La metamorfosis de la protesta en el corazón del territorio indígena
La metamorfosis de la protesta en el corazón del territorio indígena
La escasez de alimentos y combustible debido a los bloqueos también golpeó a la población que mantiene el paro en la carretera Interamericana. Las personas no han podido trabajar porque están en resistencia para lograr la salida de tres funcionarios judiciales señalados de poner en riesgo la democracia del país. La espera sobre el asfalto no es fácil, la fuerza decayó por un momento, pero la determinación sigue y se ha renovado.
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A punto de llegar a la tercera semana de protestas, de lo único que se tiene certeza es que ni el gobierno, ni la fiscal ni las poblaciones indígenas están dispuestas a ceder. La fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana no se doblegan al pedido masivo para que renuncien, y la única opción que les queda a los pueblos originarios es la resistencia y esto significa mantener los bloqueos en carreteras y puntos clave como la sede del Ministerio Público, en a zona 1 de la capital.
En las tarimas de los ocho puntos bloqueados a lo largo de la carretera Interamericana se siente con más fuerza la molestia de la población que participa del paro nacional. Los discursos también cuestionan al presidente Alejandro Giammattei, porque criticó al movimiento nacional que pide la renuncia de los tres funcionarios. Ha dicho que son violentos, que los financian y asesoran desde el extranjero.
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«La renuncia del pacto de corruptos no bastará, necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente», se lee en una manta vinílica colocada en la plataforma del camión que sirve como escenario en el kilómetro 177, en el cruce a la aldea Vásquez, Totonicapán.
En ese punto, conocido como Las Pistolas, porque hay una figura de concreto que simula un arma, es imposible calcular cuántas personas están sobre el asfalto. El segundo domingo de protesta, lo que se alcanza a ver desde lo alto del camión es una mancha de colores que parece no tener fin debido a la llamativa indumentaria de las mujeres. También destacan los sombreros de colores de ellas, los de tonos ocres de los hombres y las sombrillas, paraguas y las varas de las decenas de líderes que las alzan en señal de manifestación.
Los gritos de apoyo, las consignas a coro, el sonido estridente y el colorido de las vuvuzelas son otra referencia para confirmar la masividad y la fuerza de la protesta.
«La directiva de 48 Cantones que están en la capital no están solos, nosotros los respaldamos, y el gobierno es el responsable de la vida de cada uno de ellos», dijo un poblador a la multitud.
A pesar del ánimo, la paciencia de esta multitud se agota.
Hombres y mujeres de todas las edades, desde adultos mayores hasta niños y niñas transformaron su rutina para acudir a diario al plantón en la carretera. Samuel Soch, con sus sesenta y pico de años encima, dejó la labranza por un lado, cuando el calendario indica que faltan pocas semanas para recoger la única cosecha de maíz que se logra en esta región cada año. Junto a su esposa, lleva alimentos para el día y bancos plásticos para descansar durante la jornada que tienen asignada.
La vara de madera color café oscuro que Soch sujeta bajo el brazo es evidencia de que es una autoridad electa por su comunidad. Es una muestra de que tiene que servirle a sus vecinos, sin recibir ninguna paga a cambio. Oswaldo Vásquez, empleado en una organización no gubernamental, ha dejado de pensar en proyectos comunitarios para organizar el traslado de sus vecinos.
Anibal, otra autoridad comunitaria, se ha quedado sin proyectos de construcción por causa del bloqueo. Su hijo, un adolescente que estudia segundo básico, dejó de asistir a clases desde el 2 de octubre porque en este momento el propósito de toda la comunidad es mantener una resistencia que obligue a renunciar a Porras, Curruchiche y Orellana y de esta manera asegurar el traspaso a un nuevo gobierno en enero próximo.
Una jornada en la carretera no es fácil. Implica dejar el trabajo, el cuidado de la casa, las siembras, animales, los problemas familiares y enfrentar las dificultades económicas mientras se hace guardia con la comunidad en cuatro carriles asfaltados.
Durante los primeros 15 días de esta protesta, la disposición de los 48 Cantones fue que todas las familias debían acudir o enviar a un representante para evidenciar la masividad y fuerza del pueblo k’iche’ en los puntos de bloqueo asignados. Después de dos semanas, sin muestras de renuncia de alguno de los tres funcionarios, la estrategia cambió. Los alcaldes escucharon al pueblo y acordaron que cada persona hará un turno de 12 horas en días alternos. Los hombres y las mujeres que ocupan un puesto de autoridad comunitaria deben continuar con turnos de 24 horas.
