Juicio a Zamora: ¿Qué pasa con los abogados del periodista y por qué se queda sin defensa?
Juicio a Zamora: ¿Qué pasa con los abogados del periodista y por qué se queda sin defensa?
El debate por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias contra José Rubén Zamora, quien fundó el diario elPeriódico de Guatemala, ocurre en circunstancias poco comunes: el Ministerio Público presenta pruebas y peritos en su contra, pero a favor de él no hablará ningún testigo porque no fueron admitidos. Ha cambiado de abogados en varias ocasiones, dos de ellas porque los defensores fueron acusados por la Feci, y cada cambio representa volver a empezar y planificar una nueva estrategia de alegato. Este 18 de mayo el Instituto de la Defensa Pública asignó un nuevo abogado que desconoce el caso.
El periodista José Rubén Zamora lleva casi 10 meses detenido y ese mismo tiempo de no tener certeza sobre su propia defensa.
Enfrenta dos procesos penales, uno de ellos en etapa de juicio por los supuestos de lavado de dinero de 300,000 quetzales —unos 38,400 dólares—, chantaje y tráfico de influencias, pero ha tenido dificultades para encontrar abogados y hacer que lo acompañen durante todo el proceso. Hasta ahora ha tenido nueve defensores y cada uno con una estrategia distinta.
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Zamora vaticina que le darán una condena severa, no solo porque se asume como preso político, sino porque enfrenta un juicio en condiciones de desventaja. El juez Fredy Orellana, quien tuvo a cargo la carpeta de investigación en la etapa inicial, rechazó incorporar las pruebas que la defensa presentó, por lo que en el juicio Zamora ha tenido que escuchar a peritos y testigos que hablan en su contra, sin opción a presentar alguno que pueda hablar a su favor. Las pruebas documentales que le permitieron incorporar se cuentan con los dedos de las manos.
La pérdida de abogados incrementa la incertidumbre de su situación.
Los dos primeros juristas que Zamora propuso para que lo representaran fueron Romeo Montoya y Mario Castañeda. Este último un exfiscal de Crimen Organizado y ex viceministro de Gobernación, quien llevaba varios años acompañando sus casos.
Zamora es un coleccionista de demandas y denuncias. Desde el 2000 hasta el 29 de julio de 2022, lo demandaron y acusaron 287 veces por delitos tan variados como corrupción, lavado de dinero, chantaje, femicidio —por publicaciones que hizo elPeriódico sobre funcionarias—, lavado de dinero, evasión de impuestos entre otros.
Todas las denuncias, asegura, eran una reacción a lo que publicaba elPeriódico, el medio que fundó en 1996 y que durante 27 años investigó actos de corrupción de seis administraciones de gobierno. El medio se despidió del público el 15 de mayo de 2023 ante el ahogo económico que supuso la detención de Zamora. Ningún proceso estaba vinculado a la libre emisión del pensamiento.
Montoya y Castañeda se apartaron del caso durante la primera audiencia de declaración porque la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) les advirtió que eran investigados. Con los meses se supo que los acusaron por obstrucción de la justicia debido a que en una grabación de audio se les escucha asesorar a su cliente para crear documentos de respaldo por 200,000 quetzales de un total de 702,896 quetzales —unos 90,100 dólares— que Zamora recibió en 2013 de una empresa señalada de ser fachada para negocios ilícitos.
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Zamora se encargaba de conseguir fondos externos e internos en concepto de publicidad y donaciones para sostener a elPeriódico.
Los dos abogados aceptaron los cargos de obstrucción a la justicia para evitar un proceso largo, y fueron condenados en enero y abril de 2023 a penas mínimas de tres años de prisión conmutables a razón de cinco quetzales diarios, más una sanción económica. Zamora también está procesado por el mismo delito que sus antiguos abogados.
La estrategia contra el lavado de dinero
La audiencia de primera declaración de Zamora, ocurrida en agosto de 2022 por el caso de lavado de dinero, chantaje y obstrucción a la justicia, la continuó el exoficial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Christian Ulate, quien ejercía como litigante en Guatemala desde que se separó de la entidad internacional a finales de 2015.
