de exigencias para que deje el cargo.
«El pueblo votó, el pueblo eligió», gritaban decenas de personas frente a la sede central del Ministerio Público, donde exigían la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Es viernes 25 de agosto y la manifestación se realizó cinco días después de la segunda vuelta de votaciones en la que Bernardo Arévalo ganó la presidencia de Guatemala, tiempo en el que la fiscalía presentó casi una docena de acciones contra el proceso electoral y del partido Movimiento Semilla.
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Esta misma mañana se conoció que Porras presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente Alejandro Giammattei, el Ministro de Gobernación, David Barrientos y el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Ariano. La jefa del MP pide a las autoridades que tomen acciones ante las críticas en redes sociales y manifestaciones en contra de su gestión, donde se exige su renuncia al cargo por ser considerada una «amenaza para la democracia». Una petición en línea para pedir que deje el MP ya acumula más de 51,000 firmas.
«La acción de amparo refleja desesperación», escribió el periodista Juan Luis Font, exiliado debido a denuncias por sus investigaciones de corrupción. Con el rechazo de la población y de actores internacionales, Porras se va quedando sin aliados y empiezan a revelarse fisuras en su relación con el presidente Giammattei, quien la llamó su amiga y la reeligió en el cargo pese a estar sancionada por Estados Unidos, que la incluyó en la Lista Engel de actores considerados corruptos y antidemocráticos.
Aunque en la etapa de inscripción de candidatos a la presidencia y la campaña de la primera vuelta Bernardo Arévalo y Semilla pasaron sin mayor sobresalto, fue hasta que pasó a la segunda vuelta que el MP dirigió sus acciones sobre el partido, pidió su cancelación y solicitó una orden de captura contra una de sus integrantes. Después de haber obtenido 2.4 millones de votos y ganar la presidencia, las estrategias usadas para descalificar a otros candidatos se replicaron y redoblaron en contra de Semilla.
La indignación contra Porras incrementó además porque presentó tres antejuicios contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluida la presidenta Irma Elizabeth Palencia; uno contra el Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz; y pidió los nombres y datos de los más de 100,000 voluntarios que fueron parte de las mesas receptoras de votos, además de los digitadores que ingresaron los datos al sistema de conteo oficial.
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La gestión de Porras «se vuelve cada vez más incompatible con la democracia», dijo Juanita Goebertus, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW). La fiscal general acumula en su historial una persecución sin precedentes contra fiscales, jueces, defensores de derechos humanos y periodistas, y tiene el récord de no oponerse al cierre de grandes casos de corrupción ni a la liberación de la cárcel de políticos y empresarios que fueron procesados por estos mismos delitos.
«Hoy la mayor amenaza al Estado de Derecho en Guatemala es tristemente su propio Ministerio Público», señaló Goubertos a Plaza Pública.
La embestida del MP
El ataque legal contra los resultados de la segunda vuelta electoral en Guatemala eran esperados. Unos días antes del balotaje, el fiscal Rafael Curruchiche, mano derecha de Porras, anunció que vendría una ola de acciones.
Así fue.
Menos de 48 horas después de la victoria de Arévalo y Semilla, la Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), presentaron once acciones contra varios frentes del proceso electoral.
Entre el 22 y el 23 de agosto la Fiscalía de Delitos Electorales y la Feci presentaron seis solicitudes de información al TSE, plantearon cuatro antejuicios ante el Organismo Judicial y le notificaron al Congreso la existencia de una orden judicial de cancelar a Semilla (pese a que hay un amparo que la detuvo).
En seis oficios dirigidos a la presidenta del TSE, la magistrada Elizabeth Palencia, la Feci requirió que en un plazo de cinco días entregue los nombres y lugares donde pueden ser citados los integrantes de las juntas receptoras de votos por municipio y departamento, así como las ubicaciones de los más de 20,000 centros de votación. También requirió las identidades del cuerpo de revisores del TSE y de los coordinadores de digitadores.
La oficina de prensa del MP confirmó que estos requerimientos son parte de la investigación contra Semilla, por supuestas firmas falsas en la constitución del partido. Los abogados de la organización política han solicitado en al menos 25 ocasiones tener acceso al expediente, que inició por una denuncia que el mismo partido presentó, y se les ha negado por diferentes motivos, entre ellos porque «no son parte procesal».
La Feci también envió una carta a la presidenta del Congreso, Shirly Rivera, «para ponerle de conocimiento» (sic) la existencia de la orden del juez Fredy Orellana de suspender provisionalmente la personalidad jurídica de Semilla. Andrea Reyes, diputada electa del partido, recordó que la Corte Suprema de Justicia amparó a Semilla y protegió al partido de no ser suspendido mientras dure el proceso electoral.
Por otro lado, la Fiscalía de Delitos Electorales, que abrió otros dos frentes contra el proceso electoral, pidió el retiro de inmunidad contra cuatro funcionarios del TSE. El primer antejuicio fue contra Ramiro Muñoz, director del Registro de Ciudadanos, por supuesto abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes al aceptar la inscripción del partido Prosperidad Ciudadana, que postulaba a Carlos Pineda a la presidencia.
