Así funciona el clientelismo, con ejemplos de UNE y VAMOS

En Guatemala, el clientelismo político es evidente, pero tiene diferencias sustanciales con el modelo general latinoamericano. La más profunda: no hay un sistema de partidos políticos fuertes. Los guatemaltecos son máquinas electorales de vida corta.

Si bien existe una “clase política” bien establecida, los partidos son instrumentos legales para asegurar su participación. Pocos logran mantenerse “vivos” después de una contienda electoral. Una vez un patrón pierde o gana una elección, estos partidos importan poco.

Esto hace que el modelo clientelar guatemalteco sea más perverso.

El clientelismo se refiere a estructuras de poder en las que patrones, mediadores y clientes, se vinculan en interacciones asimétricas basadas en lealtades para-políticas.

Robert Gay (1990) lo considera como un sistema de distribución –u ofrecimiento– de recursos por parte de actores políticos a cambio de apoyo político. En Latinoamérica, esta estructura está institucionalizada en el mismo sistema de partidos. Los partidos tienen estructuras clientelares en sus bases que distribuyen bienes y servicios a sus bases electorales. Javier Auyero (1999) nos presenta un ejemplo argentino en el que el peronismo utiliza a sus satélites políticos (mediadores de poder) como sistemas de distribución de servicios médicos, alimentos, empleos, infraestructura, etc. Este autor presenta a las redes clientelares, en especial a los mediadores, como redes de solución de problemas cotidianos. Los votantes (clientes) pagan con lealtad y participación a favor del partido.

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El modelo latinoamericano coloca al partido como el punto de referencia de lealtad política. Esto permite desvincularse de las lealtades tradicionales (familia, iglesia, comunidad) en favor de una lealtad al satélite político (a la persona misma del mediador de poder) que se torna en apoyo partidario. La clave del modelo clientelar latinoamericano es la transgresión de lealtades tradicionales y su vinculación a partidos políticos.

Según varios estudios, este modelo está generalizado en Latinoamérica. También suele usarse para explicar la sumisión de los ciudadanos y la predilección por candidatos populistas y conservadores. La posición de mediación de poder es clave conseguir el apoyo político de las bases. Sin la mediación de actores en su base (barrios, aldeas, etc.) el elector, en general, tiene acceso limitado o nulo a los patrones políticos (candidatos). De igual manera, dichos patrones carecen de acceso irrestricto a dicho electorado. Por eso, el papel de los mediadores es importante. Su éxito descansa en su habilidad de transferir bienes y servicios pertinentes a su red de clientes.

En muchos países latinoamericanos, las lealtades se trasladan de las estructuras tradicionales a los partidos políticos. En Guatemala, los partidos utilizan esas estructuras tradicionales (primordialmente clientelares) para asegurar respaldo. Redes familiares, instituciones religiosas, movimientos sociales, sirven para controlar al votante.

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El éxito de mediadores de poder está en el control exclusivo de redes sociales clientelares; la distribución de bienes y servicios transitorios (lámina, bolsas de comida, transporte.); establecimientos de sistemas de distribución permanente de bienes y servicios (puestos de trabajo); sistemas de disciplina del votante (coerción para asegurar votos); establecimiento de vínculos de lealtad estables; y evitar la participación fuera de la red clientelar.

Caudillos locales y regionales traen consigo su propio capital político. Su propio capital cautivo. Este capital es puesto a disposición de las máquinas electorales durante cada evento electoral. Su tamaño determina la posición del caudillo dentro del ejercicio electoral. El rol del mediador de poder es clave ya que este debe asegurar, a través de lealtades a su persona, manipulación o coerción, un comportamiento específico durante elecciones.

El éxito del candidato depende del número de alianzas o coaliciones con el mayor de número de mediadores de poder. La distribución geográfica de dichas alianzas determina el nivel de apoyo en eventos electorales. Así, muchos candidatos presidenciales buscan activamente el apoyo de líderes políticos locales, como los alcaldes.

Estos últimos son actores que permiten un nivel de intermediación entre la estructura política temporal (el partido político) y las estructuras clientelares estables.

