Cierra un hospital COVID19 mientras Salud se propone atender a menos pacientes
Cierra un hospital COVID19 mientras Salud se propone atender a menos pacientes
La crisis sanitaria en Guatemala va en aumento. Mientras los hospitales colapsan y la gente recibe atención en sillas plásticas o el suelo, el Ministerio de Salud pide más presupuesto, aunque todavía le sobra. Además, redujo su meta de atención de pacientes de accidentes y violencia.
«No te pude sacar, no te pude sacar. Me dijiste que ibas a regresar. Te amo, mi amor», lloraba una mujer mientras tocaba las ventanas de un vehículo con el ataúd de su familiar, José Alberto Barrios, de 53 años. Falleció de COVID19 en el Hospital Temporal del Parque de la Industria.
La escena ocurrió minutos después del anuncio en conferencia de prensa de un grupo de médicos de primera línea de este centro asistencial: a partir del 1 de septiembre no recibirán a nadie más.
«Debido a la saturación de casos el recurso humano se hace insuficiente para atender el volumen de pacientes que requieren atención médica», leyó uno de los médicos.
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La crisis en el Parque de la Industria inició el 24 de marzo de 2020, cuando el presidente Alejandro Giammattei ofreció un lugar con espacio para 3,000 personas, pero opera solo con 300 y con constante desabastecimiento de medicamentos, insumos y personal médico.
Desde marzo de 2020 este centro atendió a unos 19,000 pacientes de COVID19 y llegó a operar sobre el 150% de su capacidad, informaron a través de un comunicado.
En la tercera ola de la pandemia y con cinco cepas diferentes en el país, la vida en el Parque de la Industria es un ciclo: Las camas se llenan, algunos pacientes recuperan la salud, otros mueren, se habilitan espacios, de nuevo más enfermos, unos se recuperan, otros mueren.
«Se trabaja así, a la espera de 20 pacientes egresados o diez fallecidos», describió una médica de ese centro asistencial que habló en el anonimato.
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El cierre de este hospital llega en el momento más crítico de la pandemia en Guatemala. Para el 25 de agosto, en el país había 49,539 casos activos y 11,552 personas fallecidas a causa del virus. El 82% del territorio nacional se encontraba en alerta roja, el 34% de las pruebas realizadas daban resultado positivo y el 5% de los contagiados necesitaban ser internados.
Las personas infectadas pierden una opción para recibir asistencia médica, ocurre una semana después de las proyecciones del Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS): para el 11 de octubre habrá 2 millones 627 mil casos acumulados. Es decir, cuatro veces más que el 23 de agosto. En el cálculo de ambas instituciones habrá el doble de fallecidos, un aproximado de 25,156.
Francisco Coma, viceministro de Hospitales, comparó la cantidad de camas para pacientes con COVID19 al principio de la pandemia, 840, con la actual cifra de 2,779. De las dispuestas para enfermos graves el 97% están ocupadas, informó el 25 de agosto en conferencia de prensa.
Pese al escenario catastrófico previsto por las autoridades de salud, el plan de respuesta del Gobierno no concuerda con los datos de un nuevo pico en la crisis. Coma adelantó que para finales de 2021 solo habilitarán 600 camas más. Traducción: habrá más gente atendida en sillas plásticas y suelo.
«La problemática pasa por quién atiende a los pacientes. Las camas por sí mismas no son una solución. Hay un rezago de médicos por cada 100 habitantes», reconoció el viceministro Coma.
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La raíz de la crisis
«El gran problema de la pandemia no es el virus, es la mala gestión de este gobierno», dijo Karin Slowing, médica e investigadora social de Laboratorio de Datos, una organización dedicada al análisis de la evolución de la pandemia.
Los datos respaldan su afirmación. Al revisar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se observa baja ejecución en los fondos para atender pacientes con COVID19 y la adquisición de vacunas. También recortó dinero a otros programas clave e incluso redujo la meta de personas a atender por violencia y accidentes.
El Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), es decir, el portal que refleja cada día la cantidad de fondos ejecutados y disponibles, muestra que para este 2021 Salud recibió una cifra inicial de 1,170 millones de quetzales para la pandemia.
Luego a ese monto se le agregaron 1,374 millones más para llegar a 2 mil 544 millones de quetzales en total. Esa cantidad serviría para atender a los pacientes de COVID19, suplir los hospitales que enfrentarían la pandemia y adquirir las vacunas.
Sin embargo, según demuestra Sicoin, la entidad sufrió un recorte de 208.7 millones de quetzales destinados a combatir el virus y para finales de julio sólo había gastado el 45% de todo lo disponible para este rubro.
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Para la compra de vacunas Salud recibió 1,573.5 millones de quetzales y hasta julio solo había ejecutado el 42%, es decir gastó 671.5 millones, incluidos los 614 millones de quetzales pagados al Fondo Ruso de Inversión Directa por 8 millones de dosis de Sputnik V.
Según revelan los datos de Sicoin, la disponibilidad del dinero no debería ser un problema para atender la crisis. No obstante, en los hospitales la falta de ejecución de los recursos se traducen en tragedias.
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«Cada turno pienso en irme, me cuestiono por qué estoy aquí, pero a veces el deber llama más que el estrés», dice una médica del Hospital Temporal Parque de la Industria. Ahí donde hasta ayer cada día ingresan alrededor de 130 pacientes, según el MSPAS.
