El desprecio a los deportados de Estados Unidos
El desprecio a los deportados de Estados Unidos
Hasta el lunes 20 de abril, 51 personas que deportadas de EEUU han dado positivo a la prueba de COVID-19. El contagio ocurrió en las prisiones estadounidenses y se reprodujo con la convivencia en el avión de retorno. El gobierno no estaba preparado para atender la situación. Los que vuelven, incluso sin estar enfermos, son rechazados en sus propias comunidades.
A los retornados les ha tocado la peor parte en esta emergencia. Vuelven a un territorio del que querían escapar para buscar una mejor vida, con las manos vacías, vulnerables al contagio del virus, y ahora, al ostracismo.
El sábado por la noche ocurrió el último de una serie de eventos violentos en contra de personas deportadas de Estados Unidos. Un joven de 18 años no pudo volver a su casa en Santa Catarina Paolopó, Sololá, para reunirse con su familia, una «turba de 500 personas» se lo impidió. El reporte policial remarca que fue una aglomeración de personas la que bloqueó el paso e impidió que ingresara al municipio «debido a que posiblemente se encuentre infectado con el virus COVID19».
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La Policía Nacional Civil (PNC) intervino para resguardar al retornado y a su familia, también amenazados. El conflicto cesó, no porque este joven llevara un certificado médico extendido por el país que lo expulsó, ni porque haya presentado un documento que indicaba que ya había cumplido con una cuarentena de 14 días en Guatemala. Todo acabó cuando lo sacaron en una ambulancia rumbo a la ciudad capital.
El presidente Alejandro Giammattei se refirió a este caso en la cadena nacional del domingo por la noche. Lo hizo luego de informar que ya había 50 personas retornadas de Estados Unidos contagiadas con el coronavirus (el lunes sumó un caso), reclamó que a quienes por años han ayudado a la economía de sus comunidades con el envío de remesas, ahora «los traten como delincuentes».
De acuerdo con medios locales, en otros municipios del norte y occidente del país hay una activa oposición a que los retornados entren al pueblo. Reclaman, como justificación, el miedo al contagio. Ahora hay un nuevo muro, se erige en los poblados de los que quisieron escapar. Bajo este argumento, la alcaldía de Quetzaltenango, uno de los departamentos de donde sale buena proporción de migrantes hacia Estados Unidos, prohibió el ingreso de deportados adultos para «evitar un contagio masivo».
En un pueblo de Santa Cruz del Quiché circuló la falsa historia de un hombre deportado y enfermo con el coronavirus, el rumor decía que estaba escondido en una casa abandonada, en una zona boscosa. Era tanta la insistencia de la población, tanta la presión a la familia para que revelaran la ubicación de su pariente, que la alcaldía indígena tuvo que intervenir para ayudar a calmar los ánimos. Juan Zapeta, integrante de esa prefectura, contó a Plaza Pública que el hombre del que tanto se hablaba en el pueblo no estuvo nunca escondido ni enfermo, sino instalado en Houston, Texas, porque había tenido la suerte de cruzar sin ser detenido por la Patrulla Fronteriza.
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De esto se enteraron cuando por fin consiguieron que la familia les proporcionara un contacto telefónico. La PNC, como actor neutro, sirvió para hacer la llamada internacional y corroborar que estaba fuera del país. La familia, que vive en condiciones de pobreza y se dedican a vender leña, pasó del susto al enojo porque todavía hoy la gente comenta que quien respondió al otro lado del teléfono en Houston era otra persona.
El extraño caso del deportado enfermo con el virus, es ya una leyenda en aquel lugar.
El error del gobierno
El gobierno de Giammattei no consideró que los retornados de EE.UU. podrían venir contagiados. Confiaron en que las autoridades estadounidenses los devolverían sanos y, aunque varios llegaron sin síntomas, los desarrollaron cuando fueron enviados a casa para hacer la cuarentena.
Giammattei mantuvo su postura de no realizar pruebas a quienes no tuvieran síntomas y esto incluyó a los retornados. Solo en el vuelo del 26 de marzo, que venía con 41 personas de Mesa, Arizona, cuatro desarrollaron la enfermedad.
