¿Qué mal provoca luchar contra la corrupción? En principio, ninguno. Pero la realidad puede ser más compleja. Y puede que esta lucha tenga costos y dificultades.
Por ejemplo, algunos le echan la culpa a la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada en noviembre pasado y que constituye un esfuerzo importante contra la corrupción como la causante del desabastecimiento y de la falta de ejecución presupuestaria en el sector público. ¿Es el desabastecimiento un costo de la lucha contra la corrupción? Si se analiza la situación con datos y seriedad, es posible demostrar que la crisis de abastecimiento y de ejecución se originó principalmente por la no renovación de algunos contratos y por la falta de recursos en 2015, antes de la aprobación de la reforma.
¿Por qué a partir de abril de 2015 no se renovaron contratos importantes para la adquisición pública de insumos indispensables como medicamentos e insumos hospitalarios, papel y alimentos, entre otros? Los datos no permiten responder esta pregunta con precisión. Sin embargo, el análisis técnico revela que las razones se enmarcan en dos tipos. Por un lado, una intención criminal de crear una crisis de desabastecimiento para luego, con la urgencia de atender las emergencias, lograr contratos sobrevaluados: justo el tipo de delitos que la Cicig y el MP persiguen penalmente en casos como IGSS-Pisa, Negociantes de la Salud o Cooptación del Estado.
Pero, por otro lado, las capturas y la persecución penal en estos casos está infundiendo un temor muy grande en los servidores públicos, incluyendo a quienes son honestos, porque, convencidos de que la corrupción en todo caso continúa, prefieren abstenerse de asumir una responsabilidad a correr el riesgo de ser acusados de cometer ilegalidades o de ser corruptos. Esta situación parece ser una realidad muy aguda, reflejada en la resistencia que están manifestando los servidores públicos para integrar las juntas responsables de adjudicar las compras y contrataciones de las entidades del Estado, seguramente por temor a correr la misma suerte que corrieron, por ejemplo, las enfermeras que integraron la junta de licitación que adjudicó el contrato de servicios de hemodiálisis en el caso IGSS-Pisa. Esta resistencia naturalmente causa una ejecución presupuestaria pobre y problemas de desabastecimiento.
En el primer caso, la solución requiere firmeza para no caer en un juego a todas luces perverso y criminal. La solución al segundo caso es mucho más compleja porque demuestra cuán poco preparados estábamos para enfrentar todas las complejidades de la lucha contra una corrupción tan arraigada y extendida. La solución en ese segundo caso requiere, entre otras cosas, ir más allá de un enfoque jurídico en el que procedería la acusación y persecución penal por incumplimiento de deberes, en el que es imperativo un diálogo con las autoridades y retomar la reforma urgente y necesaria al vetusto servicio civil guatemalteco.
Es necesario reconocer que un enfoque equivocado o mal informado para intentar resolver el problema de la resistencia a asumir responsabilidades por parte de servidores públicos honestos y probos, por temor a ser acusados por la corrupción de otros, es muy peligroso. En particular, si la propuesta de solución es derogar las leyes anticorrupción que se han logrado o retroceder en otros aspectos de la lucha contra la corrupción.
Una solución madura debe reconocer que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo integral, que genera costos y dificultades que deben primero reconocerse, luego analizarse y finalmente atenderse. Retroceder nunca debe ser la solución a un costo de la lucha seria contra la corrupción.
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