El Ejecutivo presentó al Congreso su propuesta de presupuesto para 2025. Trasladada a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM), han empezado a correr audiencias públicas para estudiarla y analizarla, para luego dictaminar y, con ello, el Congreso debe tomar una decisión antes del 30 de noviembre.
Las audiencias públicas que al momento ha realizado la CFPM ya marcan el inicio del tránsito por ese intrincado laberinto de cifras millonarias, tecnicismos, necesidades, intereses y tensiones políticas. Me parece que al momento lo que está más claro de este proceso es la necesidad de que las autoridades del Ejecutivo redoblen sus esfuerzos por comunicar más y mejor cuál es la justificación de su propuesta. Entender la diferencia entre informar y comunicar, y asumir que su desafío ante la ciudadanía es que no basta informar, deben comunicar.
De estos primeros análisis del proyecto de presupuesto para 2025 ha saltado como elemento más notorio un incremento importante en el gasto estatal que el Ejecutivo propone financiar con deuda pública bonificada. La colocación de bonos del Tesoro pasaría de Q12.6 millardos en el presupuesto vigente a la fecha de 2024, a Q25.1 millardos propuestos por el Ejecutivo para 2025.
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Ahora bien, el asunto no queda solamente en que el gobierno del presidente Arévalo esté proponiendo duplicar la deuda pública bonificada. Ocurre que en este 2024 el 74 % de esa deuda pública de Q12.6 millardos con bancos privados, nacionales e internacionales se está destinando para pagar la deuda pública contraída por los gobiernos anteriores; el 10 % financia inversión pública y el 16 % restante gastos de funcionamiento. Para 2025, el gobierno de Arévalo propone que el 23 % de los Q25.1 millardos de deuda bonificada con la banca privada, nacional e internacional se destine a pagar la deuda anterior; 29 % para inversión, y el 48 % restante, Q12.0 millardos, para financiar gastos de funcionamiento.
Esta estructura del destino propuesto por el Gobierno para la deuda bonificada con la banca privada ya está generando debates encendidos en términos económicos e ideológicos. Pero, además, legales, porque el último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe financiar gastos de funcionamiento con recursos de la deuda pública, permite solamente destinarlo para financiar inversión o el pago de la deuda. Cuestionados sobre por qué el gobierno de Arévalo está solicitando al Congreso que apruebe ese endeudamiento, y una excepción a una prohibición expresa en la ley vigente, los funcionarios se han limitado a responder explicando que no es la primera vez que se hace, y que, entonces, también se está solicitando ahora.
Excuso decir que el argumento esgrimido está resultando mucho menos que satisfactorio. Se debe comprender que la necesidad de comunicar las razones que justifican financiar Q12.0 millardos de gasto de funcionamiento con deuda bonificada debe ir más allá de tecnicismos políticos o legales, o simple pragmatismo. El gobierno que ofreció hacer las cosas de manera diferente, hacerlas bien, debe tener mejores razones que repetir lo que hicieron sus antecesores.
Es imperativo que el Gobierno comunique bien su propuesta presupuestaria. Que responda bien por qué está solicitando la aprobación de un voluminoso endeudamiento público con la banca privada, y por qué la mitad de ese monto será destinado a cubrir gastos de funcionamiento.
Así, si el gobierno de Arévalo espera lograr que el Congreso le apruebe el proyecto de presupuesto de manera legítima y en buena lid, quizá su principal desafío es comunicarse con su electorado, con la ciudadanía. No con propaganda, sino con argumentos claros y directos, en lenguaje sencillo y de frente.
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