Uno de estos fue un hombre residente de Momostenango, Totonicapán. Llegó a su pueblo, San Vicente Buenabaj, al siguiente día iba de regreso en una ambulancia hacia la ciudad capital. El canciller Pedro Brolo dijo en una citación en el Congreso que no se explican cómo o cuándo se contagió. Lo que nadie sabía hasta ahora, es que permaneció durante 47 días detenido en una prisión de Estados Unidos, desde el 7 de febrero hasta el 26 de marzo.
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Además de él, otras tres personas de ese mismo vuelo salieron de la ciudad capital, dos hacia un municipio de Suchitepéquez y uno a Olintepeque, Quetzaltenango. Los tres dieron positivo al virus. En esta última ubicación, el retornado también contagió a su esposa y creó pánico entre sus vecinos porque no guardó la cuarentena.
Después de esto llegó el hermetismo. El gobierno decidió, desde el 8 de abril, reservar los datos de procedencia de las personas contagiadas y el municipio al que pertenecían, limitaron la información a el sexo y edad del paciente. Si fue una estrategia para calmar los ánimos, no funcionó.
El miércoles 15 de abril, un bus de la frontera mexicana ingresó a Quetzaltenango con 80 pasajeros. Todos guatemaltecos, volvían de un frustrado intento por llegar a Estados Unidos que se había truncado en México. El gobierno decidió hacerles la prueba de COVID19 a todos y decidió que debían esperar los resultados en el Centro Recreativo Atanasio Tzul, propiedad del Ministerio de Trabajo y que se ubica en la zona 11 de la cabecera municipal.
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No llevaban mucho tiempo ahí cuando alguien dijo que «los indocumentados» habían escapado de la cuarentena. Un grupo de personas salió a la caza de los supuestos evadidos, y mientras corrían por una calle principal, acompañados de patrullas policiales que hacían sonar sus sirenas, fueron confundidos con «los deportados» de EEUU.
Las redes sociales avivaron el rumor de la fuga. Todos los retornados estaban en el centro asignado por el gobierno, mientras, afuera del centro recreativo, un grupo de personas irrespetaba el distanciamiento social y el toque de queda para exigir que los sacaran del lugar.
«Querían quemarlos», dijo el presidente Giammattei. Los vecinos refutan esa afirmación, pero es cierto que en los múltiples videos que circularon sobre el tumulto, se escuchó que un hombre dijo «que los quemen». La paz volvió cuando llegaron los antimotines y los retornados fueron trasladados a la ciudad capital.
Un día después del tumulto, los periodistas de Quetzaltenango grabaron a un vecino que, en representación del liderazgo local, les dio una escalofriante declaración. «Cualquier lugar (al) que vaya cualquier migrante es sinónimo de contaminación».
Hubo un episodio que agravó la ya bastante grave situación. Un retornado de EEUU que estaba bajo cuidados médicos en el hospital campaña Parque de la Industria, en la zona 9 de la capital, escapó el jueves 16 de abril.
Radio Sonora, estación a la que el presidente Giammattei suele dar declaraciones exclusivas, publicó la fotografía, todos los datos del paciente, y montó una cacería en vivo con ayuda de sus oyentes.
El pánico creció y en minutos, sin que las autoridades lo hicieran oficial, la imagen del hombre circulaba en redes sociales. Alguien en Huehuetenango, departamento de donde el paciente es originario, imprimió afiches con su rostro.
Contra este hombre, de 32 años, ahora hay una orden de captura bajo cargos de «propagación de enfermedades y contravención de medidas sanitarias», de acuerdo a la orden de aprehensión que compartió la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
El gobierno creó una campaña de sensibilización, pero tarde. La prioridad de la cancillería y del Instituto Nacional de Migración ha sido reproducir un mensaje para desincentivar la migración irregular.
El virus importado de las cárceles de inmigrantes
A causa del virus, los vuelos de deportación habían sido irregulares, pero ahora están suspendidos. Por segunda ocasión aterrizó uno en gran parte «contaminado», dijo Giammattei.
El lunes 13 de abril deportaron a 182 personas que, aunque venían en vuelos separados, desde Alexandría (Louisiana), y El Paso (Texas), terminaron mezclados cuando el Gobierno los hizo pasar la noche en colchonetas instaladas en una de las salas del Aeropuerto Internacional La Aurora. En ese espacio, el distanciamiento entre las personas no era el adecuado, reportó la oficina del Procurador de los Derechos Humanos.