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La acusación llegó tres meses después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la suspensión de Prosperidad Ciudadana por supuestas irregularidades en sus asambleas previo al inicio del periodo electoral. Esto ocurrió a petición de Cambio, el partido de la familia de Manuel Baldizón, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La orden de CC, dictada el 26 de mayo de 2023, le dijo al MP que investigara. Sin embargo, la fiscalía tomó acciones hasta esta semana.
El 23 de agosto, el MP presentó antejuicios contra la presidenta del TSE, Irma Palencia, el magistrado titular, Mynor Franco y el suplente Álvaro Cordón Paredes, por supuesto incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución al aceptar la inscripción de Baldizón como candidato a diputado, pese a que no cumplía con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez para optar a un cargo público.
Un día después, el 24 de agosto Porras presentó un amparo ante la CC donde incluye una serie de tuits de periodistas, abogados y otros ciudadanos que exigen su renuncia y llaman a manifestar frente a la sede de la Fiscalía. Para la fiscal general esos pronunciamientos «vulneran» y «limitan» las acciones del MP, y llama a que se utilice la fuerza pública en contra de manifestaciones «que no sean pacíficas».
El colectivo de periodistas «No Nos Callarán» denunció de manera pública que las acciones de Porras son un intento de silenciar a las voces críticas y de «imponer censura y limitar la libertad de expresión». El abogado y exfiscal Julio Prado recordó en Twitter que existe una sentencia de la CC, 1122-2005, que reconoce el derecho de los ciudadanos a expresarse de forma ofensiva contra un funcionario público.
En este amparo, Porras incluso dejó ver posibles fisuras con el gobierno de Giammattei. Uno de sus argumentos para pedir el amparo es «el temor de que el presidente no emita las órdenes necesarias a los funcionarios correspondientes para prevenir el desorden público».
Gabriel Wer, activista y fundador del Instituto 25A, organización que nació de las protestas masivas de 2015 que llevaron al binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti a la renuncia del cargo, dijo que quienes sostienen la gestión de Porras son algunos grandes empresarios aglutinados en el Cacif que han respaldado su gestión y exfuncionarios y políticos que se han visto beneficiados de sus acciones u omisiones.
Un recuento hecho por Plaza Pública registra que al menos 100 personas que en años anteriores fueron procesados por corrupción, han obtenido beneficios como cierre de casos y salidas de prisión bajo el mando de Porras en el MP.
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«Hay un hartazgo hacia las acciones del MP y Consuelo Porras. La consigna ha sido clara en las manifestaciones y en las redes sociales respecto a que la voluntad popular se expresa en las urnas y no en las cortes. La población ya votó», dijo Wer.
De acuerdo con el analista, Porras se ha dedicado a cerrar espacios cívicos y a perseguir a personas involucradas en la lucha contra la impunidad.
«Hay una necesidad del MP de continuar ese trabajo y de blindar de la justicia a personas y redes señaladas de corrupción. También me parece que este es un intento de poner al nuevo gobierno contra las cuerdas para negociar que el MP siga en el MP sin ningún tipo de rechazo”, dijo Wer.
Sandra Torres se suma
La narrativa del MP contra las elecciones beneficia a Sandra Torres, candidata a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien perdió en segunda vuelta por tercera vez y se sumó a la arremetida judicial y presentó una denuncia por supuesto fraude.
Según la denuncia de Torres, interpuesta el 25 de agosto, el sistema de conteo de votos y de transmisión de los resultados presenta «irregularidades» como duplicidad de actas. También cuestionó que el conteo de votos se dio con «mucha rapidez» y que se habría utilizado un sistema alterno al oficial para transmitir los datos.
Esto contrasta con los informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Guatemala y de la Unión Europea, que señalaron que el conteo de votos se realizó con transparencia.
La MOE de la Unión Europea incluso llamó «acoso» a las acciones del MP en contra de los magistrados del TSE.
«A este acoso se le unen la persecución, hostigamiento e intimidación intolerables contra los más de 125,000 ciudadanos y ciudadanas que ejercieron un compromiso ético y democrático con su país como miembros de las juntas receptoras de votos, revisores y digitadores», señaló la MOE.
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En tanto, Mirador Electoral, un conglomerado de organizaciones que fiscalizaron el proceso electoral, presentó una denuncia contra la UNE por abuso de autoridad y coacción al elector por «usar vales con el símbolo del partido para entregar alimentos y dinero a cambio de votos».
Se confirman resultados
Mientras el MP ataca el proceso electoral desde diferentes frentes, el Tribunal Supremo Electoral concluyó con las audiencias de revisión de 820 impugnaciones a los resultados del 20 de agosto, la mayoría presentadas por fiscales de la Une.
Juan Gerardo Guerrero Gárnica, fiscal de Movimiento Semilla, quien atendió a las audiencias de revisión de las impugnaciones dijo que estas se realizaron de forma transparente y que no se reportan cambios sustanciales en los votos.
«Se están confirmando los resultados», señaló. Guerrero espera que el TSE oficialice la victoria de Arévalo en los siguientes días.
Al mismo tiempo que aumentan las acciones para debilitar a Semilla crece la preocupación sobre la integridad física de Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera.
El 24 de agosto, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de Arévalo y Herrera, y en su resolución cuestionó que pese a que la Fiscalía notificó a Arévalo de un plan de atentado de parte de pandillas, el Estado de Guatemala «no estableció medidas de coordinación efectivas a nivel institucional para impulsar un plan de seguridad» a favor del binomio electo.
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