Covid-19: principio precautorio, una guía para la acción estratégica

Niega, de múltiples maneras, la vulnerabilidad sistémica (que establece un gradiente social según, por ejemplo, la satisfacción de las necesidades básicas) y no asume las amenazas con la seriedad que solo se refleja en la construcción progresiva de capacidades materiales con base en conocimiento y que permitan respuestas oportunas. De ahí que, cuando la amenaza rebasa los pasivos umbrales de la contención, los desastres simplemente ocurran y arrasen con las personas: sus vidas, medios de vida y entornos. No hay gestión de riesgo colectivo en el país. La política implícita dominante ha sido: «Sálvese como pueda. Ya se hará el recuento de daños».

La covid-19 afecta a todo el mundo, aunque entre Estados-nación y dentro de estos se enfrenta con capacidades asimétricas, expresadas, esencialmente, en la calidad de los sistemas de salud en el primer caso y en el estado socioeconómico de las personas en el segundo. No obstante, por primera vez en la vida de la población actual de este país la amenaza está en todas partes, se cierne sobre todos. Y este hecho quizá propicie condiciones para gestionar conscientemente el riesgo en sus múltiples facetas.

Aunque es incierta la duración de la amenaza del coronavirus, epidemiólogos reconocidos proyectan un mínimo de 18 meses, cuestión que nos lleva hasta mediados del 2021. Peor aún, especialistas de la OMS señalan que una vacuna sería decisiva para controlar el virus, pero que la eliminación de la pandemia podría durar hasta cuatro años, incluso con las mutaciones previsibles, y hasta podría convertirse en un virus endémico. Esto, en nuestro caso, abarcaría todo el período gubernamental del presidente Giammattei.

Hasta ahora el Gobierno ha seguido la inercia global respecto a las medidas de prevención y de contención: restricciones a la movilidad inter- e intranacional, tratamiento de personas contagiadas, rastreo y aislamiento de contactos, uso generalizado de mascarillas y las elementales prácticas de higiene corporal y en el manejo de los bienes de consumo y de otros artículos. Pero la falta de una clara determinación para auxiliarse del conocimiento científico disponible ha traído consigo la parcialidad y el desapego a una estrategia con fases y temporalidad ligadas a las dinámicas epidemiológicas de la enfermedad. Asimismo, el conflicto de intereses, el presidencialismo excesivo, el rasgo dubitativo de las decisiones, la invasión de competencias y la negligencia y falta de trasparencia en el manejo de la información han sido cuestionados con razón, pues comprometen la efectividad colectiva de las medidas y limitan el ejercicio informado del criterio ciudadano tanto en los aspectos meramente cotidianos como en los de índole comercial.

Independientemente de nuestros ya conocidos bajos estándares de actuación, Johan Giesecke [1], señalado como la mayor eminencia de Suecia en epidemiología y una de las más reconocidas en el mundo, cree que no hay evidencia científica que respalde la efectividad de esas medidas. Eso se sabrá, subraya, quizá hasta pasado un año o más. La expansión de la enfermedad como un incendio, como él dice, lo lleva a justificar la búsqueda de inmunidad colectiva para su país. Este enfoque, dice, no lo recomienda para países de América Latina, donde las altas densidades poblacionales, los precarios sistemas de salud y el estado nutricional y sanitario de las personas incrementan la vulnerabilidad de estas.

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En todo caso, las autoridades guatemaltecas han hecho lo apropiado para prevenir y contener, atendiendo a la certeza del arribo y a la manifestación local de la pandemia, pero la incertidumbre sobre tales medidas es un hecho. Esto no implica, por supuesto, que se deba claudicar, sobre todo porque en estos días han sido objetivamente expuestas la vulnerabilidad de las personas (con padecimientos como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, asma y otras) y las debilidades estructurales y gerenciales en los niveles de atención primario, secundario y terciario del sistema de salud pública (una cara de la moneda). Estos hechos magnifican la amenaza, y prescindir del distanciamiento social en tales condiciones dispararía las tasas de infección a niveles inmanejables.

En fin, efectividad de las medidas, cantidades de contagios, naturaleza y profundidad del impacto del virus y prolongación de las afectaciones están rodeadas de incertidumbre (la otra cara de la moneda).

Con las dos caras de la moneda claras (por un lado, nuestra vulnerabilidad; y por otro, la incertidumbre de las medidas y el alcance de las amenazas), el principio precautorio debe ser valorado en su justo sentido.