El ejemplo de Nueva Santa Rosa y la UNE

Veamos un ejemplo de Nueva Santa Rosa. El papel del candidato a alcalde, Enrique Arredondo, puede ilustrarnos el modelo clientelar guatemalteco. Patrón cuando se refiere a la contienda por la alcaldía, Arredondo es un excelente mediador en la disputa por la Presidencia. Su poder se basa en la vinculación política con actores de la clase política. Por un lado, el vínculo existente con el Partido UNE y con actores como el clan Castillo.

Su red clientelar se pude representar así:

El poder de Arredondo está en asegurar que solo él accede a un grupo de votantes conformado por satélites políticos ubicados en cocodes, Iglesia Católica, movimientos sociales e indígenas y coaliciones con actores políticos locales/regionales. Arredondo controla el acceso exclusivo a dicho sistema clientelar. Utiliza recursos municipales para proveer de bienes y servicios a clientes bajo control de su red de satélites políticos. El movimiento contra la minería le ha permitido un control más fuerte de su electorado, así como la distribución eficiente de recursos. Lo logra mediante la construcción de lealtades clientelares, tanto a él mismo como a sus satélites. El uso de vínculos de control tradicional, como el ejercido por grupos religiosos, es importante para movilizar apoyos.

La UNE se vincula con mediadores de poder como Arredondo para acceder a dicho capital político. Si bien el mismo partido ha sido exitoso en construir su base electoral geográfica, mucho del control ejercido por el partido es gracias a su asociación con mediadores que ejercen controles exclusivos sobre sus clientes.

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Que existan dichos vínculos de control local es clave. El acceso exclusivo a clientes hace que el modelo clientelar guatemalteco sea peculiar. El hecho de que un mediador de poder ejerza control sobre ciudadanos viola la regla de igualdad política. Es decir, el votante que está un sistema clientelar rígido como el de arriba no puede participar de forma equitativa con uno fuera de cualquier sistema clientelar. Así también viola el principio de soberanía popular, ya que controla la decisión electoral y la concentra en manos de los que dirigen la estructura de patronazgo.

Al crecer las redes del crimen organizado, las estructuras clientelares facilitan la expansión del patronazgo. Los grupos criminales dominan sistemas análogos de lealtades y se convierten en estructuras alternas de control social. El crimen organizado, que entrega bienes y servicios e impone disciplina con crueldad, facilita el control de poblaciones locales. Por eso al crimen organizado le es fácil entrar en sistemas clientelares como el guatemalteco: opera con mecanismos similares y complementarios.

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VAMOS en Petén

Por su parte, la base de apoyo central del partido VAMOS, al igual que en el caso de la UNE, proviene de estructuras clientelares. También han incluido mediadores de poder ubicados en cocodes, grupos religiosos (no católicos), líderes locales.

La principal diferencia entre el modelo clientelar de la UNE y VAMOS es que en el segundo predominan los mediadores de poder vinculados con excomisionados militares y ex patrulleros de autodefensa. Muy similar a las estructuras generadas en la segunda vuelta por FCN (aunque en las elecciones que ganó Jimmy Morales las estructuras clientelares fueron relevantes solo para la segunda vuelta).

El modelo clientelar de VAMOS, para el caso de Flores, Petén, se puede representar de la siguiente manera:

Las estructuras clientelares de VAMOS abarcan menos territorio que las de la UNE, y son más pequeñas.

La de Amatitlán probablemente sea la más característica de VAMOS: es una red clientelar poco cohesionada y no exclusiva. Es decir, es una red que tiene menos vínculos entre sí (más agujeros estructurales) y la misma red se vincula con redes clientelares contrarias al mismo partido.

Campañas deliberativas, corporativistas y disciplinadas

A punto de terminar las elecciones, los partidos políticos con mayor acceso a mediadores de poder locales y regionales (UNE y VAMOS) tuvieron mayor éxito electoral. Podemos distinguir tres tipos de campañas:

a) Deliberativas: enfocadas en generar opinión mediante el diálogo simbólico y directo con electorado. Se caracterizan por la interlocución directa y general con los votantes. No utilizan medios clientelares para ganar votos. No tienen una base social amplia y, la misma se comparte con otros actores políticos. Suelen aplicarse por partidos nuevos y pequeños: Semilla, Winaq, Convergencia y Humanista han hecho este tipo de campaña.

