La crisis del sistema de salud pública es tan aguda que no es difícil considerarla una tragedia humanitaria. Las mejoras en la eficiencia administrativa de entidades como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no son suficientes para resolver plenamente la crisis, ya que requieren, además, un incremento en su presupuesto.
Por otro lado, se reporta que al menos 800 000 adolescentes se encuentran fuera de la escuela y se experimenta un repunte en el número de niños y niñas no acompañados que migran, otra crisis humanitaria. Pero, según cálculos del Icefi con base en datos oficiales y del proyecto de presupuesto para 2017, las metas de cobertura educativa en el gobierno de Jimmy Morales son peores que las del gobierno de Otto Pérez. En 2015, el Gobierno matriculó 87 935 alumnos más que en 2016. Para 2017, la meta es que el Gobierno matricule 66 483 alumnos menos que en 2015. La educación no es una prioridad.
Si uno compara el gasto público de Guatemala (13.3 % del PIB propuesto para 2017) con el promedio del mundo (33 % del PIB, según datos del Fondo Monetario Internacional), solo Sudán (11.8 %) y Nigeria (11.1 %) tienen un gasto público como porcentaje de su producción menor al de Guatemala. Así, no sorprende que persistan tragedias como la de más del 50 % de la infancia con desnutrición o la de la mortalidad materna infantil altísima.
Seguro que reducir la corrupción contribuye a resolver estas crisis, pero todo diagnóstico serio y técnicamente sustentado revelará que las mejoras en eficiencia administrativa son insuficientes, especialmente en el sector salud. Quizá con menos agudeza que en la crisis del sector salud, pero todos los sectores requieren una combinación de más recursos y menos corrupción.
Sin embargo, cuando se habla de incrementar el presupuesto, aun en sectores que en otras circunstancias no necesitarían justificación, el grito se pone en el cielo. Retumban consignas como «¡ni un centavo más hasta que se acabe la corrupción!». Esta postura responde al todavía muy intenso enojo ciudadano por la gravedad de los escándalos de corrupción del gobierno de Pérez Molina y Baldetti, pero también a la creciente percepción de que en realidad la situación continúa igual o peor en el gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera. Y de esta cuenta pareciera que, antes que la salud y la educación, la prioridad es el combate de la corrupción.
Este orden de prioridades es justamente el que refleja el proyecto de presupuesto para 2017. Se propone un incremento de 2 097 millones de quetzales para las entidades del sector justicia y, en el caso particular del Ministerio Público (MP), uno de casi el 80 % respecto a su presupuesto de 2015, en contraste con un incremento más bien magro para salud (15 % respecto al presupuesto vigente de 2016) y casi invisible para educación (7.5 % respecto al presupuesto vigente de 2016).
Creo firmemente que la lucha contra la corrupción es una necesidad imperativa y urgente, pero también es un hecho que por sí misma no logrará resolver la crisis del sistema de salud. En realidad se requiere una combinación equilibrada y efectiva de prioridades para el MP y el MSPAS. Por ejemplo, que la fiscal y la ministra reciban apoyo igualmente prioritario en la medida en que coordinen esfuerzos para rescatar el sistema de salud y combatir la corrupción.
Creo que no se trata de combatir la corrupción descuidando la salud y la educación, tampoco de atender el gasto social tolerando la corrupción. Hacer buen gobierno se trata de saber hacer ambos de forma simultánea y coordinada.
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