Por el contrario, este nuevo sistema ha demostrado que, en las fiscalías donde se implementó y se efectuaron mejoras tendientes a perfeccionarlo, ha funcionado muy bien. Ha permitido el aumento de la efectividad en cuanto a personas sentenciadas versus la cantidad de personas acusadas. En algunas fiscalías este número paso del 75 % de condenados a hasta un 94 % (datos de un estudio que realicé cuando estuve en el MP con base en estadísticas de 2010 a 2015).
Un aspecto fundamental que se mejoró en el MP en estos últimos años con el modelo de gestión fue el cambio de paradigma que significaba que antes la fiscalía detuviera primero a una persona para después investigarla. Pasó a un sistema en el cual se debía tener una investigación robusta al momento de pedir la orden de captura y en el cual el plazo de investigación únicamente se utilizaba para complementar aspectos que fueran imposibles de recabar antes de la detención de los sindicados. Esta mejora se dio fundamentalmente en las discusiones técnicas que se debían dar entre los fiscales de investigación y los de litigio, lo cual permitía que se perfeccionara un caso antes de solicitar una medida de coerción.
Preocupa sobremanera que esos avances estén cambiando como parte de la política de la actual fiscal general. Es de hacer ver que en los últimos meses se han visto casos mediáticos en los cuales el MP ha pretendido ligar a proceso penal a varios sindicados y, sin embargo, solo ha obtenido faltas de mérito. Se le llama falta de mérito a la consideración de un juez de que no existen medios de investigación suficientes para que comience un proceso penal contra un sindicado, por lo cual este queda «libre de todo cargo», como se diría popularmente. Podemos poner de ejemplo el caso de un sindicalista del Instituto de la Defensa Pública Penal en el cual se intentó procesar a un viceministro de Gobernación con declaraciones que decían que los rumores lo culpaban de haber ordenado la muerte de esta víctima. Entre otros casos figura también el de unos fiscales de Chiquimula que fueron aprehendidos por delitos de corrupción y después liberados por falta de mérito.
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En mi caso personal, el secretario general del MP ordenó, sin tener la facultad de hacerlo, que me imputaran un caso de violencia contra la mujer derivado de un tuit sobre el cual el mismo Inacif declaró que no contenía ninguna forma de violencia. Lo más preocupante es que, después que me dieron falta de mérito (como correspondía), la fiscalía apeló y en su memorial señaló textualmente: «Sugirió [refiriéndose a la jueza que me dio la libertad] que la investigación preliminar como ella lo dice no es suficiente; sin embargo, cada uno de los argumentos de la señora juez y la defensa pueden concretarse y en todo caso corregirse en la etapa de investigación…».
Lo que dice la apelación es básicamente que, aunque no tienen pruebas, igual me quieren ligar a proceso y meterme preso para después corregir el expediente. Es una vergüenza que retrocedamos a las épocas en las que primero se metía presa a la gente y después se investigaba. Afortunadamente, los jueces ya no son de ese criterio y dictan las libertades exigiendo casos robustos.
Por cierto, auguro nuevamente una falta de mérito en el caso de la supuesta sobrevaloración de un edificio que compró el MP en la época de Thelma Aldana. He asumido la defensa técnica de una sindicada que se está presentando a los tribunales para enfrentar la justicia. Por ello he comenzado a revisar minuciosamente el expediente y advierto que será desenmascarada, una vez más, Consuelo Falta de Mérito Porras como una fiscal ineficiente, que está haciendo retroceder los logros del Ministerio Público de los últimos diez años.
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