b) Corporativistas: utilizan estructuras clientelares extensas para controlar el acceso a votantes a nivel local. El nivel de interlocución es mediada y dirigida por satélites y mediadores políticos. Se basan en alianzas y coaliciones con dichas estructuras. Dominar estas relaciones es claves para dominar la geografía de las elecciones. Acceder en exclusiva a la clientela fortalece esa estructura. Hay baja deliberación política, lo que petrifica las relaciones de patronazgo. Los ejemplos obvios son la UNE, VAMOS, FCN y Unionista.

c) Disciplinadas: las elecciones generales de 2019 también evidenciaron la creación de un tipo distinto de campaña política: la campaña dirigida por el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP). Esta campaña se presentó como algo diferente. En efecto lo fue. Este tipo de campaña no está vinculada con máquinas electorales. Proviene primero de movilización social. El MLP está vinculado directamente con el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Para los estándares guatemaltecos, dicha campaña rompió con la forma en que se relacionan la base y el liderazgo político. Se diferencia profundamente de las campañas corporativistas en que estas se basan en el control del elector mediante mecanismos disciplinarios concretos (amenaza, ataque a reputación, marginación, quitar servicios, etc.). Como en las campañas corporativistas, las disciplinadas controlan cómo se accede a las bases, pero no a través de lealtades clientelares sino generando una identidad como movimiento. Este tipo de campaña requiere crear una identidad previa y limitar la deliberación política. Su campaña no está enfocada en la mediación del voto (su interés trasciende al voto), si no que la generación de identidad política. El recurso que utiliza Codeca es el de la energía eléctrica. Su control favorece el establecimiento de sistemas disciplinarios necesarios para generar la movilización de sus bases. La poca deliberación política resulta en un tipo de identidad política dirigida y centralizada.

El ejemplo del MLP en Sololá

El caso de la campaña del MLP se debe comprender como un rompimiento con la tradición electoral guatemalteca en la que el clientelismo político es la norma. Sin embargo, si entendemos a la democracia como algo más que solo un proceso de decisión sobre la alternabilidad del poder y la consideramos como un sistema político contrario a estructuras políticas centralizadas y dirigidas por un grupo pequeño. La versión de empoderamiento de las bases de Codeca y su expresión electoral del MLP tampoco podrían considerarse deseables bajo un sistema democrático. Si bien la creación de una identidad política tan centralizada por Codeca favoreció el establecimiento de la base política del MLP, el nivel de creación de una identidad hegemónica en sus miembros resultó en la minimización del nivel de deliberación con contrarios. Esto resultó en procesos análogos al clientelismo.

Esto se hace evidente en el tipo de organización electoral resultante para el caso de Santa María Utatlán, Sololá:

¿Por qué es importante esto?

En 1969 sale a la luz el tomo editado por Charles F. Cnudde y Deane E. Neubauer bajo el título Empirical Democratic Theory. Los autores pretendían presentar una visión del estudio de la democracia que aterrizara la teorización normativa sobre este sistema político a formas específicas de cómo estudiarlo. Obviamente, todo inicio de cualquier investigación empírica –entendiendo este último vocablo como investigación basada en evidencia– requiere, primero, de una definición de democracia. Sartori (1969), en este mismo tomo, argumenta que las definiciones ex adverso (definir por opuestos) son insuficientes. Decir “democracia no es autoritarismo” es empíricamente insuficiente: a) no nos permite definir claramente límites empíricos del fenómeno; b) presupone que la democracia no puede incorporar formas autoritarias ni totalitarias, aunque la evidencia dicta que estas son una posibilidad.

Ranney y Kendall (1969) argumentan que los principios que pueden evaluarse empíricamente para determinar la calidad de una democracia pueden resumirse en soberanía popular, igualdad política, consulta popular, regla de la mayoría (45-60).

La soberanía popular se refiere a una distribución del poder en la que no puede concentrarse en “pocas manos”.

La igualdad política es la capacidad de cada miembro de la comunidad política de afectar, con una misma probabilidad, el proceso de decisión pública.

La consulta popular es constituida por procesos de decisión pública (p.ej., elecciones) y se presupone vinculado con la alternabilidad del poder.

