Indocumentado

El establecimiento del documento personal de identificación (DPI) marcó una nueva era en el registro unificado de la identificación de los guatemaltecos. El uso de la tecnología permitió dejar atrás las cartillas de papel y de cartón para adoptar el uso de carnets plásticos.

El cambio fue difícil. Organizar los datos que las municipalidades guardaban en diferentes libros (libro de nacimientos, libro de matrimonios, libro de defunciones) no fue fácil. Yo misma experimenté pánico y confusión cuando inicié el trámite para obtener mi DPI y mi fecha de nacimiento era otra. Eso significaba que yo no era quién decía ser y que nada de lo que había sucedido en mi vida me pertenecía. Salvado este obstáculo, la falta de una tilde en mi apellido determinaba que no tenía padre ni tampoco hija. Meses de estar acudiendo a las oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap), trámites aquí, trámites allá, hasta que pude obtener mi DPI con los datos correctos.

Por eso me ha alegrado y sorprendido que, en cualquier reunión en el interior, las personas, especialmente las mujeres, acudan con DPI en mano. Atrás han quedado los días cuando la única mujer de la comunidad con cédula de vecindad aparecía como la madre de todos los niños allí nacidos o cuando la paternidad de los niños era atribuida al hombre que ese día había bajado al pueblo y había hecho el favor de dar el aviso. O al menos eso creíamos.

Pensamos y soñamos que ya no habría subregistro y que todos los menores de edad guatemaltecos llegarían a tener su DPI y gozarían plenamente de todos sus derechos. Pero parece que en Guatemala nos empeñamos en dar un paso adelante y cinco atrás. La corrupción es un cáncer que debemos erradicar.

Llevamos seis meses sin emisión de DPI y cuatro meses sin cartillas de pasaportes. El carnet plástico que verifica ante los demás quién soy se ha convertido en el bien más valioso, que ni oro ni diamante pueden sustituir. Esto, para quienes gozamos de este privilegio. ¿Y quiénes no lo tienen? Indocumentados en su propia tierra.

Para quienes no viven en Guatemala, la situación es aún peor. Sin papeles que acrediten su estadía en territorio extranjero y sin DPI o pasaporte que respalden su ciudadanía guatemalteca, se encuentran en el limbo, como Tom Hanks en la película La terminal, con la diferencia de que en este caso es el Estado guatemalteco, violando la Constitución Política, el que ha dejado de proteger a sus ciudadanos y de velar por el bienestar de estos.

Sin DPI, los niños no pueden ser inscritos en la escuela. Y si han sido inscritos gracias a la comprensión de las autoridades escolares, no son elegibles para ninguna beca o ayuda escolar. Sin DPI, los adultos no pueden realizar acciones cotidianas como solicitar empleo, cambiar de estado civil o realizar transacciones bancarias o trámites de cualquier naturaleza. Sin pasaporte, las personas no pueden viajar fuera del país o realizar cualquier trámite fuera del territorio guatemalteco. En la era de la globalización, el Estado empuja a miles de guatemaltecos a vivir fuera del sistema. Y a los migrantes, a sentirse abandonados y olvidados por un Estado que, de más está decir, no ha luchado suficiente por sus derechos.

La tenencia o no de DPI o de pasaporte suma a la desigualdad y a las brechas existentes en el país. Tener uno de estos documentos permite que la persona sea elegible a un préstamo o que pueda acceder a una visa de trabajo. Fácil es deducir que los jóvenes agregan una carga más a sus vidas. Y si no tengo DPI porque no lo he obtenido o se me ha deteriorado o extraviado, ¿quién podrá cobrar la remesa? La falta del DPI o de pasaporte afecta todos los ámbitos de vida, viola los derechos humanos y afecta la productividad del país. Nos regresa a épocas perdidas de intermediarios, lo cual atenta contra la libertad personal. El caso de los migrantes es aún más delicado. La falta de pasaporte pone a los migrantes guatemaltecos en una situación vulnerable ante la política migratoria actual en Estados Unidos. Un terrible trato para quienes sostienen buena parte de la economía del país y solventan a nivel familiar las deficiencias del Estado en materia de educación, salud y seguridad alimentaria.