«Plan Colosio»: la tentativa de asesinar a Bernardo Arévalo y la vinculación de agentes estatales

La noche del domingo 20 de agosto de 2023, decenas de periodistas nacionales e internacionales esperaban en el Hotel Las Américas, ubicado en la ciudad de Guatemala, la conferencia de prensa de Bernardo Arévalo  y Karin Herrera, binomio presidencial que ese día ganó la segunda vuelta electoral contra la candidata Sandra Torres. La conferencia se retrasó sin que en ese momento se supieran los detalles.

Este jueves 24 de agosto, la Cidh publicó la resolución de una orden al Estado de Guatemala para que tome medidas cautelares a favor del binomio electo —estas acciones son ordenadas por la Comisión ante casos donde una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable—.

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El documento revela que la noche de ese domingo, cuatro investigadores de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión se presentaron al hotel para advertir a Arévalo que su vida estaba en peligro, ya que esa unidad del Ministerio Público recibió información privilegiada que apuntaba a que integrantes de estructuras criminales de pandillas tenían un plan para atentar contra su vida. Esto también habría sido informado a la Policía Nacional Civil.

En el mismo documento, la Cidh revela que el partido Movimiento Semilla también que cinco días antes de la segunda vuelta electoral, el equipo de seguridad de Arévalo recibió «información preocupante» sobre la existencia del «Plan Colosio», una estrategia para asesinarlo con «participación de agentes estatales e individuos particulares». En esas mismas fechas, Arévalo le dijo al medio The New York Times que tenía conocimiento de que estaba siendo perseguido y monitoreado por la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), un extremo que el Ministerio de Gobernación negó rotundamente.

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Según la información revelada por la Cidh, Arévalo reportó que a partir del 3 de julio, una semana después de las elecciones generales donde avanzó a segunda vuelta, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales con alto grado de fiabilidad y que no se conocen entre sí, le advirtieron de la existencia del plan, haciendo referencia al asesinato de Luis Donado Colosio, candidato del PRI mexicano, ocurrido en 1994.

En la resolución de la Cidh se describe que según el equipo de Arévalo, el Estado tenía conocimiento de estas amenazas y que pese a ello no desactivó los riesgos mediante una investigación adecuada, sino se limitó a «indicar que no había recibido denuncias, pese a que estos hechos deben ser perseguidos de oficio».

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Para esas fechas, el esquema de seguridad de Arévalo era escaso y tuvo que recurrir a agentes privados. Ante las amenazas recibió un refuerzo de parte del gobierno a Alejandro Giammattei a través de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), consistente en 20 agentes distribuidos por turnos y que no están con el candidato de forma permanente.

Otra de las preocupaciones graves que el equipo de Semilla expuso ante la Cidh, es que Arévalo se movilizaba en un vehículo prestado con un blindaje de nivel tres, el que estaría por debajo de lo recomendado por expertos para un persona en posición de riesgo como él, que debería conducirse en con un blindaje nivel siete.  La misma situación se reportó con Karin Herrera, vicepresidenta electa, quien utiliza un vehículo blindado prestado por un simpatizante.

«Los esquemas de seguridad no resultarían lo suficientes para desactivar estos niveles de riesgos tan elevados y resultaría más que urgente reforzarlo», subraya el fallo de la Comisión.

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Entre la lista de hechos que Semilla y Arévalo reportaron a la Comisión, se suma filtraciones de información de procesos penales contra el partido a cuentas  anónimas de Twitter, principalmente el usuario ¡Yes Master!, que ha tenido acceso sin restricciones al caso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), cuando los abogados del partido han requerido conocer el expediente en más de 25 ocasiones sin que el Ministerio Público acceda. 

También denunciaron que el 9 de julio pasado, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, habría amenazado con perseguir a Arévalo de León penalmente «por varios delitos graves» y que publicó expresiones como «preso o prófugo», una advertencia de que lo llevaría a prisión o lo forzaría al exilio, como ha ocurrido con otros jueces, fiscales y periodistas bajo el ojo de esta organización de extrema derecha.

En la respuesta enviada por el Estado a la Cidh se señala que el gobierno consideró que «no se advierte ninguna situación de gravedad» y que los ataques en redes sociales contra Semilla y sus candidatos «son consistentes con la emisión de opiniones públicas y al encontrarse dentro de la libertad de expresión no pueden ser perseguidas o sancionadas por el Estado».

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Este mismo día, Arévalo dijo a medios de comunicación que ya fue notificado de las medidas cautelares y que se reuniría con el Gobierno de  Giammattei para coordinar qué acciones se tomarán.

Sobre el Ministerio Público, la Comisión advirtió que existen antecedentes de preocupación sobre la persecución judicial y la falta de independencia de la Fiscalía, que ha procesado a más de una decena de exfiscales que investigaron corrupción y que ha tenido «injerencias en el proceso electoral».

Lo que revela la Cidh levantó reacciones, entre ellas la de Juan Francisco Sandoval, exfiscal en el exilio por denuncias presentadas por la Fundación contra el Terrorismo, quien fue destituido de su cargo por la fiscal general Consuelo Porras, cuando sus investigaciones apuntaban al presidente Giammattei.

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«No ha sido suficiente utilizar el sistema judicial, ahora utilizan las estructuras de seguridad del Estado para intentar privar de la vida a Bernardo Arévalo y Karin Herrera», escribió en Twitter.

A partir de la notificación de las medidas cautelares a favor del binomio presidencial electo, el Estado de Guatemala tiene 15 días para informar sobre qué medidas adoptó para resguardar su vida e integridad física.

Esta semana el partido Semilla suspendió su celebración pública por la elección de Arévalo y Herrera; ambos tampoco acudieron a la Plaza Obelisco, donde la noche del domingo 20 de agosto miles de personas simpatizantes acudieron a festejar el triunfo en las urnas; en esa oportunidad saludaron desde uno de los balcones del Hotel Las Américas.

La última aparición del binomio electo en un evento al aire libre y masivo fue durante su cierre de campaña, donde estuvo rodeado de un gran dispositivo de seguridad.