Los crímenes del Diario Militar pasan la primera prueba en Tribunales
Los crímenes del Diario Militar pasan la primera prueba en Tribunales
La Unidad de Casos del Conflicto Armado Interno del Ministerio Público llevó a la justicia otro caso que expone cómo funcionaba la lógica militar en tiempos de la guerra. Bajo la bandera de la lucha contra el comunismo, integrantes del Estado secuestraban, torturaban y violaban a personas que creían estaban vinculadas con las organizaciones que planteaban una revolución. Los sometían para forzarlos a revelar quiénes eran sus contactos. Casi cuatro décadas después, seis militares retirados enfrentan proceso penal por estos delitos.
Álvaro René Sosa Ramos ha vivido exiliado en Canadá desde 1984, año en el que logró escapar de sus torturadores.
Hace 37 años este hombre fue detenido mientras caminaba por los campos del Roosevelt, en la zona 11. Le cubrieron el rostro, lo metieron a una panel blanca, lo llevaron a un sitio que no pudo identificar y durante una semana lo sometieron a interrogatorios acompañados de vejámenes.
Según su testimonio, lo desnudaron, lo colgaron de cabeza y le aplicaron choques eléctricos que iban acompañados de golpes en el rostro y el cuerpo con un palo de madera. En aquella fecha estaba en funcionamiento una élite paralela dentro del Estado Mayor Presidencial que dirigía este tipo de violencias en contra de hombres, mujeres y niños a los que asociaba como aliados o miembros de la subversión.
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Sosa Ramos declaró a los fiscales de la Unidad de Casos del Conflicto Armado Interno (Ucai) del Ministerio Público (MP), que durante su secuestro, pudo ver a por lo menos tres personas en situación similar a la suya, y que después aparecieron asesinados.
Uno de ellos fue Amancio Villatoro, un sindicalista que luego apareció entre los cuerpos exhumados en el destacamento militar de Comalapa, Chimaltenango.
A él le tocó un destino diferente porque fingió que daría información de sus contactos. Era miembro de las Fuerzas Armadas Rebeldes, una de las organizaciones opositoras a los regímenes militares que operaban en aquella época.
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Sosa Ramos logró escapar mientras lo trasladaban por la zona 9. En su angustia señaló a dos mujeres que caminaban por la zona. Mientras eran detenidas, él aprovechó para saltar del vehículo y entrar a una vivienda que resultó ser la sede de la embajada de Bélgica. Los segundos que le tomó llegar a la entrada de la casa fueron suficientes para que desde la calle le acertaran tres disparos, uno le perforó el hígado.
El embajador lo protegió, lo llevó a un hospital y ayudó a que saliera del país bajo protección internacional.
Su relato encuentra sustento en documentos estatales como el Archivo Histórico de la Policía Nacional y el Diario Militar. Este último es un documento que fue filtrado hace 22 años y expone las fichas de 183 personas que de 1,982 a 1,985 fueron vigiladas, detenidas, desaparecidas y asesinadas por integrantes de la estructura de inteligencia militar del Estado Mayor Presidencial (EMP).
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La ficha de Sosa Ramos incluye una fotografía, datos de su afiliación política, y dos anotaciones a mano: El dato de que escapó a la embajada de Bélgica y el código y-87 que aparece sobre su fotografía. El testimonio se ha sumado a otros, cada uno peor en la narración de hechos atroces, para someter a proceso penal a seis militares retirados que pertenecieron al EMP.
«¿De qué conflicto armado estamos hablando?»
El caso inició el 27 de mayo, con la detención de 11 hombres, todos adultos mayores, mientras uno más se entregó en Torre de Tribunales. De los 12, solo seis asistieron a la audiencia de primera declaración, los demás tienen padecimientos de salud y se encuentran internados.
El miércoles 9 de junio, el juez Miguel Ángel Gálvez concluyó que la investigación de la fiscalía, con los testimonios, la información documental de los planes de inteligencia de los gobiernos militares, las referencias a instrumentos internacionales sobre derechos humanos y antecedentes a la historia del país que ya ha sido juzgada (Genocidio, Tres Erres, Molina Theissen, entre otros) daban lugar para abrir proceso penal en contra de los seis detenidos.
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«Esto es una audiencia de primera declaración… no estoy afirmando (juzgando que hayan cometido los delitos, porque esto corresponde a un Tribunal)» aclaró el juez en una argumentación que estuvo colmada de frases de reflexión. Al leer el relato de una niña que a los 9 años fue violada, amenazada para que diera información mientras a su hermano de un año le ponían la pistola en la boca, dijo: «¿De qué conflicto armado estamos hablando?».
Al referir el testimonio una mujer a la que detuvieron ilegalmente para torturarla, violarla, y someterla durante dos años para que sirviera como informante, así como la narración de otros casos de secuestro, tortura y asesinato, el juez se mostraba cada vez más afectado. «Este tipo de esclavitud, hacer este tipo de cosas con una mujer...». O cuestionar, «¿Cómo no se va a recordar una mujer del rostro de quienes le quitaron la ropa y la violaron?».
