Pero las implicaciones para la población que tendría que salir de esas áreas podrían también ser muy costosas. Entonces, las autoridades que intentan reducir el riesgo asociado a la lluvia tendrán que buscar una solución que sea tanto efectiva como viable.
La Conred ha determinado que hay millones de personas en miles de puntos en riesgo por deslizamientos e inundaciones, una cifra que abarca a más de la mitad de la población de Guatemala. No todos están en el mismo nivel de riesgo, pero, incluso si la población expuesta los niveles altos de amenaza fuera una fracción pequeña del total de personas identificadas como expuestas, digamos un 1 %, la cantidad de población seria de decenas de miles. ¿Cómo evitar que decenas de miles de personas sufran el impacto de las amenazas causadas por la lluvia? Evitar que la gente se encuentre en lugares expuestos a la amenaza es quizá la única forma de evitar un impacto directo, pero ¿es eso posible para un número tan grande de personas expuestas?
Sacar a decenas de miles de personas por varios meses durante la época lluviosa y sin un destino claro al cual ir no es una solución realista. A menos que las personas en riesgo perciban la amenaza como real e inmediata, la justificación para evacuarlos no será entendida como válida por ellas. Si no se presenta evidencia contundente y clara, que demuestre la severidad del riesgo, es poco probable que las personas en áreas de riesgo se vayan de ellas voluntariamente. Y si se las presiona o se intenta obligarlas a hacerlo, lo más probable y natural es que se resistan.
Entre las justificaciones que se presentaron para las medidas incluidas en el tristemente célebre y fallido estado de prevención que el Gobierno trató de decretar hace algunas semanas se mencionó la necesidad de contar con medidas coercitivas para obligar a las personas a evacuar. Pero ¿procedería el Estado a desalojar por la fuerza a las personas que se encuentran en áreas de riesgo? ¿Lo haría solo así, sin proveer alternativas a los evacuados? Enfocarse en la capacidad coercitiva del Estado para obligar a la gente a evacuar un área no es una solución adecuada ni viable. Aunque ciertamente se necesita un andamiaje legal para definir las responsabilidades que cada quien debe asumir en la reducción del riesgo, reducir la exposición de la población a las amenazas por decreto no va a funcionar, menos aún si las razones para evacuar no se apoyan en evidencia clara y de peso. La transparencia es, al final, también un factor crucial en la gestión del riesgo. Un sistema de alerta temprana podría ayudar a minimizar el impacto de las evacuaciones al reducir el tiempo en que la población permanezca evacuada y al restringir la medida extrema de evacuar solo a los casos más severos. Pero un sistema de alerta temprana también requiere de capacidades para hacer pronósticos sobre la amenaza, comunicar las alertas y proveer la logística para la evacuación.
Hace unas semanas los guatemaltecos vieron, quizá con un poco de nerviosismo, cómo el huracán Matthew comenzó su recorrido mortal en dirección hacia Centroamérica, pero al llegar a las costas colombianas giró bruscamente hacia el norte y sembró destrucción en Estados Unidos y en el Caribe, particularmente en Haití. Al acercarse el fin de la época lluviosa, la probabilidad de tener un desastre de grandes proporciones debido a las lluvias se reduce. Y parece que, al menos en ese frente, Guatemala puede respirar un poco más tranquila. Desafortunadamente es muy probable que, en atención a lo más urgente, y no a lo más importante, todos olvidemos el tema hasta que el temor de nuevos desastres regrese puntual con las lluvias del próximo año. En mi próxima columna daré mi perspectiva sobre lo que creo que podría hacerse a largo plazo para enfrentar este tipo de riesgo.
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