No hay duda alguna de que en Guatemala la corrupción mata, empobrece, excluye, es injusta y criminal, y constituye un impedimento importante a cualquier plan sensato y justo de desarrollo. Sin embargo, quienes gozan de los réditos de lo corrupto y deshonesto han acumulado cuotas importantes de poder económico, político y violento, y han abrazado la corrupción y otras ilegalidades como su estilo de vida, basados en el egoísmo extremo e inescrupuloso: un estilo de vida privilegiado que están defendiendo con todo lo que tienen a su alcance, incluyendo la mentira, la desinformación, la intimidación y, si es necesario, la violencia y el crimen.
Así que enfrentar la lucha contra la corrupción no es un asunto socrático: no basta saber qué es lo bueno y justo. Es un pulso de poder, una guerra prolongada y desgastante en la que hay avances y reveses, cuyo balance general a veces parece incierto o desalentador. No es fácil, rápido ni barato.
De la plaza ya solo nos queda el recuerdo. Entidades como el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) o la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) continúan haciendo su trabajo y gozan de la confianza de quienes sienten compromiso con la lucha contra la corrupción. Sin embargo, es innegable que el apoyo del que gozan hoy es mucho menor que el de hace dos años.
Grupos de empresarios, funcionarios del Ejecutivo, diputados, alcaldes y jueces se oponen, de forma cada vez más abierta y descarada, a la lucha contra la corrupción. Por eso se ven tantas campañas de rechazo y de desprestigio, incluidos el ahora famoso cabildeo en contra del embajador Robinson y los idiotas detrás de todo ese barullo. Es que, cuando ese esfuerzo toca los intereses propios, el egoísmo prevalece, y muy fuerte. Porque pareciera que, en Guatemala, «la lucha contra la corrupción está bien toda vez que no sea contra mi corrupción».
Me parece que una de las armas principales de las mafias de la corrupción es el tiempo. Apuestan por el vencimiento formal de los períodos de los mandatos de la fiscal Aldana, del comisionado Velásquez, del procurador De León, del superintendente Solórzano o del embajador Robinson. Saben que son enemigos cuyo poder depende del cargo y de la investidura, los cuales, como en todo sistema democrático, son y deben ser temporales. Por ello tanta tensión por el cambio de embajador estadounidense y por la elección del nuevo procurador de los derechos humanos o de un nuevo fiscal general y jefe del MP.
El cambio de Robinson a Arreaga en la embajada estadounidense y las salidas de De León del PDH y de Aldana del MP son procedimientos rutinarios, y no, como lo celebran ya los idiotas, el resultado de cabildeos. El cambio institucional de embajadores y la confirmación de Velásquez en la Cicig fuera del alcance de las mafias guatemaltecas demuestran la necesidad de instancias internacionales de apoyo, más cuando existe el riesgo grave de captura de los procesos nacionales de relevo en el PDH, el MP y la SAT.
Preocupan la pasividad y la aparente apatía de la ciudadanía, el papel de cómplices tolerantes del presidente Jimmy Morales y de su Gobierno y la propagación de aliados de la corrupción dentro del sector privado, los militares y la derecha conservadora. Alientan el compromiso de los funcionarios honestos la posición de algunos diputados y la continuidad del apoyo internacional en contra de la corrupción.
Creo que hasta Sócrates diría: «¡Seguimos en la lucha!».
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