Los seis procesados
Los acusados son Enrique Cifuentes de la Cruz, Edgar Corado Samayoa y Jacobo Esdras Salán Sánchez, por los delitos de desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
A Rone René Lara, por asesinato en grado de tentativa y a José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virginio De León Sigüenza, por desaparición forzada. Hechos cometidos en contra de 20 personas, Sosa Ramos entre ellos.
Entre las víctimas que la fiscalía individualizó se encuentra Rubén Amílcar Farfán, hermano de Aura Elena Farfán, una histórica dirigente del movimiento de víctimas. Fue una de las fundadoras del Grupo de Apoyo Mutuo y después, de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua). En 2020, la revista Time la incluyó en su lista de los personajes más influyentes del mundo.
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En la sala de audiencias, los seis militares retirados escucharon impávidos la resolución, después de siete días de audiencias. Aunque los abogados defensores trataron de desacreditar el contenido del Diario Militar, en sus argumentos, el juez Gálvez les aclaró que este «no es el soporte central» para dictar la resolución, aunque forme parte de ella.
Una investigación compleja
Oscar y Antonio, de 23 y 25 años, recibieron con asombro la noticia de que el caso del Diario Militar llegaba a Tribunales. «Lo sentí hasta simbólico», dice Antonio. El mismo día que el MP junto a la Policía Nacional Civil capturó a los oficiales retirados, el 27 de mayo, conmemoraban un aniversario luctuoso del fallecimiento de su abuelo, Manuel Ismael Salanic, un hombre que murió en 2014 y en vida mantuvo la esperanza de ver volver a su hijo de 18 años. El joven tenía el mismo nombre, fue secuestrado por actores estatales y nunca apareció.
Los jóvenes son herederos de una historia dolorosa, llena de violencia.
Su tío Manuel era estudiante de la Escuela Normal para Varones, ubicada en la zona 1. En su juventud mostró dotes de liderazgo y era un inconforme del sistema de gobierno militar de la época, de los abusos y violaciones a los derechos humanos.
El día de la detención, los hermanos tenían una vela encendida y unas flores en el altar dedicado a su abuelo.
- ¿Por qué les sorprendió la noticia?
- «Pues porque se sabe que en Guatemala es difícil la búsqueda de justicia», exclama Antonio.
«Ellos eran los subversivos»
La mañana del 9 de junio, los hermanos estaban afuera de la Corte Suprema de Justicia, atentos a la transmisión de la audiencia que una de las organizaciones de víctimas hacía en la Plaza de los Derechos Humanos.
Uno de ellos usa un broche con la foto de su tío, cuelga de la boina gris que usa.
- ¿Qué esperan de esto que inicia ahora que se abrió el proceso penal en contra de los detenidos?
Óscar responde, con contundencia. «Queremos saber qué pasó con los 45,000 desaparecidos y los miles de masacrados. En Guatemala no tienen que volver a pasar estas barbaridades que leía el juez. Ningún ser humano debe pasar por eso».
Mientras la voz de Gálvez era reproducida por unas bocinas, uno de los policías designado para montar un cordón de seguridad en el área se acercó a preguntar cuándo ocurrieron todas las violaciones y torturas a las que se refería el juez.
Una de las personas que montó un escenario con los rostros de los desaparecidos del Diario Militar en las gradas de la Corte Suprema de Justicia, le respondió con una voz tímida que fue durante los gobiernos militares, en los 80.
Una época en donde el poder se ganaba a fuerza de armas. Cuando no había oportunidad para elecciones, sino para golpes de estado.
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«Ellos eran los subversivos, porque estaban rompiendo el orden constitucional», dijo el juez Gálvez.
Un caso para la historia
La audiencia de Gálvez fue como una clase de historia de Guatemala, con un repaso apurado pero abarcador de los orígenes del conflicto hasta la firma de la Paz.
Para los investigadores del MP, el trabajo de recopilación de la información fue extenso.
La fiscal Elena Sut señaló que sólo ella destino seis años de trabajo para desenredar la maraña e identificar cómo pensaba la inteligencia militar.
Después de muchas horas de trabajo, de revisión de información, de recopilación de testimonios, de lecturas, de búsqueda de datos en archivos históricos, armaron un expediente judicial capaz de sustentar que la inteligencia militar usaba un modelo de cascada para identificar a sus objetivos, a su enemigo.
La fiscal Sut dice que los militares no iban tras objetivos individuales, sino que operaban de forma estratégica. Tomaban a una persona, la secuestraban, torturaban, intimidaban y muchas veces las dejaban libres, pero bajo constante persecución para obligarlas a colaborar.
El objetivo era que entregaran información relevante de la organización a la que pertenecían, para atacarlos y debilitar su estructura.
Ahora inicia una nueva etapa del proceso para Sut y su equipo de trabajo. Deben aportar todas las pruebas y presentar una acusación formal para que el caso llegue a juicio. Esto, con la presión de un grupo de diputados que busca aprobar una ley para que todos estos casos queden impunes.
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La misión de la Fiscalía, dice Sut, no es ideológica. «Cumplimos con nuestro trabajo de investigar. Presentamos una investigación objetiva y tratamos de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que sentenció a Guatemala en 2012), para dar acceso a justicia». Un derecho que al que los familiares de las víctimas no tuvieron hace casi 40 años.
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