Giammattei se quejó de las críticas y admitió el miércoles 15 de abril: «No estábamos preparados para esa cantidad (de personas), sobre todo de pruebas (de COVID19) a esa hora».
Para acallar a sus detractores, el mandatario expuso que desde ese día habían trasladado a las personas mayores de edad al albergue Ramiro de León Carpio, en la zona 13 capitalina, mientras a los niños, niñas y adolescentes los enviaron al hogar Nuestras Raíces en Quetzaltenango. Entre los trasladados estaban los 12 que volvieron el sábado 18 de abril, eran parte de un acuerdo especial para evitar que fueran ingresados a un centro de detención en Estados Unidos, en donde ya reportan 124 casos.
En tanto, personal del sindicato del Aeropuerto Internacional La Aurora señalaba temor de contagio. Supuestamente una empleada de seguridad dio positivo por contacto con los retornados, 14 trabajadores fueron enviados a cuarentena.
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Declaraciones contradictorias
Las cifras oficiales han tenido variaciones e inexactitudes, incluso entre las mismas fuentes de gobierno.
El ministro de Salud, Hugo Monroy, dijo a los periodistas el martes 14 de abril que el 75% de un vuelo estaba contagiado, hacía referencia al que llegó en marzo. Por otro lado, el canciller Pedro Brolo, señaló a la radio Emisoras Unidas la mañana del viernes 17 de abril que 43 personas estaban contagiadas. Sin embargo, la comunicadora del Ministerio de Salud, Ana Lucía Gudiel, insistía en que solo eran 5.
El viernes 17 de abril, Giammattei reveló que una comitiva de médicos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta (EEUU), llegó para hacer pruebas de COVID19. Eligieron a 12 personas al azar y todas dieron positivo. Eso obligó a que todos tuvieran que ser sometidos al test. El sábado pasado otras 14 pruebas dieron positivo, el domingo otras 19, y el lunes una más. En total, 51 personas procedentes de centros de detención estadounidense tienen coronavirus. En Guatemala hay 294 casos; 261 están activos.
Ante esta nueva fase de la crisis, el gobierno guatemalteco solicitó a las autoridades de Estados Unidos firmar un acuerdo para establecer un protocolo de salud. Esto implica que las personas en procesos de deportación, custodiadas en centros de detención administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), deben someterse a la prueba de COVID19 en las prisiones y solo podrán volver a Guatemala quienes estén sanos. Los vuelos están cancelados hasta que esto ocurra.
El vocero de la cancillería, Joaquín Samayoa, consultado por segunda ocasión sobre el número de personas pendiente de deportación en EEUU, repitió que no tienen la información.
Los inmigrantes que regresan a casa vuelven a la vulnerabilidad socioeconómica de la que querían escapar, ahora bajo la categoría de no gratos. «(Tras las pruebas) ya va garantizado que no representan un riesgo para nadie», dijo Giammattei en el mensaje del viernes pasado. Y agregó: «No es atacando a los que están retornando, no es haciendo que revelemos los datos para que vayan a quemar a la gente, como vamos a resolver el problema».
El problema es que el miedo al contagio se salió de control. El lunes Jorge Antonio Orellana, alcalde de Guastatoya, en El Progreso, dijo en la radio que lo único que pedía a la presidencia era que les dieran «el listado (de los que vuelven deportados) para ir a traerlos nosotros» y tenerlos ubicados. El presidente Giammattei prefiere centralizar la información.
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En tanto, el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos emitió un comunicado en el que le pide al Estado que genere campañas masivas de comunicación en todos los idiomas nacionales para combatir la estigmatización. En el texto pide también al Estado y a los líderes locales, municipales y departamentales, que establezcan albergues en condiciones dignas, higiénicas y ordenadas para los retornados, y quizá lo más importante, que estos líderes sean los primeros en dar un «trato humano» a quienes regresan. Que en vez de recibirlos como extraños, les reconozcan como «ciudadanos con plenos derechos sociales, políticos, económicos y de salud».
Juan Zapeta, integrante de la alcaldía indígena de Santa Cruz del Quiché, dice que todo esto no habría pasado si el gobierno de Estados Unidos hubiera frenado las deportaciones, o por lo menos, «no hubieran mandado a la gente enferma».
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