Este abogado costarricense, con experiencia como fiscal y juez, se apegó en todo momento a cuestionar la inexistencia del lavado de dinero. José Rubén Zamora recibió a finales de julio de 2022 dos aportes en efectivo, uno por 200,000 quetzales —unos 25,600 dólares— y otro por 40,000 quetzales de un empresario que quería quedar en el anonimato para evitar represalias por apoyar a elPeriódico, que llevaba meses en crisis financiera mientras hacía publicaciones en contra del gobierno de Alejandro Giammattei.
Zamora necesitaba utilizar el dinero para pagar la planilla de trabajadores del medio, así que le pidió al banquero Ronald García Navarijo, su «amigo» y «fuente» de información según declaró en el juicio que enfrenta, que le ayudara como lo había hecho con anterioridad. Este hombre fue directivo en el Banco de los Trabajadores y desde 2016 está vinculado a un caso penal por el saqueo de dinero de la entidad bancaria.
García Navarijo ofreció ingresar el dinero a una de sus empresas y entregarle de inmediato un cheque a nombre de Aldea Global, S.A., la casa editora de elPeriódico. Zamora juntó los 240,000 quetzales con 60,000 quetzales que tenía en su vivienda y los mandó a la oficina de García Navarijo el 28 de julio de 2022.
El momento de la transacción, en la que participaron dos empleados de Zamora y una persona de confianza de García Navarijo, quedó grabado a través de una cámara oculta. El piloto de Zamora entregó el dinero, el mensajero de Aldea Global entregó una factura y recibió un cheque para depositar. La grabación de esa transacción y el dinero fue entregado a la Feci, lo cual también quedó grabado en video.
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Durante la audiencia de primera declaración, Zamora no dijo quién le dio el efectivo, pero aseguró a los reporteros que le consultaron que lo recibió de un empresario y que el dinero era legal y que usualmente recibía aportes de donación para mantener a flote las finanzas del medio de comunicación.
En ese momento del proceso, el abogado Ulate tampoco tenía mayor información de la transacción financiera, por lo que decidió enfocar su estrategia en un elemento que aportó la misma Feci: demostrar que el dinero no era producto de actividades ilegales y que estaba bancarizado.
Ulate contó a Plaza Pública que durante la audiencia la Feci transmitió la grabación de la incautación del dinero en la oficina de García Navarijo y notó que los agentes que revisaron los billetes quitaron los precintos bancarios.
De aquel momento, el abogado Ulate tiene una certeza: «No se ve maldad de la oficial de policía (en la operación) pero se ve un procedimiento incompetente por parte de ella, porque (a los precintos bancarios) los trataron como basura cuando eran parte de la investigación».
Ulate recuerda que Raúl Falla, abogado de García Navarijo e integrante de la Fundación contra el Terrorismo, también habló de los distintivos bancarios durante esa audiencia, y aseguró que irían tras los empresarios que eran objeto de extorsión.
Aunque el abogado Ulate preguntó qué sucedió con los distintivos del banco, la única respuesta que le dieron era que no formaban parte del proceso. Así que su misión, cuando su cliente fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva, fue encontrar el origen del dinero y corroborar que eran de origen lícito y existía registro bancario de la procedencia.
Ulate se encargó de buscar al donante anónimo. Se trataba de Alejandro Girón Lainfiesta, quien hizo el aporte económico a través de Juan Carlos Marroquín Godoy, primo de José Rubén Zamora.
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El abogado recuerda que lo primero que preguntó a Girón Lainfiesta fue si Zamora lo había extorsionado para obligarlo a darle dinero. Como respuesta, el empresario le dijo que no había recibido presiones y que su aporte había sido voluntario con la intención de ayudar a elPeriódico, que no había podido pagar ni salarios ni el aporte anual Bono 14 a sus empleados. En aquel momento le dijo que el dinero lo mandó a sacar del banco con un mensajero y lo entregó a Marroquín Godoy a cambio de publicidad.
Con la declaración de Girón Lainfiesta, quien negó cualquier tipo de presión, Ulate procedió a pedir el registro bancario para corroborar el origen del dinero. El empresario estaba dispuesto a confirmar la procedencia de los fondos a través del estado de cuenta, pero Ulate no pudo seguir con el caso. Antes de asumir la defensa le advirtió a la familia de Zamora que esperaba la confirmación para un puesto de trabajo en Honduras, en donde reside desde septiembre de 2022.
