Es comprensible que las comisiones de postulación para las magistraturas de las altas cortes no figuren entre las prioridades o las preocupaciones de la gran mayoría en Guatemala. En muchos casos, las elecciones generales o la discusión del presupuesto público apenas logran captar la atención y preocupación de las grandes mayorías; mucho menos lo hacen los procesos de elección de las autoridades superiores del sistema de administración de justicia.
Esto se debe a que, para esas grandes mayorías, la justicia es algo ajeno y, cuando se manifiesta, suele ser por mano propia o a través de instancias alternativas que nada tienen que ver con el sistema formal de cortes y juzgados. Donde existen, los sistemas tradicionales o consuetudinarios, como los de la cultura maya o ancestral, prevalecen y se mantienen ajenos a las luchas de poder que plagan a las comisiones de postulación.
A pesar de estas condiciones históricas y estructurales, el proceso actual es importantísimo, puesto que, justamente, determinará cómo se estructurarán los principales órganos directivos del poder judicial. Esto porque este es uno de los tres poderes del Estado, junto al legislativo y al ejecutivo, y como se está viendo, mientras permanezca capturado por las mafias actuales, aunque el Congreso y la Presidencia de la República mejoren su funcionamiento, el Estado continúa en gran medida corrupto, disfuncional e ineficaz.
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La sociedad guatemalteca debe realizar un esfuerzo extraordinario por superar su propia realidad y, además de tomar conciencia, emprender tareas proactivas para procurar que las comisiones de postulación logren hacer su trabajo correctamente. Esto es, que produzcan listados de candidaturas a las magistraturas para la Corte Suprema de Justicia y para las cortes de apelaciones, excluyendo a los mafiosos e incluyendo a los juristas más honestos y calificados. Esto se escribe fácil, pero el proceso actual está demostrando que es extremadamente difícil de lograr.
La razón es que hoy esas magistraturas han pasado de ser las legítimas administradoras de la justicia, a estamentos de poder ilegítimo gestores del extremadamente lucrativo negocio de la impunidad. Su principal producto es permitir, a cambio de un precio en términos de riqueza ilícita o cuotas de poder ilegítimas, que alguien que ha cometido un delito no reciba el castigo que establecen las leyes vigentes. Y, además, que quienes han denunciado y perseguido la corrupción y la violación a los derechos humanos, sean castigados.
A diferencia de los procesos anteriores, el actual ofrece esperanzas, pero está muy lejos de garantizar que las cosas saldrán bien y que se logrará el ansiado cambio para empezar a mejorar el poder judicial. Aunque hemos visto la actuación valiente e invaluable de actores honestos y legítimos, su contraparte, la de los juristas mafiosos sigue siendo muy fuerte y para nada se muestra dispuesta a ceder el poder que por tantos años han detentado. Si los mafiosos vuelven a ganar el control de este poder, los avances que puedan lograrse en los poderes ejecutivo y legislativo, si es que los hay, serán cada vez más difíciles o tomarán más y más tiempo.
Debemos hacer un esfuerzo extraordinario por ejercer ciudadanía informada y activa, poniendo atención y, si podemos, pronunciarnos y actuar presionando para que las comisiones de postulación logren hacer su trabajo correctamente. La consigna de exigir magistraturas honestas y legítimas en la Corte Suprema de Justicia y en las cortes de apelaciones, por lejana o ingenua que nos parezca, es urgente e indispensable para cualquier anhelo para una Guatemala mejor. Hagamos nuestra parte.
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