Covid-19: algunas ideas de respuesta inmediata que el Estado puede poner en práctica*

Sobre este particular, varias personalidades e instituciones han realizado propuestas para atender la emergencia. Si bien muchas de ellas son bastante oportunas, requieren de procesos de negociación en el Organismo Legislativo, por lo que tocará responder qué puede hacer de manera inmediata el Organismo Ejecutivo. Aquí algunas ideas:

1. El 2020 ya tiene marcado su camino. Deberá atender esta emergencia, con las limitaciones y los privilegios expresados en el presupuesto para ese año. Sin embargo, 2021 es una oportunidad (un poco lejana por el crecimiento exponencial de la pandemia, pero es lo que tenemos a mano). Esto significa que la Segeplán y el Minfín deben incluir dentro de las normas de formulación del presupuesto para el próximo año mayor priorización y espacio presupuestario para la cartera de salud y aquellas relacionadas con determinantes de posibles focos de infección. Es de hacer notar que, por ley, la Segeplán tuvo que haber emitido la evaluación de la política pública del año anterior durante la primera semana de marzo y que esta sirve de insumo para formular dichas normas. ¿Habrá consignado la respuesta al covid-19? Aún se está a tiempo.
2. OK, lo anterior es prospectiva. ¿Y lo inmediato? Es de hacer notar que el Fondo Mundial, en su nota orientativa del 4 de marzo, «recomienda encarecidamente a los países que evalúen y adopten medidas contra el covid-19». Para ello propone utilizar hasta un 5.0 % de los ahorros en subvenciones existentes. Esto implica que el Ministerio de Salud, en coordinación con los programas contra la malaria, la tuberculosis y el VIH, establezca esos ahorros y gestione esta autorización lo más pronto posible ante el Fondo Mundial para tener un disponible inmediato y que este forme parte de la respuesta al covid-19.
3. Compras estratégicas. El mismo Fondo Mundial, en un comunicado del 12 de marzo, indica que existe el riesgo de un desabastecimiento en la cadena de suministros para medicinas y equipo provenientes de China, razón por la cual el Ministerio de Salud debería de evaluar sus stocks de inventario en medicinas al menos para los tres programas que apoyan estas subvenciones, pero también para los demás programas que atiende, y de esa manera evitar el desabastecimiento por una menor producción en China y en otros países.
4. El otro punto con estos programas. Cuando deban ejecutar los fondos provenientes de la subvención, si bien para ellos aplican las mismas normas de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, resulta que no tienen unidad ejecutora propia, sino que deben ir a la Unidad Ejecutora 201, o sea, al Departamento Administrativo. Una vez allí, deben hacer su turno. Por ende, la recomendación es que el MSPAS evalúe que estos tres programas tengan su propia unidad ejecutora y agilice el gasto.
5. Agilizar procesos. Adicional al punto anterior, el MSPAS debe evaluar sus manuales de compras y adquisiciones (aparte la ley) con la finalidad de identificar aquellos pasos o procesos que impidan una agilización de las compras. Nuevamente, de esta manera la respuesta podrá ser más expedita. Si bien al momento de escribir esta columna el país está en estado de excepción y se pueden realizar compras con cierta flexibilidad, no debe ser la norma. Y en algún momento ya no estará esta situación, para lo cual el sistema de compras debe tener un mejor desempeño.
6. Guatemala se ha caracterizado por financiar proyectos faraónicos como el Ejército. En una revisión rápida de los diferentes espacios presupuestarios que esta institución tiene en diferentes renglones de gasto financiados con ingresos ordinarios, se encontró que hay al menos 101.5 millones de quetzales como espacios presupuestarios en el renglón de armamentos en el Ejército, los cuales pueden ser cedidos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Para qué armamentos en tiempos de covid-19?
7. Gobernanza en la formulación del presupuesto. Uno de los grandes problemas de la ejecución del presupuesto en Guatemala es que se encuentra mal formulado. Me explico: muchas veces, en muchas instituciones, resulta que los programas operativos anuales son una réplica del año anterior (copy-paste) y no están debidamente costeados. Esto implica que, cuando llega la fase de ejecución, deben hacerse ene cantidad de transferencias entre renglones, así como entre estos y otras actividades, y también entre fuentes de financiamiento y programas. La idea sería que el presupuesto 2021 fuera adecuadamente formulado a manera de evitar este círculo vicioso, puesto que ralentiza la ejecución del gasto público por el proceso institucional, que implica una modificación.
