Ojalá este vergonzoso episodio termine y que el periodista José Rubén Zamora deje de ser una víctima más de la judicialización espuria en Guatemala.
Sin duda, el estilo periodístico de Zamora es controversial, y disgusta a más de uno, quizá en algunos casos con cierta razón. La sección elPeladero del desaparecido elPeriódico fue una suerte de sección de chismes de la política, muchas veces con información fidedigna que constituyó el único medio en el que se denunciaron actos de corrupción. Pero, también, en varias ocasiones, tuvo que pedir disculpas por comentarios fuera de orden, o por contener difamaciones y falsedades.
Esto nos lleva al debate complejo y delicado de los límites y la regulación del derecho fundamental, humano y constitucional de la libertad de expresión; es un debate que debe ser abordado por expertos y profesionales de la comunicación. Lo que debe prevalecer como principio democrático universal es que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe permitirse que se maneje con violencia y represión estatal, ni con acciones autoritarias por parte de cualquiera de los tres poderes del Estado.
El encarcelamiento de José Rubén Zamora constituye, precisamente, la violación de ese principio universal. Fue una acción impulsada desde el régimen corrupto de Giammattei, perpetrado materialmente por el Ministerio Público capturado por Consuelo Porras y su mafia, operado y avalado por jueces corruptos.
La magnitud del caso nos puso como punto vergonzoso de la atención mundial. Demostró, de manera descarada y evidente, que nuestro sistema es incapaz de aplicar sanciones respetando derechos y principios universales y fundamentales, y cuán vulnerables somos a retroceder a prácticas estatales antidemocráticas y represivas.
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La tardía concesión de medidas sustitutivas y permitirle a Zamora defenderse y resolver su situación legal, con las debidas garantías que nuestra Constitución y leyes establecen, es solamente un alivio y un primer paso para corregir la situación. Persisten desafíos enormes para sanear nuestro sistema de administración de justicia. Aún no está claro si la reciente elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y las magistraturas de las cortes de apelaciones serán otro paso en la dirección correcta, o son solamente un chapuz que mantendrán el statu quo de la situación de captura y el imperio de las mafias de jueces y operadores de justicia corruptos.
Permanece también pendiente el desafío de corregir los otros cientos de casos de persecución penal y judicialización espurias en contra de otros jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos que siguen en el exilio. Mientras estas personas continúen enfrentando impedimentos reales a que se les garanticen procesos judiciales legítimos y sus derechos fundamentales para defenderse, y con ello, continúen obligados a permanecer en el exilio, continuaremos estando muy lejos de considerarnos en la ruta correcta hacia un régimen democrático funcional, legítimo y confiable.
De nada sirven los eventos internacionales y las convenciones empresariales que hablan de bondades, si continuamos teniendo la vergüenza de jueces, fiscales, periodistas y activistas que sufren el exilio y la persecución penal espuria. Por desgracia, la vergüenza de esos casos opaca y eclipsa las ventajas de Guatemala. De nada sirve, por ejemplo, la cacareada estabilidad macroeconómica o la robustez de varios de nuestros indicadores macroeconómicos, si no somos capaces de impedir que un juez honesto, un fiscal que ha perseguido la corrupción o un activista que ha denunciado violaciones a los derechos humanos continúe en el exilio o encarcelado injustamente.
Que Zamora, por fin, haya salido de la cárcel es un paso importantísimo. Sin embargo, debe ser solo el primero de un plan integral y profundo de sanear nuestras instituciones y que empiece la larga y difícil solución de nuestros problemas estructurales.
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