Durante las pocas semanas que Ulate se ocupó de la defensa de Zamora se activaron las redes sociales «del netcenter» en su contra. Ese grupo de troles de Twitter volvieron a cuestionar la legalidad de su actividad como abogado en Guatemala, pero para él no fue algo nuevo, porque cuando dejó la Cicig para crear su propio bufete también fue atacado de la misma manera.
Ulate estaba tranquilo porque contaba con todos los permisos legales y sus títulos estaban certificados por las entidades nacionales por lo que no tenía impedimento para trabajar. Aunque se dijo que recibió presiones para dejar el caso, Ulate asegura: «Lo sentí polémico, pero no como ninguna amenaza».
Durante el juicio, que inició el 2 de mayo de 2022, dos personas han corroborado lo que Ulate quiso probar desde la audiencia de primera declaración, pocos días después de la captura de Zamora: un fajo de los billetes entregados en la oficina de García Navarijo tenía identificadores del Banco Industrial.
Lo dijo el piloto de Zamora, quien rindió testimonio a pedido de la Feci y estuvo a cargo de trasladar el dinero de la casa de su jefe a la oficina de García Navarijo. El piloto presenció cuando la persona que lo atendió hizo el conteo de una parte del efectivo. Y este hombre también confirmó que una parte de los billetes llevaban identificador del banco.
El contrato de compraventa de una obra de arte
Cuando Ulate dejó la defensa, Zamora quedó en estado de indefensión por algún tiempo hasta que el Instituto de la Defensa Pública le asignó a la abogada Fidencia Orozco. La familia buscó abogados, pero pocos querían asumir la responsabilidad ante un proceso tan complejo. Juan Francisco Solórzano Foppa, el exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), asumió la defensa.
En su estrategia surgió la presentación de un documento de compraventa de una obra de arte para justificar el dinero que entregó Girón Lainfiesta. El documento serviría como prueba para la defensa de Zamora; sin embargo, la Feci inició un proceso penal por obstrucción de justicia en contra de Solórzano Foppa y su socio, Justino Brito. Así como contra el empresario Girón Lainfiesta y Juan Carlos Marroquín Godoy, primo de Zamora, quien fue intermediario de la transacción.
El contrato es parte del proceso penal y no ha sido público, pero la cuenta de Twitter @Eriol_Gt publicó imágenes que supuestamente corresponden al negocio. Este usuario de la red social opera como un netcenter que difunde información privilegiada de casos y celebra las acciones de la Fundación contra el Terrorismo, que acusa a Zamora.
El análisis de la perito que presentó la Feci en la sexta audiencia judicial, indica que Zamora firmó una promesa de compraventa de una obra del pintor Elmar Rojas por el precio de 300,000 quetzales a favor del representante de la empresa WCG, Sociedad Anónima. El documento está fechado el 25 de julio de 2022, pero la fiscalía ha usado un peritaje para indicar que ni la obra de arte es legítima ni se entregó el dinero directamente a Zamora y que el contrato no se elaboró cuando se hizo la operación de dinero.
Girón Lainfiesta y Marroquín Godoy admitieron cargos de obstrucción a la justicia para evitar un proceso largo en prisión y obtuvieron condenas reducidas. En su declaración ante el juez, Marroquín Godoy dijo que mintieron a la Feci porque el documento se elaboró con fecha posterior a la entrega del dinero.
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La Feci asegura que los abogados concertaron un plan para darle legalidad al dinero con un documento que se elaboró casi tres meses después de la transacción. La obra de arte es una pintura del fallecido artista Elmar Rojas, que según otra fuente está valorada en más de 500,000 quetzales —unos 64,100 dólares—.
Juan Solórzano Foppa y Justino Brito también representaron a Zamora en el segundo caso que la Feci presentó por obstrucción a la justicia. Renunciaron a la defensa en marzo, aduciendo que eran objeto de persecución penal, fueron capturados a finales de abril y guardan prisión a espera de que se solucione su situación legal.
