De ahí la decisión de Cristopher Lutz, George Lovell y Wendy Kramer de titular así la crónica que realizan sobre la resistencia del pueblo kaqchiquel durante la invasión española. Alvarado es conocido por su vocación criminal y violenta, un símil con lo sucedido durante el conflicto armado interno, en el cual, de hecho, una de las estrategias contrainsurgentes del Estado fue la tierra arrasada.
Con 500 años de diferencia, una y otra expresión ponen sobre el tapete la lógica con la cual el poder razona y reacciona respecto a las poblaciones indígenas. Por lo tanto, para el titular del Ejecutivo, Jimmy Morales Cabrera, resultó casi natural decretar un estado de sitio en cerca de una quinta parte del territorio nacional en reacción al asesinato —en circunstancias no esclarecidas— de tres soldados la semana anterior.
Como muchas de las acciones de este gobierno, el decreto en cuestión viola derecho internacional y derecho internacional de derechos humanos, así como convenios y acuerdos en la materia. Pero además es desproporcionado, y en esa desproporción está la trampa de la que podría ser la razón esencial para decretarlo. Los hechos que derivaron en la muerte de tres integrantes de la marina son igualmente confusos. Al parecer, la unidad militar incursionó en la comunidad Semuy II sin respaldo táctico y logístico de su comandancia. Allí supuestamente realizaba patrullaje a pie buscando pistas de aterrizaje en una zona montañosa. Ni la capacidad y la experiencia de la unidad militar daban para la supuesta misión ni las características del terreno respondían a la lógica de esta.
La versión comunitaria, que ha encontrado dificultades para hacerse escuchar en espacios oficiales, refiere que los soldados —como sucedió en Xamán en 1995— incursionaron en la comunidad y que, al verse rodeados por la población, perdieron el control y dispararon, de modo que hirieron a varias personas. La comunidad, que los superaba más o menos por 25 a 1, los persiguió. Tres de ellos se encerraron en la escuela, y el resto abandonó a sus compañeros y huyó. La comunidad, enardecida, se enfocó en los abandonados, quienes fueron asesinados.
[frasepzp1]
Días después el Gobierno declara estado de sitio, el cual se rige por una Ley de Orden Público emitida en 1965 y enfocada en la lógica contrainsurgente del Estado. De esa manera, la ley hoy impuesta en los 22 municipios de 6 departamentos que abarca la segunda versión del decreto (la primera solo incluía 21 municipios en 5 departamentos) responde a la lógica de la ocupación territorial y de control social ejercido durante la represión que derivó en actos de genocidio. En esa zona viven más o menos 1,300,000 personas, en su mayoría del pueblo q’eqchi’, pero también poqomchi’, achi’ y, en Izabal, garífunas.
La fuerza destacada en el área, que abarca la sierra de las Minas y, con ello, la región del río Polochic, es de 6,500 efectivos entre ejército y policía: una proporción de 1 miembro de las fuerzas de seguridad oficiales por cada 324 habitantes, mientras que a nivel nacional esta proporción es de 1 por cada 667. Este hecho, que es resultado de la torpeza y la impericia en la planificación de operaciones militares de un Ejército que nos cuesta más de 2,500 millones de quetzales al año, es encubierto con una decisión política de contenido militar de sembrar el terror.
Las familias de quienes Ricardo Méndez-Ruiz Valdez señaló como responsables, con información de datos particulares de una base de datos a la cual no se sabe quién le dio acceso, están cercadas por el ejército en Semuy II. Una familia completa está en manos de las fuerzas de seguridad y, según el Ministerio Público (MP), se encuentran en calidad de testigos protegidos pese a que se incluye a menores de edad e infantes, amén de que uno de los señalados por Méndez-Ruiz murió en un hecho tan confuso como el que dio lugar al estado de sitio.
Lo cierto es que en la zona bajo control militar no hay ingobernabilidad ni circunstancias que justifiquen un estado de excepción como el decretado por Jimmy Morales, de manera que lo único que lo explica es la necesidad de recetarse compras sin control y de darse el lujo de sembrar el terror para culminar su mandato y, al igual que el criminal de Pedro de Alvarado, atemorizar la tierra.
Más de este autor