El tabú detrás de la tragedia de Nahualá

Los accidentes siempre han ocurrido en todas las sociedades. En el caso de los accidentes viales, la experiencia demuestra que es indispensable estudiarlos con un enfoque epidemiológico seguido de acciones educativas, administrativas y jurídicas que hagan percibir a la gente que no habrá impunidad cuando se trate de deducir responsabilidades.

En consecuencia, para reducir la accidentalidad de manera consistente se requieren leyes, planes y estructuras humanas profesionales con acceso a recursos y presencia nacional. De lo contrario nos pasaremos la vida lamentando el último accidente y esperando no estar en el siguiente.

Desafortunadamente, en Guatemala el debate es efímero y aparece cada vez que ocurre un accidente grave, como el de Nahualá durante la Semana Santa de 2016. En esta ocasión se repitió la tragedia del 9 de septiembre de 2013 en San Martín Jilotepeque, donde hubo 48 muertos y 37 heridos. Como en ocasiones anteriores, de nuevo hay emotivos llamados al vacío, parches administrativos, transferencia de la culpa y hasta algún imbécil proponiendo que se elimine la regulación estatal para que el mercado se encargue de sacar del negocio a los empresarios irresponsables.

En pocas palabras, el sistema de transporte, que se encuentra en manos privadas y que no está sujeto a una regulación eficiente, provoca que los pilotos del servicio extraurbano sobrecarguen los buses y excedan la velocidad permitida, ya que eso les permite aumentar su ingreso. Esa es la contribución del modelo neoliberal a la problemática vial, que se agrava con la pasividad y la tolerancia de la población. La utilización de motores potentes o el estado de las carreteras son factores de riesgo, pero el factor humano y la ausencia de regulación estatal son determinantes.

Es evidente que el Estado no ha cumplido su función y que, por el contrario, ha promovido los privilegios sin atacar los problemas de fondo. Incluso puede afirmarse que se ha retrocedido en materia de accidentalidad, toda vez que la gestión de riesgos se orienta institucionalmente a reducir eventos mayores y que los accidentes viales no son competencia de ninguna institución, salvo de manera tangencial. Del mismo modo, el modelo neoliberal, incapaz de generar un transporte público aceptablemente seguro, no tiene otra propuesta que más de lo mismo, es decir, proteger los negocios y que cada persona asuma los accidentes como productos de sus decisiones y su responsabilidad personal.

Lo más preocupante es que se ha construido un falso consenso en torno a este y otros temas de interés nacional. Y digo falso consenso porque en el discurso público parece que todo el mundo está de acuerdo en la importancia de reducir la siniestralidad vial. Sin embargo, tarde o temprano aparece el tema tabú para las clases dominantes: los impuestos. Y es que para aumentar la capacidad de regulación del Estado en este y otros temas se necesita una reforma fiscal integral, en la cual toda la sociedad pague más impuestos, pero de manera progresiva. Es decir, que paguen más quienes ganan más.