Los días son pasivos sobre el asfalto. Ningún vehículo se atreve a cruzar sobre esa multitud, pero en las noches hay más peligro de que alguien quiera encender el carro e intente pasar. Ana Rosales, de la aldea Nimasac, Totonicapán, cumplió el turno del domingo con su pequeño hijo a cuestas. Es una madre joven y comprometida con la decisión que tomó la comunidad.
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«El pueblo manda, de acá no nos movemos hasta que ellos no renuncien. Ni un paso atrás, estamos firmes. Esto es muy cansado, pero no podemos desalojar el camino porque no depende de nosotros, depende de Consuelo Porras. Si ella se retira nosotros desalojamos el camino, mientras no dé respuesta no damos el permiso», esta joven está convencida de que este esfuerzo histórico que ella y su comunidad hacen tendrá efectos en el futuro de sus dos hijos.
La neblina que acompaña las mañanas y el inicio de la tarde en este territorio solo nubla el panorama, porque el pensamiento de las personas es claro. «Sabemos muy bien que Guatemala tiene mucha riqueza, pero desgraciadamente los presidentes que nos han gobernado no han hecho bien su trabajo. Por eso muchas personas se arriesgan a migrar, porque no hay oportunidades. Si hubiera empleo y el gobierno estuviera haciendo su trabajo, en este momento nos vamos a descansar (a esperar) hasta que le dé solución a lo que el pueblo pide», decía José Ordóñez el domingo, mientras los habitantes de 12 comunidades gritaban para respaldar sus palabras.
La forma de organización comunitaria valora la voz de la comunidad, y es por esta razón que los pueblos indígenas no aceptan que su clamor sea ignorado. Porras, Curruchiche y Orellana cuentan con el rechazo de gran parte de la población, pero tienen el apoyo político para mantenerse en sus cargos. En el territorio de 48 Cantones, por ejemplo, cuando una autoridad es cuestionada por el pueblo que lo eligió, debe corregir el camino o apartarse del cargo.
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Por sus actos, los tres funcionarios son vistos como los responsables del atentado a la democracia, debido a que iniciaron investigaciones penales sobre un proceso electoral validado por la ciudadanía que participó en las mesas de votación, los fiscales de partidos políticos que estuvieron en el conteo de votos y los observadores locales e internacionales.
La población indigena que ahora sale en defensa del sistema democrático, confió y se desencantó de candidatos que les ofrecieron solucionar sus problemas más inmediatos. A pesar de la amarga experiencia cada cuatro años vuelven a participar del proceso electoral, pero esta es la primera vez en los 38 años de democracia guatemalteca que atestiguan que el candidato electo a la presidencia tiene todo en contra para asumir el cargo.
El Ministerio Público justifica que recibió denuncias contra las elecciones y el juez Orellana validó diligencias inéditas como la revisión de las papeletas marcadas con votos y el secuestro de las actas con las sumatorias de esos resultados. Por esa razón la resistencia se mantiene en las calles. Para esta población el sacrificio es mayúsculo, porque el tiempo en la carretera no retribuye dinero.
Lo único que pueden hacer cuando les toca turno es sentarse a escuchar los mensajes. Algunas mujeres bordan, otras personas solo descansan sobre la grama y conversan. Los cuatro carriles se convirtieron en una enorme plaza para dialogar.
Los más jóvenes juegan futbol, las mujeres bromean. Los perros siguen las huellas de los restos de comida. Los periodistas comunitarios y los creadores de contenido locales transmiten en vivo a través de Facebook o Tiktok, para informar que están presentes y evitar que los olviden. Los únicos que pueden hacer un poco de dinero son los vendedores de banderas, vuvuzelas, cintas o refacciones.
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Confusión entre participantes del paro
El cerco a la carretera Interamericana ha durado tanto tiempo que ocurrió un desabastecimiento de alimentos y combustible. Para solucionarlo, a las autoridades no les quedó más opción que liberar el paso durante algunas horas, aunque esto provocó desorden y confusión. La noche del viernes 13 de octubre, los 48 Cantones liberaron desde Cuatro Caminos hasta el kilómetro 177, pero algunos conductores informaron que en Sololá y Quiché abrieron hasta el día siguiente.