8. Sin embargo, con el tema de las modificaciones presupuestarias, hay aspectos que escapan a los directores o gerentes de programa, puesto que algunas de ellas deben recurrir, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, a un acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas cuando se transfieren asignaciones de un programa o categoría equivalente a otro, o entre proyectos de inversión de uno mismo o diferente. ¿Por qué el ministro de Finanzas debe aprobar modificaciones en salud (por ejemplo) cuando él no es experto en ese tema? Esto significa que debería ser más expedito el proceso de realizar modificaciones al presupuesto dentro de una misma institución, ya que la normativa actual implica aprobaciones de la Segeplán y de la Contraloría General de Cuentas.  Es decir, se debería considerar modificar la referida ley, nuevamente para hacer más flexible el gasto público.
9. El eterno problema de las fuentes de financiamiento externas. Guatemala también se ha caracterizado por que tiene poca capacidad de ejecución de las referidas fuentes. Aquí un punto muy importante es que debe capacitarse, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Contraloría General de Cuentas, a los funcionarios públicos que participan en licitaciones o cotizaciones en el uso de la Ley de Compras y Contrataciones, así como en el cumplimiento de las no objeciones de los organismos donantes o prestatarios, nuevamente para agilizar la adquisición de insumos.
10. Atender los focos de contaminación de la enfermedad. El covid-19 afectará a toda la población en general, a ricos y a pobres, a indígenas y a no indígenas, etcétera, pero particularmente a aquella población muy vulnerable al contacto social, como los migrantes transcontinentales que van en tránsito. Al respecto, la Secretaría de Gobernación en México [1] estimó que por Guatemala pudieron internarse a ese país, durante 2018, un total de 10,953 migrantes del Caribe, Asia y África, los cuales obviamente no podrán demandar atención médica dado su estatus migratorio. Por tal razón, las entidades del Estado, en cumplimiento del Código de Migración, deben atender el derecho humano a la salud de este grupo vulnerable y crear una estrategia específica para ellas y ellos.
11. Transferencias condicionadas por disminución de remesas. Al momento de escribir este documento se sabe que el gobernador de California decidió hacer un paro en el estado a través de la orden ejecutiva 33-2020, con la cual cerró restaurantes, bares, centros de entretenimiento y centros de convenciones (entre otros), lugares que por lo regular emplean migrantes. A su vez, se estima que en ese estado vive un 29.0 % de los migrantes guatemaltecos, lo cual impactaría en un corto plazo en una disminución de las remesas y del consumo y, consecuentemente, en el aumento de la inseguridad alimentaria. De esa cuenta, el Ministerio de Desarrollo debería estar rediseñando e identificando fuentes de financiamiento para un programa de transferencias condicionadas para tales fines.
12. ¿Y cómo financiarlo? De acuerdo con estimaciones de la administración tributaria de Guatemala, se evaden cerca de 24,000 millones de quetzales en impuesto sobre la renta. ¿Cómo es posible que en una crisis en la que está en juego la vida de miles de connacionales sigamos permitiendo que haya empresas o ciudadanos que no cumplen con financiar lo público?
13. ¡Lávate las manos! ¿Cómo pueden hacerlo los niños y adolescentes que tienen el privilegio de ir a la escuela si al menos el 20.0 % de ellos, en el nivel primario, no tienen acceso al agua potable [2]? Más que un seguro de gasto médico, lo que necesitan nuestras niñas y nuestros niños es tener agua potable en sus escuelas. A la vez, es de es de recordar las cifras del censo 2018: 1.3 millones de hogares (aproximadamente 5.9 millones de personas).

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* Elaborado por Enrique Maldonado, economista, como un aporte a la respuesta del país a la pandemia.

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