Es evidente que fueron los incentivos, legítimos o no, asociados a la aprobación de la ampliación presupuestaria los que lograron este pacto nuevo, una entente renovada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Un primer elemento de análisis obligado es el estudio de los actores. Para esto, resulta invaluable la entrevista que Roberto Alejos le hizo en su pódcast a Luis Aguirre, actual diputado jefe del bloque Cabal. Para el decreto de la ampliación presupuestaria, el Congreso aprobó siete enmiendas y las firmas de solo dos diputados aparecen en todas, la del oficialista Román Castellanos y la de Aguirre. Este hecho respalda la autoridad con la que Aguirre habla en la entrevista, presentándose como el principal negociador del Congreso, directa y personalmente con el presidente Arévalo, perfilándose como el nuevo líder de facto en el Congreso, por arriba de los estamentos formales como la junta directiva o la instancia de jefes de bloque. Si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano, no extrañaría su candidatura a la presidencia del Congreso.
En la entrevista, Aguirre también se ufana de haber sido él el principal impulsor de una de estas enmiendas, la que le quitó Q1,000 millones a los ministerios ejecutores del gasto social prioritario y de la inversión pública en infraestructura, la mitad para la compra directa, es decir, evadiendo los mecanismos más transparentes y competitivos de adquisición pública, de fertilizantes, semillas y aperos de labranza. La mitad restante, para crear un Fondo de Crédito Campesino, carente de estudios, opiniones o dictámenes técnicos que lo expliquen y justifiquen.
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Aguirre, junto a otros diputados como Luis Contreras del bloque Compromiso, Renovación y Orden, también es defensor dedicado del incremento de Q1,875 millones al aporte extraordinario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). Este incremento ha sido severamente criticado por carecer de explicación y justificación técnicas, y falencias como, por ejemplo, la forma antitécnica en la que se distribuiría en los 340 municipios y porque, a agosto, los Codede solo han ejecutado el 16 % de su asignación presupuestaria vigente, sin ampliar, levantando dudas sobre la posibilidad de ejecutar un monto tan elevado con garantías de calidad y probidad en solamente los 4 meses restante de 2024.
Pero, en todo caso, ¿por qué es buena esta nueva entente? ¿Qué más esperamos de ella, qué es lo que está avanzando en el Congreso? Incluso, hasta el más desalmado de los criterios pragmáticos admite cuestionamientos. Por ejemplo, ¿esta alianza se articuló con el propósito de solamente granjearse los incentivos de la ampliación presupuestaria? Si el presidente Arévalo y sus ministros la celebran tanto, ¿por qué no ha funcionado para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y, por fin, sacar a Consuelo Porras? ¿Por qué en el Congreso avanzan propuestas legislativas fiscalmente dañinas, como la supresión del Impuesto de Solidaridad o la exoneración de la deuda que varias municipalidades tienen con el Instituto Nacional de Electrificación, diezmando sus balances financieros?
No aplaudamos la aprobación de la ampliación presupuestaria y la alianza en el Congreso como si ya fueran éxitos consumados. Deben evaluarse por sus resultados, reconociendo que existen riesgos graves y que hay que trabajar mucho para evitarlos.
Guatemala no debe perder la esperanza de que el gobierno del presidente Arévalo cumpla su promesa de trabajo efectivo y honesto. Pero, no como un acto de fe ciega, sino ejerciendo ciudadanía consciente, con auditoría social estricta. Las promesas y los compromisos se valoran, pero lo importante y crucial siempre son y deben ser los resultados.
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