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En Totonicapán, la instrucción fue que el paso estaría libre por dos noches y madrugadas, hasta las 6:00 de la mañana del domingo, pero en Sololá y Quiché dejaron transitar durante más horas el domingo.
Esto provocó una alerta en el 177, porque se acumuló una fila de vehículos que incluía a un transportista que llevó maíz a Sololá y buscaba regresar a San Marcos, otro que llevaba un caballo y un poni desde la Transversal del Norte para llegar a Concepción Tutuapa, otro municipio de San Marcos, y tres camiones cargados con tomates y chiles pimientos que viajaron desde la Central de Mayoreo (Cenma) en Villa Nueva, y también se dirigían a San Marcos.
Los conductores explicaron que les abrieron el paso en los otros bloqueos, pero cerca del mediodía se estancaron en jurisdicción de los 48 Cantones. Esperaban que les permitieran pasar a las 6:00 de la tarde, cuando la mayoría de habitantes termina el turno, pero ese día la decisión definitiva era mantener el bloqueo.
Por un momento, la situación fue tensa. Los conductores de los camiones de tomate y chiles pimientos estaban molestos y amenazaron con cruzar los vehículos para impedir que los carros de la comunidad o ambulancias pudieran pasar.
«Llevo producto perecedero, yo les supliqué que me ayuden a pasar o lo voy a perder. Además, yo apoyé el paro en San Marcos, crucé mis camiones para sumarme a la protesta. No es justo que nos estemos afectando entre nosotros», decía la propietaria de uno de los vehículos. Al no obtener resultados, los tres camiones regresaron.
La única opción que les quedaba era buscar un extravío para llegar al suroccidente. Atravesar Zunil, Almolonga, Cantel y el centro de Quetzaltenango, en donde desistieron de acompañar los bloqueos de carreteras.
En Almolonga y Zunil, productores y transportistas apoyaron el paro, pero al notar que se extendía sin resultados exigieron abrir las rutas para que pudieran llegar los compradores. Tanto Zunil como Almolonga surten varios sectores del país, pero también el mercado salvadoreño. Debido a la falta de coordinación de los diferentes puntos de bloqueo, varios de los productores optaron por no levantar la cosecha, mientras que otros vendieron a precios mínimos o la dejaron abandonada en el Mercado de Mayoreo porque no lograron venderla.
Otra muestra de la confusión del domingo ocurrió cuando un joven que conducía un camión llegó al bloqueo en el kilómetro 176 de la ruta Interamericana. Llevaba una carta con membrete de la Alcaldía Indígena de Sololá, pero esta no llevaba firma.
En el documento se leía: «Las autoridades de la municipalidad indígena de Sololá, en seguimiento a la defensa de la poca democracia que le queda a nuestro país y sobre todo la evidente falta de interés del Estado de Guatemala en atender las peticiones de la población guatemalteca, hemos acordado que se dará paso a los vehículos que conllevan productos de primera necesidad para el abastecimiento necesario a nuestra población. Por tal razón, de manera respetuosa solicitamos las consideraciones necesarias para que la siguiente persona pueda trasladarse de Sololá a Retalhuleu y viceversa, con el único objetivo de abastecer con su producto a la población sin incremento o aumento de los precios y así mantener la resistencia de las peticiones de las autoridades indígenas a nivel nacional».
Humberto Clemente, un transportista de maíz, contó a Plaza Pública el martes por la tarde que todavía quedaba una fila de vehículos a la espera de que abran el paso. Su vehículo está vacío porque cumplió con la entrega, pero es muy grande como para girar y buscar otra salida.
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Mantener la resistencia
Aunque en la ciudad y en otros municipios del país crece el descontento por los bloqueos, para los líderes indígenas la retirada no es opción. Entraron a un juego de fuerza con los tres funcionarios a los que se les pide la renuncia y también con el gobierno de Alejandro Giammattei, al que consideran parte del grupo corrupto al que hay que vencer. Al ceder «ya no nos van a tomar en serio», es la conclusión a la que llegan varias personas.