Durante el juicio que enfrenta Zamora, la exfinanciera de Aldea Global, Flora Emilza Silva Ramos dijo que la información que le compartió Zamora sobre los 300,000 es que debían ser facturados por compra de publicidad. Dijo que era común que elPeriódico recibiera aportes por pauta que no se facturaban de inmediato o que no se usaban al momento de efectuar un desembolso.
Una defensa no confrontaxtiva ante un tribunal hostil
Durante el juicio, Zamora se hizo acompañar de los abogados Patricia Guillermo de Chea y su socio, Ricardo Szejner. La abogada dice que quiso dirigir una estrategia de buenas relaciones con la fiscalía y los querellantes. El primer día del juicio saludó a Ricardo Méndez Ruíz, querellante en representación de la Fundación contra el Terrorismo, y a Raúl Falla, quien además de pertenecer a esa organización representa a Ronald García Navarijo.
Guillermo de Chea dice que su estrategia se enfocaba en hacer ver que el lavado de dinero es un delito complejo, que no puede ser documentado solo con la declaración de un testigo y una operación de entrega de dinero, como la que armó el denunciante, García Navarijo, y admitió la Feci.
Los buenos tratos no funcionaron durante el juicio. La abogada reconoce que la presidenta del tribunal, Oly González, le dio un trato «hostil» a lo largo de seis audiencias. Aunque González reprendió a fiscales, acusados y testigos durante las audiencias, Patricia Guillermo de Chea dice que fue ella a la que «agravió» más.
En la sexta audiencia del juicio la jueza González pierde la paciencia cuando Guillermo de Chea no logra estructurar una pregunta a una analista del Ministerio Público que presentaba conclusiones del peritaje documental y de audios recopilados por la Feci en contra de Zamora. En una de las pruebas analizadas se encontraban capturas de pantalla de conversaciones entre Zamora y García Navarijo a través de la aplicación de mensajería Telegram y un extracto de la declaración de García Navarijo sobre esa comunicación.
En el diálogo, Zamora comenta que necesita reunir un millón de quetzales para pagarle a los empleados y que ha sido difícil conseguirlo. García Navarijo refirió en su denuncia ante la Feci que Zamora quería obligarlo a lavar esa cantidad de dinero.
La abogada Guillermo de Chea quiso desvirtuar esa declaración, pero su pregunta fue rechazada por el tribunal. «Hay que tener cuidado porque el contexto (de la conversación por Telegram) es otro, es una conversación libre y espontánea que mi patrocinado tiene. ¿Es lavado de dinero o simplemente es una conversación de un dinero que mi patrocinado necesitaba?» preguntó. La jueza González dijo que la analista no podía valorar si se trataba o no de lavado de dinero, porque no era su competencia.
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La jueza pidió reformular la pregunta en un tono severo que acompañó con gestos de desesperación. Guillermo de Chea hizo varios intentos fallidos, y en el punto más álgido de la escena, se puso de pie para explicar a la analista lo que necesitaba dar a entender. La fiscal Cinthia Monterroso, de la Feci, no pasó por alto el momento y pidió al tribunal que la reprendieran porque intimidaba a la analista y cuestionaba su trabajo.
Después de ese episodio, José Rubén Zamora quiso preguntar, pero tampoco logró formular sin emitir un comentario, lo que provocó que también recibiera una reprimenda. Después del receso del almuerzo, Zamora le entregó una nota escrita a mano a Patricia Guillermo de Chea en la que le pidió renunciar.
El día anterior había dejado la defensa el abogado Szejner por problemas de salud. «La jueza le pegó una gran gritada y después él paró en el hospital», contó Guillermo de Chea. La abogada recibió el pedido de Zamora con amargura. En la nota le indicaba que era evidente que no la dejaban argumentar y que tampoco podía seguir pagando sus honorarios. Guillermo de Chea cuenta que intentó convencer a Zamora de llevar su proceso hasta el final, pero él no aceptó. Renunció y por la tarde «con el pensamiento claro y consciente, despacio» desempolvó la cuenta de Twitter y publicó: «A solicitud de la fam.del Ing. Zamora accedí hacerme cargo de su defensa. El día de hoy, el Ing. Zamora informó q la Defensa Publica Penal se haría cargo de su caso. J. Ruben, yo soy una reconocida abogada penalista, no tú cómplice, ni defensora de otras causas. Q Dios t guíe (sic)».