Su relevancia para actuar en medio de la incertidumbre encontró asidero en legislaciones europeas durante la década de los años 70, y su aplicación ha tenido éxito en los ámbitos de la ecología y la salud pública. Tuvo un impulso definitivo con la cumbre de la Tierra de 1992, celebrada en Río de Janeiro. Este principio parte de la imposibilidad de medir los riesgos con exactitud, incluso de asegurarlos absolutamente. Aunque no tienen una definición unívoca, el principio precautorio «se refiere a la norma, criterio o idea fundamental de carácter moral que rige la conducta con cuidados y atención especiales para precaver (y no solo prevenir) daños, problemas, inconvenientes, peligros y riesgos con objeto de guardar de ellos y evitarlos» [2]. El principio precautorio es el necesario complemento ético de las evidencias científicas disponibles, que no son suficientes para explicar razonablemente el desenlace de un fenómeno. Más allá de la prudencia individual, el principio precautorio concierne a los poderes públicos, anima a la acción y se motiva por el menor daño colectivo.

En el caso que nos ocupa, el principio precautorio alienta a concentrar esfuerzos en lo que es verdaderamente estratégico mientras las acciones operativas de prevención y contención del coronavirus siguen su curso. Una de sus máximas condiciones es que el esfuerzo en las medidas estratégicas sea proporcional a la amenaza y a la necesidad colectiva.

Estos elementos ofrecen un contexto apropiado para aprovechar márgenes de maniobra definidos entre lo que se ha avanzado hasta el momento y lo que es necesario frente a la incertidumbre. Así, una acción que resulta tan estratégica como obvia es la necesidad de revitalizar el sistema de salud en todos los niveles, en el sentido de darle una nueva vida y dotarlo de las capacidades humanas (atadas a un servicio civil moderno), físicas y financieras necesarias para asegurar su funcionalidad universal. Esta aspiración no debe estar circunscrita al incremento temporal de capacidades para atender la emergencia y que remiten a pensar en construcciones desmontables. Se trata, más bien, de asumir el doble propósito de atender la coyuntura, por un lado, y de saldar la deuda histórica en la materia, por otro. Se trata de construir capacidades permanentes, con mirada de largo plazo. En el debate respecto al momento de abrir las economías, Jeffrey Sachs dijo en una reciente entrevista: «La pregunta correcta es: ¿cuándo tendremos los rudimentos de una salud pública para que sea seguro abrir la economía? Esa es la única pregunta: no la fecha, sino el sistema». Y quizá la pregunta para nosotros es: ¿cuándo empezaremos a construir las condiciones materiales que viabilicen los derechos elementales de las personas, reduzcan las brechas de desigualdad entre estas y, finalmente, le empiecen a dar contenido a la idea de democracia?».

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Un segundo aspecto cuya vitalidad no tiene discusión ni ahora ni nunca y, al igual que el anterior, se erige como una deuda histórica es el acceso universal al agua. Creo que todos nos conocemos el guion básico de la contradicción entre el superávit hídrico y la falta de acceso no solo para el consumo humano, sino para todos los demás usos. Pareciera que un pacto entre todos los Gobiernos democráticos de los últimos 35 años nos ha condenado a transitar la posmodernidad sin agua. Los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería y Alimentación; de Finanzas Públicas, y los alcaldes organizados deberían liderar el diseño y la construcción de infraestructura hidráulica (pequeña, mediana y gran envergadura) en territorios seleccionados para almacenar y distribuir agua, conciliando así la oferta natural con la demanda socioeconómica de toda la población. Esta dimensión de la solución no debe, por supuesto, marginar los esfuerzos que ya se hacen para proteger tierras de vocación hidrológico-forestal, que son claves para regular el ciclo hidrológico nacional.

Y como lo estratégico es como la acupuntura, que se concentra en espacios bien seleccionados y tiene efectos detonantes, solamente esbozaré uno más. No se puede dejar de señalar el valor estratégico que tienen la seguridad y la soberanía alimentaria. Qué mejor coyuntura para revelar la vulnerabilidad de un esquema productivo empeñado en vender postres al mundo (que podrían ser prescindibles) mientras importamos alimentos fuera de la región centroamericana (maíz, trigo, soya, arroz, lácteos) y abandonamos el rol promotor y subsidiario que le corresponde al Estado de garantizar el éxito productivo de los pequeños y medianos productores. Ya en otras ocasiones se ha insistido en la importancia que tiene un núcleo común de condiciones (investigación, asistencia técnica, mercados financieros rurales, caminos rurales y demás infraestructura productiva) para apuntalar la agricultura de pequeña y mediana escala y ligarla, otra vez, con la fuerza promotora y subsidiaria del Estado, a cadenas agroalimentarias de alto valor agregado y bajo el control de pequeñas y medianas empresas. Es estratégico revalorizar nuestro potencial interno para producir alimentos, pero no para aislarnos, sino para nutrir al país y posicionarnos mejor en el ámbito global.

Esta de más recordar que, cuando las prioridades estratégicas son claras, los recursos se acondicionan en función de estas.