El jueves 12 de octubre, cuando se cumplían once días del bloqueo en la ruta Interamericana, desde el kilómetro 110 al 188, en territorios de Quiché, Sololá y Totonicapán, la moral de la protesta decayó. Ese día el liderazgo de las organizaciones ancestrales que convocaron al Paro Nacional se reunieron con el presidente Alejandro Giammattei y después de tres horas de una sesión a puerta cerrada no hubo resultados positivos.
En los puntos de bloqueo escucharon la transmisión en vivo de la página de Facebook de los 48 Cantones, que mostraba a decenas de personas que esperaban a los líderes ancestrales en la puerta de la Casa Presidencial. Eso fue a lo único que tuvieron acceso en los puntos bloqueados a nivel nacional, porque la reunión con el presidente fue a puerta cerrada.
Durante la espera, el ánimo de las personas estaba en su punto máximo. Muchos celebraron y pensaron que esa tarde terminaría el sacrificio al que se habían sometido. Creyeron que volverían a sus casas, a su rutina, a los quehaceres, a la lucha por sobrevivir. Creyeron que habían ganado.
Era la primera vez en años que los líderes podían sentarse en la misma mesa que un gobernante para plantear una propuesta concreta. La fiesta se terminó cuando el grupo de alcaldes salió de la Casa Presidencial y dijo que Giammattei les había repetido lo que ya había dicho a través de un mensaje grabado a inicios de semana: no puede despedir a la fiscal aunque la Constitución le otorga esa facultad, porque la ley interna del Ministerio Público que fue reformada en 2016 dice que debe haber una sentencia firme para justificar que se le retire del puesto.
Quienes bloquean insisten en que Giammattei la nombró y él debe y puede despedirla. Las organizaciones indígenas y dos grupos de abogados solicitaron a la Corte de Constitucionalidad que elimine el artículo de la ley interna del Ministerio Público, para que el presidente vuelva a tener la facultad de retirarla del cargo. También hay una iniciativa de ley en el Congreso, que presentó el diputado Aldo Dávila, para que el Congreso legisle y modifique la ley del Ministerio Público. Hasta el momento de esta publicación, ninguna de estas propuestas tuvo resultados.
El día de la reunión con el presidente, el país registró 142 bloqueos. Al paro convocado por las autoridades ancestrales se sumó el personal de salud, estudiantes universitarios, artistas, vecinos de colonias, comerciantes, transportistas, taxistas, conductores de mototaxis, entre muchos otros. En las calles había fiesta, consignas, espíritu de unión y lucha pacífica a pesar de que Giammattei, la fiscal Porras y el todavía ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, insistían en la narrativa de que la protesta era vandálica.
Después de aquella infructuosa reunión hubo quienes cuestionaron a los líderes. «Se vendieron», decían en algunas conversaciones y discursos. A eso se sumó que, al día siguiente, el segundo viernes de protesta, los alcaldes comunitarios anunciaron que pondrían una pausa al bloqueo para permitir la provisión de alimentos y combustible.
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La tarima de Cuatro Caminos, que fue poderosa para liderar a una multitud encendida durante 12 días, quedó desarmada para dar paso a vehículos con combustible, helados, blocs, carros particulares, bebidas gaseosas, frutas, verduras y otros productos más. Desde ese día hasta el domingo, el número de manifestantes en la carretera Interamericana se redujo. También disminuyó a menos de 20 el número de bloqueos a nivel nacional.
En Quetzaltenango, Quiché, Sololá, Totonicapán y Huehuetenango miles de personas dejaron de asistir al paro para comprar alimentos y hacer fila y abastecerse del combustible recién llegado, incluso en recipientes como picheles, tinajas o garrafones de agua pura o botellas de gaseosa. Elizabeth, una comerciante de Quetzaltenango, llevaba seis horas de espera bajo el sol. La molestia le brotaba por los ojos, la piel y la voz.
Al ver la presencia de Plaza Pública soltó el discurso. «¿Dónde están el gobernador y los diputados de Quetzaltenango? La gente está sufriendo horas, pero estamos aguantando. Dejamos por años que las ratas se metieran a hacer nido, va a costar que los saquemos, pero no va a ser imposible. ¡Esto no es (por) la manifestación, esto es por corruptos como ellos! Si ya aguantamos todos estos días, tenemos que seguir», decía, con la determinación de quien está harta y busca un cambio.
