La ubicación estratégica de Guatemala dentro de la región mesoamericana favorece condiciones de especial vulnerabilidad para hombres y mujeres migrantes (guatemaltecos, centroamericanos, sudamericanos y extracontinentales) en torno a la existencia de redes de trata a lo largo de los corredores de internación en el país, rumbo a México.
Los tratantes, al convertir a sus víctimas en mercancías, identifican y toman ventaja de las vulnerabilidades de estas, las despojan de los elementos más profundos de su dignidad de personas y las insertan en una dinámica de violencia cuyo abordaje es complejo y cuyas secuelas son perdurables a lo largo del tiempo. La esperanza y el deseo de lograr una mejor condición de vida se convierten, en muchos casos, en el detonante para convertirse en víctimas de los tratantes, con la posibilidad de caer en el engaño en cualquier momento y de convertirse en víctimas de diversos tipos de explotación.
En el ámbito de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la manera como estas redes trabajan expresa un escenario de impunidad, y tal vez hasta de complicidad (por acción u omisión) por parte de la institucionalidad nacional. Es común leer en distintos diarios del país anuncios en los cuales se ofrecen trabajos para señoritas en cafeterías o cervecerías, que sirven como camuflaje de una extensa industria de prostitución que incluye niñas, adolescentes y mujeres adultas. En el contexto de la migración, las redes de trata identifican a mujeres que viajan solas o con hijos pequeños y las interceptan para ofrecerles un trabajo bien remunerado, cuidado de sus hijos, hospedaje y alimentación, con lo cual las convierten en rehenes a merced de sus captores, quienes las captan por medio de volantes o afiches en terminales de bus y mercados sin que la Policía Nacional Civil u otras instituciones hagan algo al respecto.
«… Nosotras somos de Honduras. Salimos por Corinto y vinimos aquí, a Petén. Íbamos al Norte, pero unos muchachos nos ofrecieron trabajo a mi hermana y a mi aquí […] Al principio fue muy duro. Nunca nos imaginamos haciendo esto, pero ya nos acostumbramos y ganamos buen dinero. Mandamos remesa a Honduras con lo que nos pagan acá […] Cuando uno es pobre, tiene que sufrir porque no tiene otra cosa que hacer. Mis papás no saben a qué nos dedicamos. Nosotros les dijimos que aquí está mejor la situación y que estamos bien, pero nada más. No sabemos cuándo vamos a regresar…».
Testimonio de mujer hondureña en el municipio de La Libertad, Petén. Trabajo de campo, 2014
Pero el fenómeno de la trata es multidimensional y abarca otros ámbitos más allá de la explotación sexual. Recientemente, los medios noticiosos han publicado la desarticulación de la red Luis Guatemala, que se dedicaba al trasiego de migrantes extracontinentales desde Panamá y Brasil hasta Guatemala para finalmente enviarlos a México, país que intentarán cruzar para luego pasar clandestinamente a Estados Unidos. El viaje (de Panamá a Guatemala) costaba $2 500. Sin duda, estos migrantes, en su condición de vulnerabilidad, están dispuestos a todo tipo de vejaciones a sus derechos humanos en un viaje cuya garantía de éxito es bastante lejana, a menos que sigan enganchándose a redes de coyotaje para cruzar México y llegar al país del norte.
Dentro de la comprensión y el combate del delito de trata de personas se ha llegado a la convicción de que existen situaciones en común que repercuten en su generación e incidencia, entre ellas la migración, la pobreza y la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar, los patrones culturales arraigados y el limitado acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a la justicia integral. Estas y otras situaciones configuran contextos de vulnerabilidad que exponen a las personas a ser víctimas de este delito, en los que la única diferencia vendrá dada por la modalidad de explotación a la que se les destine.
El Estado de Guatemala, en aras de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en los planos nacional e internacional en materia de trata de personas, promulgó en 2009 la Ley contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas, decreto 9-2009 del Congreso de la República, que contempla tres aspectos fundamentales: 1) la creación de una secretaría contra la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, órgano encargado de articular, coordinar y asesorar a todas las instituciones del Estado para concretar acciones destinadas a prevenir, atender, detectar, perseguir y sancionar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas; 2) la institucionalización del sistema de atención, protección, repatriación y restitución de derechos de las víctimas de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas; y 3) la reforma de los delitos tipificados en el Código Penal, especialmente lo relativo al delito de trata de personas.
En ese orden de ideas creó también la Política pública contra la trata de personas y protección integral a las víctimas 2014-2024, que contempla un proceso de actualización y revisión de conceptos, categorías, procedimientos, objetivos, metodología y plan de acción, de tal modo que establece una temporalidad que permite atender todos los puntos mencionados y vincular a todas las instituciones del Estado en los principios de prevenir, reprimir y sancionar.
Solo hace falta que las guatemaltecas y los guatemaltecos nos sensibilicemos respecto al tema, asumamos un papel activo y exijamos a los entes públicos encargados de garantizar los derechos humanos de las personas que cumplan con su obligación y asuman posturas de respeto, y no de vulneración, de modo que se eviten las violaciones por acción, omisión o exclusión que, en el caso de los migrantes que transitan por el territorio nacional, hombres y mujeres, tienen su origen en la premisa de que no son de acá.
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