¿El país está perdido sin amparos?

Aclaro que mi intención no es emitir una valoración personal sobre la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, quien a lo largo de diez años de magistratura ha mostrado posturas con aciertos y errores (como todo ser humano), las cuales pueden ser criticadas y estudiadas académicamente, así como recurridas mediante las herramientas que otorga la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Sin embargo, no debemos olvidar que el ejercicio académico y de litigio constitucional no justifica ni legitima la desobediencia a las resoluciones judiciales ni la activación de la persecución penal contra una jueza constitucional que ha emitido criterios en ejercicio de sus funciones y amparada en la independencia judicial.

Hecha esta necesaria aclaración, parto de la siguiente premisa: cuando recurrimos a soluciones legales temporales para problemas de fondo de la sociedad, estas pueden impedir la consolidación de procesos democráticos o ser usadas contra las mismas personas que las legitiman en su momento. Lo anterior ve su materialización en nuestro contexto con la utilización de la herramienta del amparo en los últimos años. Creada con la noble finalidad de ser una garantía contra la arbitrariedad del poder, la cual en el 2021 cumple 100 años en Guatemala, considero que algunos la vieron como un sustituto de la organización política en los procesos de transformación social necesarios para el país en el último lustro.

Es cierto que, en muchos casos, las resoluciones emitidas por la anterior magistratura cumplieron precisamente con la función de ser una garantía contra la arbitrariedad y de defender el orden constitucional (en algunos casos también criticables por su contenido o método para arribar a conclusiones como, por ejemplo, la interpretación extensiva del artículo 113 constitucional para incluir impedimentos para optar a cargos públicos contrarios al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Sin embargo, cuanto más se recurría a la CC, menos resultados se obtenían respecto a la politización de la sociedad o a la construcción de una mayoría legislativa capaz de encauzar al país a los cambios requeridos en materia de transparencia, de derechos humanos y de vinculación de la clase política del país con las necesidades de sus gobernados (un ejemplo de ello, sin simplificar el análisis de sus causas, son los resultados electorales de 2015 y de 2019).

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Así, con una mayoría temporal en la CC, el amparo se convirtió en muchos casos en la red de seguridad con la cual se alcanzaban soluciones a corto plazo a los problemas de fondo del sistema político y democrático de Guatemala. Soluciones exprés que en cierto punto, a mi criterio personal, acomodaron a ciertos sectores a pesar de su poca capacidad de construcción de bases ciudadanas para aspirar al poder. Sin embargo, no debemos olvidar que los cambios que requiere nuestro sistema no dependen de cinco personas en una silla constitucional, sino de generar procesos políticos y sociales de mayorías incluyentes para transformar el país.

El impedimento de la magistrada Porras para tomar posesión será un proceso largo, pero quizá sea el momento de darnos cuenta de que seguir en el camino de darles soluciones jurídicas a los problemas políticos mediante una corte constitucional no es sostenible si la acción no está acompañada de proyectos democráticos de incidencia fuera de las redes sociales y de la mentalidad urbana. Contrario a algunas opiniones, considero que la valoración política y académica de la próxima magistratura de la CC no debe ser hecha por sus electores, sino por sus resoluciones, que, espero, serán emitidas con independencia (anteriormente, magistrados y fiscales han sido satanizados antes de ejercer sus funciones y luego alabados). Pero también deben ser cinco años en los cuales la sociedad no debe perder esa capacidad de indignación ante las injusticias que le permita continuar construyendo consensos y soluciones de fondo para rescatar a Guatemala de los últimos lugares mundiales de calidad de vida y de respeto de los derechos humanos.