Por supuesto, el rescate violento del reo Anderson Daniel Cabrera Cifuentes se produjo debido a razones múltiples, complejas de listar y caracterizar completamente. Lo que es probable es que la corrupción jugó un papel.
Las investigaciones apenas empiezan y todavía es poco lo que se sabe. Las primeras reacciones señalaron como responsable al juez Pablo Xitumul por haber autorizado el traslado de Cabrera de la cárcel de Fraijanes II al hospital Roosevelt. Xitumul se apresuró a aclarar que la decisión estaba fundamentada en un oficio del Sistema Penitenciario en el cual, según criterio de un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se recomendaba el traslado luego de que una evaluación en la clínica del penal concluyera la necesidad de atención hospitalaria debido a incrustaciones de esquirlas.
La típica cadena de acciones que por una u otra razón condujeron a la tragedia y al desastre. Todos los actores tenían una coartada o excusa lista, independientemente de su legalidad o legitimidad. Este caso es paradigmático de cómo hasta el momento cada actuación parece haber estado amparada en una decisión autorizada y consignada en un documento legal. Un escenario con el inconfundible hedor de la corrupción: la probabilidad de que alguien en esta cadena de actuaciones y responsabilidades girara una instrucción o autorizara una acción legal sin causa justificada, amañada o falsa, a cambio de un soborno o producto de la intimidación (omitiendo la denuncia a que obliga la ley y con ello asociándose para delinquir o encubriendo al delincuente) es altísima.
Que el origen de esos estamentos de poder criminal tiene que ver con conflictos entre las pandillas y con la capacidad que les otorga a estas el caudal de armas y recursos económicos que han acumulado es innegable. Pero, para ejercer ese poder, tarde o temprano deben interactuar con las autoridades del Estado, las cuales detentan cuotas de poder nominal. Un médico del Inacif, una autoridad o mando medio del Sistema Penitenciario, la Policía o un juez. Será cuestión de las investigaciones lograr encontrar en qué eslabón de la cadena de acciones y responsabilidades se produjo el delito que terminó en tragedia.
Quizá sea morboso especular qué pasa por la mente y la conciencia del médico-autoridad penitenciaria-policía-juez, o de quien haya sido, al momento de recibir un soborno u omitir una denuncia y hacerse cómplice del crimen y después, al momento de conocerse la magnitud de la tragedia que contribuyó a producir. ¿Será el cargo de conciencia que uno esperaría como reacción humana natural? ¿O acaso se trata ya de mentes y corazones tan endurecidos que ni cargo de conciencia sufren?
A mi juicio, una de las mejores definiciones de poder es la capacidad de lograr que otro haga lo que uno quiere. Tengan o no cargo de conciencia los cómplices, el hecho es que Cabrera, un reo condenado por crímenes horrendos, está libre gracias a la acción de estos cómplices en una entidad estatal, posiblemente corruptos, y gracias a los sicarios y a toda la estructura de estos. Es una demostración de poder muy grande, y estoy convencido de que, en buena medida, es gracias a la corrupción y a la impunidad. En eso, el salvatrucha Cabrera es idéntico a cualquier criminal de cuello blanco recluido en la cárcel VIP del Mariscal Zavala.
Idéntica es la forma en que la corrupción ha matado en este caso de un salvatrucha fugado y en el de los empresarios y funcionarios corruptos del caso IGSS-Pisa, solo por mencionar uno de muchos ejemplos. La corrupción mata.
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