El 12 de agosto de 2021 se viralizaron fotografías de este centro hospitalario de personas sentadas en sillas y acostadas en el suelo mientras recibían oxígeno. La situación se alivió gracias a voluntarios organizados para donar colchones los cuales no fueron utilizados del todo. Muchos se quedaron guardados en una bodega, confirmó una médica. Pero esta no es la respuesta necesaria, dicen los médicos.
«Exigimos terminar esa la lógica de subsistir a base de donaciones; dinámica que ha demostrado ser ineficiente para atender adecuadamente. Es necesario que las autoridades gubernamentales asuman con seriedad los retos que supone atender la pandemia con un presupuesto adecuado» (Sic), dice el comunicado del personal que anunció el cierre del centro asistencial del Parque de la Industria.
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El costo por paciente
Cada caso moderado de COVID19 le cuesta entre 2,500 y 5,000 quetzales al día al Ministerio de Salud. Los severos entre 20,000 y 30,000 quetzales diarios.
Con esos datos, según Nancy Pezarossi, viceministra administrativa de Salud, la institución ha gastado 2,293 millones de quetzales en lo que va de 2021. El presupuesto disponible era de 777 millones 957 mil quetzales y se superó casi en 200%, afirmó.
Sin embargo, un reporte de Sicoin del 26 de agosto, cuenta una historia diferente. Para esta fecha de un total de 1,170 millones de quetzales asignados, la institución solo había ejecutado el 46%.
Los datos del Ministerio de Salud son confusos, para explicar la forma en que se han utilizado los recursos, Pezzarossi comparó los gastos de 2018 con los de 2021, pese a que hace tres años no había una crisis sanitaria. Esto ocurrió con la adquisición de pruebas para detectar el virus. En el mismo renglón de gasto en 2018 Salud gastó 261 millones de quetzales.
En 2018, agregó, tenían contratadas a 28,000 personas y para este segundo año de la pandemia el número subió a 35,357. Es decir, solo se han contratado a 7,155 personas más.
«Hay una subejecución de recursos. Me sorprendió la declaración de Pezzarossi, cuando dijo que gastaron el 140% del presupuesto hospitalario, si ellos (el MSPAS) tienen fondos para COVID19», cuestionó Slowing.
El pasado 25 de agosto, luego de reunirse con profesionales expertos en la pandemia, Patricia Letona, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, dijo que el presupuesto para atender la crisis sanitaria podría agotarse entre agosto y septiembre y requerirán más de 6 mil millones de quetzales.
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Menos personas serán atendidas
Esta crisis alcanzará a pacientes con otro tipo de afecciones. Un informe presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), reveló a través de datos del Sicoin, que entre enero y junio de 2021, la institución recortó sus metas físicas, es decir, bajó el número de personas que deberían recibir atención hospitalaria.
Por ejemplo, en el programa de atención médica por enfermedades no transmisibles, en enero estimaba recibir alrededor de 6 millones 33 mil personas, pero para junio cambió la meta por 4 millones 22 mil. Es decir, el sistema de salud deja afuera a 2 millones 11 mil personas.
Esto también ocurre con las personas que sufren accidentes o violencia. En enero se estimaba atender a 1 millón 580 personas y la institución bajó el número hasta 315,571, es decir 1 millón 655 mil menos.
Lo mismo sucede con pacientes de ITS, VIH/Sida, donde hubo un recorte de 32 mil 757 personas.
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«Un ministerio que se fija como meta dejar de atender a la gente es decisión política, de las autoridades, es criminal, es una mala gestión de espaldas a la gente», dijo Ricardo Barrientos, analista del Icefi.
La crisis en los hospitales nacionales ya es latente. El 24 de agosto pasado, médicos en primera línea de los Hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt, enviaron una carta a Amelia Flores, ministra de Salud: estaban abarrotados, alertaron.
«Tener 60 casos de COVID19 significa un alto riesgo para todos los pacientes, ya que son graves y muchos deberían estar en unidades de cuidados intensivos por la necesidad del alto flujo de oxígeno. En las noches solo hay dos médicos, un terapista y tres enfermeros que son insuficientes», se lee en la carta.
Gerardo Hernández, director del Hospital General San Juan de Dios, en conferencia de prensa habló de 500 a 600 pacientes diarios por accidentes y violencias en ambos centros asistenciales. «Toda esa situación nos golpea».
«Ya topamos nuestras capacidades», agregó Marco Antonio Barrientos, director del Roosevelt. «Hemos consumido nuestro presupuesto, el costo de los medicamentos y los insumos se dispararon. Si en este momento estamos así, con las proyecciones para octubre esto va a ser caótico y fatal», enfatizó.
La situación en todo el sistema de salud no parece mejorar. El MSPAS tiene una asignación especial para la infraestructura hospitalaria de 106 millones 60 mil quetzales, lo que implicaría contar con recursos para recuperar los centros asistenciales. Sin embargo, este programa sufrió un recorte de 59 millones 172 mil y solo se ha ejecutado el 2%.
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«Las cosas empeoraron este año, cuando se esperaba fuera el de la recuperación», criticó Barrientos.
«No queremos dejarlos morir», dice el personal médico. El Gobierno, en tanto, regresa al exministro Hugo Monroy, reprobado por su mala gestión al frente del Ministerio de Salud.
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