El lunes 26 de agosto el Ejecutivo recibía como un revés importante que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgara un amparo provisional suspendiendo temporalmente la aprobación del Decreto número 16-2024, con el cual la nueva alianza en el Congreso había aprobado la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo. Ese decreto y el proceso de su aprobación estuvo plagado de errores de forma y fondo, los cuales fueron aprovechados por los grupos de oposición más agresivos, logrando rápida y fácilmente que la CC los favoreciera con un amparo provisional.
Al día siguiente, martes 27, el Ejecutivo y la nueva alianza legislativa dieron una impresionante demostración de fuerza. Prepararon una nueva iniciativa de ley, la cual fue procesada con una rapidez casi sin precedentes, presentada a la Dirección Legislativa, conocida mediante una moción privilegiada y aprobada con mayoría calificada. Todo esto, en un solo día.
Acá hago una pregunta fundamental. ¿Por qué para aprobar la ampliación presupuestaria sí es posible este despliegue impresionante de poder político y no para, por ejemplo, modificar la ley orgánica del Ministerio Público y, con ello, lograr sacar a Consuelo Porras?
Claramente los Q14 millardos de la ampliación presupuestaria fueron un incentivo poderoso y fuerte para la mayoría de las y los diputados. De estos, son especialmente preocupantes, por vulnerables a abusos y las prácticas corruptas de siempre, los aumentos de Q1,881 millones al aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y los Q1,000 millones para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).
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Los Codede históricamente han sido pasto de la corrupción, autopistas de alta velocidad para contratos y proyectos amañados que terminan beneficiando a diputados distritales, alcaldes, gobernadores, financistas de campañas electorales y otros estamentos del poder político local. Con el incremento aprobado, el Maga debe comprar de manera directa, es decir, sin la obligación de usar las modalidades de adquisición pública más transparentes y competitivas, Q400 millones en fertilizantes, Q25 millones en semillas y Q75 millones en herramientas agrícolas. Pero, abundan los casos de corrupción en, justamente, la adquisición pública de esos insumos agrícolas, con contratos y fraudes que han beneficiado a empresas vinculadas a diputados, alcaldes y financistas de campaña electoral.
La ampliación presupuestaria debe considerarse solo un éxito cuando su ejecución rinda los resultados ofrecidos por el Gobierno, con total y plena transparencia, libre de estos riesgos y peligros de corrupción. Una tarea muy difícil, toda vez las estructuras corruptas continúan enquistadas en las municipalidades, en los Codede y en los ministerios y secretarías, y solo quedan cuatro meses para lograrlo. En los primeros ocho meses de 2024, solo se ha ejecutado el equivalente al 12 % del presupuesto ampliado para transferencias para los Codede, ¿se puede garantizar la ejecución del 88 % restante en solo cuatro meses, de manera eficaz, eficiente y libre de corrupción?
La nueva alianza legislativa solo podrá considerarse un éxito político del presidente Arévalo cuando demuestre que puede aprobar legislación legítima. Y la prueba de su valor debería ser que, con la misma rapidez, fuerza y contundencia que aprobaron la ampliación presupuestaria, aprueben las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Y por qué no se aprueba también con ese mismo ímpetu la ley de aguas, las leyes para el desarrollo económico y otros derechos fundamentales de las mujeres, o la ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia?
No vaya a ser que nos pase la del viejo y sabio refrán que reza, «músico pagado, toca mal son».
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