No al acuerdo servil, ilegal e inmoral

Las imágenes superan en elocuencia a cualquier palabra. De pie, Donald Trump, cual ser superior, se regodea al ver sentado al que ve como inferior, Enrique Degenhart, aceptando voluntariamente vender de manera barata y humillante a su país en calidad de cloaca, en la cual Trump se apresta a descargar lo que él considera escoria humana.

El gravísimo problema, moral y legal, es que esos miles de personas no son la escoria humana que Trump ve. Son seres humanos con plenos derechos, dignísimos luchadores en pro del bienvivir de sus familias y de ellos mismos. Valientes como más valiente se puede ser, han demostrado la capacidad de sobrellevar adversidad extrema y riesgos mortales, pues son los que han podido llegar, los que han dejado atrás a muchos que perecieron en el intento. Ni Trump ni los cobardes de Jimmy Morales, Enrique Degenhart, Sandra Jovel y su pandilla resistirían por una hora lo que los migrantes han sobrellevado durante todas sus vidas.

Por ello es que el primer crimen que perpetraron Jimmy, Degenhart y Jovel al firmar ese documento es de naturaleza moral. Le dieron la razón a Trump, se doblegaron ante esa visión racista y estúpida de este presidente estadounidense en la que, según él y su gente —ellos sí escoria humana—, un ser humano es superior a otro solo por tener más dinero. Jimmy, Degenhart y Jovel vendieron muy baratas sus almas y dignidades, ya que se sometieron a los caprichos de un fascista de la calaña de Trump en vez de recordar que son guatemaltecos, centroamericanos, sus hermanos y hermanas, esas decenas de miles de niñas y niños en riesgo incluso mortal a quienes vendieron, con lo cual ellos se sumaron a tratarlos como la escoria humana que se debe expulsar para mantener limpio el país de Trump.

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Los crímenes de índole legal deben seguir el debido proceso para que, ojalá, sean castigados conforme a la ley. Varios juristas, me parece que atendiendo el llamado urgente de sus conciencias, ya están advirtiendo los vicios de inconstitucionalidad del adefesio firmado. En mi opinión, hay uno muy claro que identifico desde mi experiencia profesional.

A lo largo del documento Guatemala asume compromisos serios para proteger y alojar a las personas que Estados Unidos le trasladará. Sin embargo, el numeral 5 del artículo 8 dice: «Ninguna disposición del presente acuerdo deberá interpretarse de manera que obligue a las partes a erogar o comprometer fondos». ¿De verdad? ¿Y de dónde saldrá el dinero para cubrir el costo del alojamiento, la alimentación, la seguridad y otros rubros asociados a la protección de estas personas?

Si el gobierno de Jimmy Morales demostró negligencia e ineptitud descomunales para atender a las víctimas de la erupción del volcán de Fuego, algo para lo que sí tenía presupuesto y harta obligación legal, ¿qué hará con el costo de atender a estas personas para lo cual ni siquiera tiene presupuesto? ¿O es que esta disposición no es más que una argucia barata para eludir lo establecido en el numeral 3 de la literal l del artículo 171 de la Constitución Política de la República, referente a que el Congreso debe aprobar este acuerdo por su alto costo fiscal? En mi opinión, esta argucia es un fraude que violenta el artículo 240 constitucional, que prohíbe asumir compromisos que impliquen gasto sin antes identificar la fuente de financiamiento.

En la conciencia de la gente decente queda condenar este acto asqueroso. Y en la de los juristas decentes, impugnarlo hasta sepultarlo fuera del ordenamiento jurídico guatemalteco. Es una obligación moral y legal. Y urgente.