Tres días después, la abogada explicó las razones de la publicación –que la Fundación contra el Terrorismo,querellante en el juicio contra Zamora, celebró y ayudó a difundir–. «En las notas (por escrito que intercambiaron Zamora y la abogada después del almuerzo) me pedía que dijera que no soportaba el mal trato que me dio el tribunal, y sí es cierto que me trató muy mal, bueno, la presidenta. Pero en lo personal soy una persona que soporta esos agravios. Entonces yo le digo que no puedo renunciar por esa causa porque no es verdadera».
Patricia Guillermo de Chea asegura que le pidió a Zamora que le permitiera llevarlo al final y hacer un cierre del proceso. El juicio ya estaba avanzado, así que faltaba como mucho una semana de trabajo. «Yo sí puedo soportar», le dijo e insistió en lo que le ofreció al tomar su defensa: que no lo salvaría sino que lograría conseguir una pena de pocos años de prisión.
«No quiso y dos periodistas me dijeron que él había externado opinión (de que pidió su renuncia) porque mi trabajo era deficiente y por eso tuve que hacer ese tuit», indicó.
La abogada insiste en que no quería hacerse ver como «una mártir» y tampoco quería dar argumentos para que su defendido «pudiera decir que era otro atentado a su defensa».
«Por eso (dije que) no podía ser su cómplice», concluyó.
José Carlos Zamora, hijo del periodista, dijo que le «sorprendió mucho» la reacción que la abogada tuvo en Twitter, pero también afirmó que la familia «está agradecida con ella» y que comprende la situación porque las audiencias han ocurrido en un ambiente tenso.
Nueva defensa
«Mi papá no tiene otra alternativa que aceptar la defensa pública», dijo Zamora, hijo. Luego de varios meses de búsqueda de abogados, de escuchar tantas propuestas y también negativas a defender a su padre, así como enfrentar pagos de honorarios, lo que resta es resignarse a luchar con una abogada del Estado que, esperan, no sea objeto de ataques ni señalamientos de obstrucción penal.
En agosto de 2022 un abogado renunció a seguir colaborando con Zamora y salió al exilio luego de presentar una acción legal contra los funcionarios que ejecutaron el allanamiento en la casa de su padre en donde fueron retenidos su esposa e hijos.
El Instituto de la Defensa Pública asignó a Fidencia Orozco, para que se ocupe del caso, pero el jueves 18 de mayo José Rubén Zamora fue sorprendido cuando en lugar de la abogada Orozco se presentó Joel Iván Reyes, a quien no conoce y quien desconoce del proceso.
El cambio de defensor ocurrió el día en que fue convocado a declarar el acusador, Ronald García Navarijo.
Pocos días antes de este evento que perjudica a José Rubén Zamora, la Fundación contra el Terrorismo emprendió una nueva misión al presionar en redes sociales para que se investigue a Ramón Zamora, antropólogo e hijo de Zamora, quien estuvo a cargo de elPeriódico desde la detención de su padre.
La Fundación contra el Terrorismo publicó en redes sociales un segmento del testimonio de Juan Carlos Marroquín Godoy en el que afirma que Ramón Zamora participó en trasladar el documento de compraventa del cuadro por el que Marroquín Godoy y Girón Lainfiesta fueron condenados y los abogados Solórzano Foppa y Brito enfrentan proceso penal por obstrucción a la justicia.
Los días que siguen serán decisivos para José Rubén Zamora. De momento, su enfoque está en el juicio. Después, tendrá que responder por el caso de obstrucción a la justicia que le presentaron este año y en el que, según la Feci, buscaba crear documentos de respaldo para los 200,000 quetzales de un total 702,896 quetzales que recibió supuestamente sin justificación en 2013 de las empresas de García Navarijo.
Las dos empresas que le proveyeron los fondos fueron Arca, S.A. y Grupo Bases, S.A., dirigidas por los directivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), a quienes en 2016 la Feci y la Cicig acusaron de «saquear el patrimonio del banco y enriquecerse a costa de los accionistas». Un caso que sigue abierto y en el que García Navarijo tiene una medida sustitutiva.
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