La ampliación presupuestaria fue aprobada la semana pasada, revirtiendo una racha de fracasos del Ejecutivo en el Congreso. Sin embargo, se cuestiona la legalidad del procedimiento parlamentario que utilizó el oficialismo, ya que interrumpió una interpelación, y durante la maratónica sesión no se le dio la palabra a la oposición. ¿Acaso no era esto lo que hacían las alianzas oficialistas de las legislaturas anteriores? ¿Qué cambió la semana pasada respecto a los meses anteriores para que esta vez lograran los votos para aprobar la ampliación presupuestaria? ¿También se aprobarán otras iniciativas de ley prioritarias para el Ejecutivo, como la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público?
Las respuestas preocupan. Cuando ya habían asegurado 99 votos, la votación se suspendió por casi una hora, hasta que lograron superar la mayoría calificada de 105 votos. ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Cuál fue la dificultad y qué se negoció para solucionarla? ¿Lo que ocurrió en el Congreso ese día fue transparente y probo, o se repitieron las prácticas del pasado, transando contratos de obra pública y asignaciones de gasto con excepciones a los controles anticorrupción?
El decreto aprobado la semana pasada ofrece algunas respuestas, y no son alentadoras.
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Desoyendo numerosas y reiteradas recomendaciones técnicas de sectores diversos, se aprobó un incremento de Q1,875 millones al aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), sin explicación ni justificación técnica. También se aprobó un incremento de Q1,000 millones para que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) adquiera fertilizantes, semillas y aperos de labranza, exonerando la obligación de usar los procedimientos de adquisición pública más transparentes y competitivos. Además, se creó un Fondo de Crédito Campesino, sin definir las reglas de a quién y cómo se entregarán esos recursos. Como agravante muy serio, algunos de los diputados que impulsaron esta medida tienen o están vinculados con empresas proveedoras de este tipo de insumos y servicios agrícolas.
Esto prácticamente reproduce las prácticas de los gobiernos y legislaturas anteriores que dieron lugar a escándalos de corrupción. ¿Fueron estas medidas los «incentivos» para que la mayoría calificada de diputados votara a favor de aprobar la ampliación presupuestaria?
¿Esto ocurrió por la desesperación del Ejecutivo ante la sucesión de intentos fracasados de lograr que el Congreso le aprobara sus iniciativas de ley? ¿Adoptó el oficialismo una ruta pragmática y terminó aceptando participar en el juego sucio tradicional del Congreso? Cualquiera de estas posibilidades sería un error gravísimo, porque la gran diferencia de Arévalo respecto a sus predecesores es que su electorado lo eligió con la esperanza de honestidad plena y, con ello, que no se repitiera más ese juego sucio del Congreso.
Falta conocer más información de los factores reales por los cuales el Ejecutivo logró la aprobación de la ampliación presupuestaria, pero es imperativo que la verdad completa salga a luz. Es un hecho que los incrementos presupuestarios aprobados para los Codede y para el Maga son muy cuestionables y constituyen espacios para que se repitan las prácticas corruptas de siempre.
Nadie dijo que gobernar de manera honesta fuera fácil. Sin embargo, es preferible una larga racha de fracasos en el Congreso que volver a la práctica de sobornar a los diputados con contratos de obras y asignaciones presupuestarias abiertas a la corrupción.
Más que celebrarla como un éxito rotundo del Ejecutivo en el Congreso, se debe revisar cuidadosamente qué fue lo que en realidad pasó para que la aprobación de la ampliación presupuestaria contara con 109 votos a favor. Eso sería ser transparente, y tampoco es fácil.
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