En medio de ese episodio de desánimo en las calles, los alcaldes comunitarios indígenas no bajaron la intensidad de los discursos y animaban a las personas a no bajar la guardia y resistir. También sesionaron y acordaron una reorganización a los turnos de las personas y comunidades que asisten a los bloqueos. Desde ahora la estrategia es mantener el paro con menos personas en las carreteras. Quieren darles un descanso después de dos semanas intensas.
El lunes 16 de octubre, el peligro de antimotines daba paso a una nueva amenaza por los ataques violentos y armados contra las personas que mantenían los bloqueos en Chiquimula, Retalhuleu y San Marcos y que resultaron en el asesinato de dos personas a manos de un comando armado en Malacatán, San Marcos.
Ese día por la noche una comunidad de los 48 Cantones activó las alarmas porque un camión con soldados del ejército irrumpió en el territorio. Después de dos horas de diálogo, los líderes decidieron permitir la salida del vehículo con escolta de los mismos comunitarios, así como la firma de un acta en la que se comprometían a no regresar.
Las autoridades ancestrales comisionadas en la capital para representar a la población que protesta en las calles buscaron otras opciones de diálogo para dar fin a las acciones. Giammattei envió cartas a la fiscal Porras y a la Corte Suprema de Justicia para pedir que se reúnan con los líderes indígenas, pero la única respuesta conocida es la de Porras, quien a través de cartas firmadas por sus subalternos dijo que accedería a una cita cuando el bloqueo frente a la sede central del Ministerio Público quede liberado.
Las autoridades explicaron que el ingreso de personal no está obstruido y señalaron que ellos no dirigen el bloqueo, ya que el espacio es tomado por varias representaciones ciudadanas. Los alcaldes indígenas propusieron que la reunión se realice en el Palacio Nacional, para buscar territorio neutro, y que se transmita a través de los medios de comunicación para que todas las personas en los bloqueos puedan escuchar, pero la fiscal no aceptó y pidió a la Corte de Constitucionalidad que ordene al Ministro de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil que «habiliten el acceso pleno» a las oficinas de la institución.
Esa sucesión de hechos sirvió para disipar las dudas entre los comunitarios. La resistencia se mantiene en el corazón del territorio indígena y no desiste. En la capital, los líderes de los pueblos ancestrales enviaron mensajes para animar y recibir fuerza de las personas que los comisionaron para buscar soluciones. Porque el bloqueo es una medida de presión para conseguir la renuncia de los tres funcionarios.
«Estamos peleando contra un monstruo. Un estado cooptado por corruptos y por eso, ustedes que están en las carreteras son la fortaleza (del movimiento)», dijo el presidente de la Junta Directiva de la alcaldía de San Cristóbal Totonicapán delegado en la capital, Ángel Sapón.
En una conferencia de prensa, todo el liderazgo condenó los ataques contra las personas que mantienen el paro y responsabilizaron al Estado por la permisividad policial hacia quienes actuaron con violencia. «¡Ni un paso atrás!», repetían con las varas en alto.
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«Estoy consciente de que vine a ofrendar mi vida y ya hay mártires en San Marcos, pero el peor enemigo es el miedo. Solo venimos a cumplir un mandato del pueblo, tenemos el respaldo de ellos y si ustedes no se rinden en la carretera, ¿cómo nos vamos a rendir nosotros?», expresó Sapón, en una transmisión para 48 Cantones.
Desde que inició el paro, los líderes indígenas han sido acusados y señalados. La Fundación contra el Terrorismo denunció a Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones por los delitos de instigación a delinquir, obstaculización a la acción penal y violación al derecho de libre desplazamiento. El presidente Giammattei señaló de vandálicos a los manifestantes y de ser coordinados y financiados por organizaciones y personas extranjeras.
El diputado Anibal Rojas señaló a los 48 Cantones de provocar pánico financiero y terrorismo. Durante una sesión de la Comisión de Finanzas, el diputado reprodujo un audio apócrifo, en el que una persona sugiere retirar dinero de los bancos para llevarlos a la quiebra.
Nery Morales, alcalde comunitario de la zona 2 de Totonicapán, también delegado en la capital, hizo un llamado clave para aplacar la incertidumbre, porque en este momento nadie sabe cuánto tiempo más debe permanecer la resistencia en la carretera Interamericana: «Invadamos las redes con información verídica y mantengamos la resistencia pacífica», dijo.
Liberar la ruta, por ahora, no es opción.
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