Los manifestantes exigían la recuperación de los lagos, ríos y costas contaminados, desviados o acaparados por grandes empresas. Buscaban alertar a la población sobre los problemas que enfrentan las comunidades de todo el país frente a la escasez de agua, o su mal uso. Además, querían mostrar su rechazo a la criminalización de las luchas por la defensa de los recursos naturales.
No fue una caminata de placer: el sol ardiente y el frío de la noche fueron acompañantes de los campesinos que marchaban. La hostilidad de los conductores de automóviles y camiones fue también una constante. Según Marvin Morales, de la Cruz Roja, médicos y enfermeros atendieron, a lo largo del camino, a 630 personas por problemas como deshidratación, hipertensión, dolores musculares, azúcar alta, fiebres y diarreas.
Al llegar, el sentimiento general era de esperanza: la de ser escuchados por las autoridades, la de poder dar a conocer los problemas en las comunidades. Los campesinos expresaron sus temores, sus luchas y sus dificultades para seguir subsistiendo del producto de la tierra. Estos son algunos de los que marcharon, gritaron consignas, sufrieron, y, por fin, se apostaron frente a la Corte Suprema de Justicia, frente al Congreso, frente al Palacio Nacional, para exigir que sus derechos sean respetados.
Javier Ramírez: La Guatemala más árida
De baja estatura, cara redonda, pequeño bigote y piel tostada por el sol, Javier Ramírez es un campesino Ch’ortí’ originario del caserío Talco Tisipe, Camotán, Chiquimula. Viene de caminar siete días desde Morazán. “Fue bonito. Estamos cansados, pero estamos en la lucha”, dice. Sus reivindicaciones: “alertar sobre el tema del agua, de los bosques. Decirle no a la minería, a las hidroeléctricas y al canal interoceánico”. En el camino, relata, cruzaron dos ríos, pero a pesar del calor, no quiso bañarse. “Había demasiada contaminación, desechos y animales muertos”. Solo tomaron muestras de agua para traerlas a la capital.
Javier Ramírez es agricultor. Desde hace dos años, sus esfuerzos por obtener algo de la tierra han sido vanos. El cambio climático ya se hace sentir en un corredor seco cada vez más largo y más ancho. “El año pasado no se dio, y este año tampoco sacamos nada”. La causa, dice, es la deforestación. Como ya no hay árboles, ya no llueve. ¿La única forma de sobrevivir en estas condiciones? Ir a “jornalear”. Ramírez deja su hogar para trabajar a las fincas de café del lado hondureño. Pero allí también, la sequía afecta la cosecha, y por tanto, hay menos trabajo para los campesinos empobrecidos de Chiquimula.
Juliana Chuj: En defensa del lago de Atitlán
Juliana Chuj vive en El Tablón, a la par de la cabecera de Sololá. Es miembro de una organización de mujeres que produce y comercializa alimentos con amaranto, un cereal muy nutritivo originario de Mesoamérica. Entre los productos, hay harina, poporopos, galletas y dulces. Juliana quisiera que estos alimentos sustituyeran a la comida chatarra que venden en las tiendas.
Juliana marcha para que las empresas dejen de desperdiciar y contaminar tanta agua. “Como pueblos mayas, sin agua no podemos vivir”, comenta. En su comunidad no hay escasez de agua, pero en otras aledañas sí: el agua llega apenas dos o tres veces por semana. Pero, sobre todo, le preocupa el lago de Atitlán, que, explica, recibe las aguas servidas de los hoteles y restaurantes. “Eso nos afecta”, zanja.
Luis Icoxo: La deuda petrolera
Frente a la Corte Suprema, entre la bulla de una batucada, destaca un sonriente grupo de campesinos Q'eqchi’es que sostiene una manta escrita a mano que dice: “Fuera Latin American Resources”. Son originarios de la aldea Las Tortugas, Cobán, Alta Verapaz. Amable y sonriente, Luis Icoxo explica su lucha contra una empresa petrolera que extrae 150 barriles de crudo diarios de su comunidad.
“Cuando ingresó en 2005, la empresa ofreció trabajo para todos, luz, carretera, agua entubada y becas para los jóvenes. Y hasta la fecha, solo a dos o tres personas enganchó, y los demás, a cruzar los brazos. No cumplieron nada de lo que prometieron. Una vez quisimos platicar con ellos, pero no hubo resultado. Entonces, bloqueamos sus camiones en la carretera, pero nos mandaron a la policía y al juez. Por eso estamos inconformes”. Para apoyar su lucha, la comunidad de Las Tortugas se ha acercado al Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una de las organizaciones con mayor presencia en la marcha por el agua.
Como no tienen agua entubada, pese a las promesas de Latin American Resources, cada familia debe cavar su propio pozo. Pero el agua, afirma Luis Icoxo, no es buena para el consumo humano, y muchas veces sale colorada de tierra. Por eso marcharon desde Purulhá. Una marcha llena de vicisitudes. “Fue bien cansado. Sufrimos hambre y sed porque no teníamos pisto para comprar agua. A veces dormimos en el polvo, sin petate, ni chamarra para el frío”.
“Ya queremos regresar. Ojalá que las autoridades nos escuchen porque si no, vamos a tener que aguantar aquí a saber hasta cuándo”, concluye sonriente.
Una fugitiva en la ciudad
La mujer está recostada contra un poste de luz, visiblemente agotada. De unos 40 años, robusta, viste el tradicional corte ondulado de las indígenas q'eqchie's. Se encuentra ahora ante un dilema: preferiría no hablar, pero tampoco quiere decepcionar al periodista que insiste con sus preguntas. Al final, accede a explicar por qué participa en la marcha. “Nosotros luchamos por nuestra agua, por nuestra tierra, y porque se respeten nuestros derechos”, exclama.
