Mina San Rafael: 7 meses y medio de protesta frente a la CC

Son las 9:30 de la mañana. Frente a la Corte de Constitucionalidad, los hermanos Sebastián y Aníbal Pineda desayunan tras pasar la noche en la carpa instalada frente a la Alta Corte. Junto a ellos, otra pareja de hermanos: Cruz y Aníbal Valenzuela. Todos ellos son originarios del área de Santa Rosa, donde opera la mina San Rafael. Opera, u operaba, porque hoy se cumplen 300 días desde el fallo con el que la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender las operaciones de la empresa. A la espera de que la de Constitucionalidad ratifique la sentencia, opositores al proyecto llevan siete meses y medio acampados frente a su sede, en la zona 1 de la capital. Las mantas y los carteles se han convertido en parte del paisaje. Los pobladores realizan turnos de 24 horas. Las dos parejas de hermanos, junto a otros compañeros, marcharon a mediodía y tenían previsto regresar el domingo.

“Es necesario determinar el cierre del proyecto”. Moisés Divas es originario de Casillas, el principal municipio de Santa Rosa. Trabaja para la Iglesia Católica y acompaña a los disconformes con la mina. Los comunitarios alegan los daños a la naturaleza para exigir la clausura de la empresa extractiva, en funcionamiento desde 2013 hasta su paralización el 5 de julio de 2017. En opinión de Divas, la compañía tampoco ha podido acreditar un beneficio económico para la comunidad. “Prueba de ello es la inconformidad que hay en la población”, considera.

La CSJ ordenó que los trabajos se detuvieran con el argumento de que no se había cumplido con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula las consultas a pueblos indígenas. Aceptaba así el amparo presentado por el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), que aducía que los municipios de Mataquescuintla, en Jalapa, y de Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores, en Santa Rosa, están habitados por indígenas xincas, pero no fueron consultados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

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El conflicto ahora está sobre el tejado de la CC. En su toma de posesión, la nueva presidenta, Dina Ochoa, vaticinó una resolución sin atreverse a poner fecha.

Además de la protesta frente a la corte, los disconformes con la mina mantienen un plantón en el municipio de Casillas, donde impiden el paso de los trabajadores de la empresa desde hace más de 300 días. Esa protesta comenzó ante las sospechas de que las explosiones para extraer el mineral habían causado daños en varias viviendas de la población. Tal extremo nunca ha sido confirmado por las mediciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh). Los vecinos, sin embargo, no se fían de las instituciones.

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Los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael, filial de la empresa canadiense Tahoe Resources, están dedicados a la extracción de plata. Actualmente la compañía da trabajo a unas 500 personas, según Andrés Dávila, su director de comunicación, que explica que la parada obligada en los trabajos les forzó a despedir a la mitad de la plantilla, otro medio millar de personas.

La empresa todavía no ha hecho públicas las pérdidas sufridas durante el último año. Sin embargo, Dávila ofrece algunas cifras sobre las pérdidas que, denuncia, ha provocado este período de parón forzoso: Q 1.537 millones han dejado de ingresarse en las arcas guatemaltecas, 5,1 millones diarios en concepto de pagos a proveedores (3,6 al día), impuestos y regalías (1,1 millones) y salarios (Q500.000). También, denuncia, los empleados son detenidos y registrados de forma ilegal cuando transitan por las inmediaciones. Afirma haber interpuesto una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Durante los últimos meses, se ha desarrollado una intensa campaña a favor de la mina que ha repetido por varios canales estos argumentos económicos con la intención de ponerle presión a la Corte.

En opinión del representante de San Rafael, la CC tiene un antecedente para fallar y permitir que la empresa siga operando: la sentencia sobre la hidroeléctrica Oxec (Alta Verapaz), hecha pública el 26 de mayo de 2017 y que, aunque reconocía que el Estado no había consultado a los comunitarios, permitía a la compañía seguir operando, dando un plazo de un año para llegar a un acuerdo con los pobladores a través de la participación. “Ellos trazaron la línea”, considera.

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Por el momento, en San Rafael solo se llevan a cabo trabajos de mantenimiento y gestión ambiental, dice Dávila. Durante un tiempo, la empresa acarreó el combustible en helicóptero, debido a que el plantón en la carretera impedía a los proveedores acceder a las instalaciones.

“Si la corte resuelve apegada a derecho, la decisión más elocuente, clara y sana es el cierre definitivo del proyecto”, dice Moisés Divas. En su opinión, el Gobierno de la República debe abordar un debate sobre “los modelos de desarrollo económico o las políticas de inversión en las comunidades”. “No es que al oponerse la gente está diciendo que se opone al desarrollo, sino a cuál debe ser la política de desarrollo que se debe implementar”, afirma.

Desde hace siete meses, las mantas con los lemas contrarios a la mina San Rafael decoran el acceso a la Corte de Constitucionalidad. El lunes 9 de abril se celebró una nueva marcha para exigir el cierre definitivo de las instalaciones. Ese mismo día, el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzando Nacional (PAN), solicitaba a la Policía Nacional Civil, a través de una carta, que se desalojase las inmediaciones de la corte y los disconformes fuesen arrestados.

“No estamos haciendo nada ilegal. La Corte está en su actividad, se evacúan audiencias, no estamos coartando los derechos de nadie”, se defiende Divas.

Hasta que la Corte de Constitucionalidad emita el fallo, la situación se encuentra en un “impasse”. La mina, clausurada. Y los opositores al proyecto, protestando en el kilómetro 80 a la altura de Casillas y frente a la sede del tribunal.