Se le pregunta su nombre. Otra vez se muestra incómoda, titubeante. Voltea a ver a sus compañeros, y pide consejos en q’eqchi’. Al final suelta: “es que mejor no le doy mi nombre porque tengo orden de captura”. La acusan, cuenta, de haber provocado un incendio, cargo del que se declara inocente. Todo, a causa de un conflicto entre su comunidad de Baja Verapaz y un finquero. “El finquero dice que somos invasores, pero no es cierto, nosotros somos nativos de allí. Mi papá vivió 65 años en ese lugar. Mi mamá murió allí. Yo allí nací y allí estoy viviendo. No somos invasores, tenemos derechos”. ¿Cuál es su sentimiento con respecto a la marcha de hoy? “Es cansado, pero qué le vamos a hacer. Hay que luchar por el agua y la tierra”, dice, antes de perderse entre la multitud.
Jesús Yanes: en pie de lucha por el Madre Vieja
Jesús Yanes, corpulento habitante de la Trocha 14, Nueva Concepción, Escuintla, se altera cuando piensa en las agroindustrias que siguen desviando el río Madre Vieja. “Esos cerotes no hicieron nada de lo que prometieron”, reclama.
A principios de marzo, tras 20 años de protestas sin fruto, las 98 comunidades del Madre Vieja decidieron abrir las presas y los desvíos que se llevaba toda el agua del río hacia las plantaciones de palma africana (agroindustrias Hame), y caña de azúcar (ingenios Pantaleón, Madre Vieja y Magdalena). Luego de esas acciones espectaculares, accedieron a sentarse a negociar con las empresas y las autoridades. Mientras conversaban las empresas volvieron a levantar los desvíos. El tiempo de las comunidades ha corrido en mesas de negociación interminables y convenios que no se cumplen.
“Nos están dando de largas. Están esperando el invierno esos hijos de puta”. El río Madre Vieja ya no corre hasta el mar, ni alimenta los pozos de los pequeños agricultores de la parte baja del río. No es de extrañar que de Nueva Concepción hayan llegado 175 personas, incluidas el alcalde. No es de extrañar que una de las principales reivindicaciones de la marcha sea poner fin al robo de ríos.
Valdomera Xunic: Sumpango no quiere a la cementera
Valdomera Xunic, mujer bajita de 54 años, se unió en la capital a la marcha por el agua junto a sus dos hijas, Judith y Ruth, de 20 y 22 años. Esta familia de agricultores vive y trabaja en Sumpango, Sacatepéquez. Siembran maíz, frijol, tomate, chiles, güicoyes. “En Sumpango se da de todo, pero si no tenemos agua...". Las mujeres no son parte de ninguna organización. Llegaron por iniciativa propia. ¿Cómo se enteraron de la marcha? “Por Facebook”, contesta Valdomera, y señala a sus hijas.
Valdomera y sus hijas están preocupadas por la inminente llegada de Cementos Progreso al municipio. Ya están en Santo Domingo Xenacoj y en Santiago Sacatepéquez, explica. Y en Sumpango, ya compraron terrenos. “Sin el agua no somos nada. Pero ellos solo contaminan y secan los ríos”, acusa. “Las mineras quieren tomar un nacimiento de agua, y eso nos va a afectar”, insiste. Como prueba de la inminencia de la llegada de estas empresas, está, según Judith, la construcción de varias torres de electricidad de la empresa Trecsa. Según sabe, son para proveer de electricidad a las empresas, pero en Sumpango, muy poca gente tiene conciencia de estos proyectos.
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Más allá de la caminata
A lo largo del día, los representantes de las comunidades se reunieron con los tres poderes del Estado. Ante la Corte Suprema de Justicia, pidieron que cese la criminalización de las protestas sociales, en particular las luchas por el agua. Pidieron al sistema de justicia que haga valer la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que exige el cese de las actividades de la mina El Tambor, en San Pedro Ayampuc. A los diputados, pidieron que se tipifiquen los delitos de desvío de ríos y de fumigación aérea. Pidieron también que los debates en torno a la aprobación de la ley de aguas sean públicos y trasparentes. Explicaron a los diputados que la ley debe entender el agua un bien común no privatizable y debe considerar a las comunidades indígenas guardianas del agua.
Como explica María Dolores Marroquín, de la Asamblea Social y Popular que convocó la marcha por el agua, se instaló también un “congreso popular” cuya primera misión fue conocer unas 70 denuncias. Denuncias planteadas por las comunidades en contra del Estado, de las municipalidades y de varias empresas en todo el país. “Existe una lógica de alianza público-privada, en la que el Estado se alía a las empresas en contra de la población”, acusa María Chúa Domínguez, de la Red de Rebeldía Ciudadana, que participa en la coordinación de la marcha. Los responsables del desvío de los ríos de la Costa Sur o las empresas hidroeléctricas en el Norte recibirán una condena simbólica por parte de los representantes de las comunidades.
Por fin, las organizaciones entablaron pláticas para redactar un documento llamado “Declaración de los pueblos de Iximulew sobre el derecho a la vida, la madre tierra, el territorio y el agua.” Para Mario Sosa, investigador de la Universidad Rafael Landívar y parte de la Asamblea Social y Popular, este documento es “una especie de decreto que se dan a sí mismas las comunidades.”
Al final de la tarde, bajo un fuerte aguacero, la mayoría de los caminantes de la marcha, pacífica en todo momento, volvieron a sus lugares de origen.
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Aquí nuestra serie: Agua