La regla de la mayoría no se refiere necesariamente al gobierno de la mayoría. Se refiere a procesos en que los deseos de la mayoría no contravienen los de minorías. Un gobierno con reglas de mayoría absoluta no necesariamente es democrático debido a que se debe resguardar los derechos de las minorías. Así también, un gobierno democrático no debe contener la posibilidad del veto de minorías. Un sistema democrático contiene mecanismos que permiten la consecución de los deseos de la mayoría resguardando los derechos de minorías (por medios constitucionales o sistemas jurídicos, por ejemplo).

Las democracias latinoamericanas han sido criticadas por la violación de uno o varios de estos principios. Muchos argumentan que estructuras de patronazgo político (clientelismo) no permiten el establecimiento de sistemas democráticos reales. Guatemala no se escapa de dicha caracterización. Sin embargo, muy pocos han diseccionado los mecanismos de poder que hacen evidente dicho sistema. El constructo “clientelismo político” se queda como una visión externa o, tal y como lo sugiere Javier Auyero (1999), se ha convertido en una “prisión metonímica”.

Para escapar dicha cárcel se deben evidenciar dichos mecanismos.

Los datos utilizados para este ensayo provienen de estudios realizados sobre movimientos sociales en Guatemala y el cruce de datos de resultados electorales.

El romanticismo político-legal

A los eventos electorales se les califica propagandísticamente como “fiestas cívicas”.

Este ideologema nos presenta las elecciones como un fin en sí mismo: dejan de ser un mecanismo de toma de decisión pública sobre la alternabilidad del poder para convertirse en el fin último de la democracia. El fetichismo del evento electoral se torna en el único mecanismo que la ciudadanía tiene para afectar el proceso político. Luego del evento, los electores se quedan a merced de los ganadores.

Las elecciones tienen un aura de romanticismo político-legal. Se basan en la idea que estas están fundamentadas en un modelo cuyo punto de partida es la relación candidato(a)-partido político-propuesta política-elector. La ley regula el proceso y lo ratifica. Románticamente hablando, esta es una relación que fortalece la influencia (candidato sobre elector) como mecanismo generativo.

Se considera idealizada la idea de que la propuesta pública de un candidato o partido es la que rige el resultado final del proceso. Las elecciones, bajo esta perspectiva, son un proceso de exposición de ideas. Aquellas ideas más populares serían las que, en teoría, influirían el comportamiento del votante. Pero esta es una narrativa que nos aleja de la realidad de los procesos electorales.

El punto de vista romántico de las elecciones las interpreta como un mercado de ideas y al elector como su consumidor. Bajo esta perspectiva, no existe ningún tipo de intermediación entre idea y elector. No hay actores que influyan sobre la decisión. El elector es una isla sin relación con otros.

Sin embargo, cuando nos detenemos a buscar las ideas expuestas en campaña, nos damos cuenta de que no las hay. Las campañas más parecen sacadas de un guion escrito por Boecio: las propuestas no son más que ayudas de memoria para llenar los vacíos. En Guatemala, las elecciones no son sobre ideas, sino sobre ejercicios de poder más inverosímiles.

Límites al clientelismo: la deliberación

El enemigo mortal del clientelismo es la deliberación política. Como ya se mencionó, el control exclusivo por parte de mediadores de poder y sus satélites es importante para el efecto del patronazgo sobre los resultados electorales. Cuando sus clientes pueden dialogar con otros miembros de grupos contrarios, se tiende a minimizar el control sobre estructuras de poder locales y regionales. La deliberación caracterizó la primera vuelta de las elecciones generales del 2015. El hecho de que Líder lograra cooptar estructuras clientelares pero careciera de control debido a deliberación entre sus clientes, permitió romper la exclusividad de dichas redes.

Para el 2019, la salida de las candidatas Thelma Aldana y Zuri Ríos (la primera sin control de redes clientelares, pero con presencia pública, y la segunda con estructuras clientelares similares a VAMOS, así como presencia pública) fomentó el retorno de estructuras de patronazgo tradicional. A esto debemos también añadir el fracaso de la reforma de la ley electoral con respecto a medios de comunicación, que minimizó el efecto de deliberación política necesaria para fomentar comunicación entre el electorado.

Lamentablemente, Guatemala no se caracteriza por la deliberación. La tendencia de todos los sectores es a excluir a sus oponentes. La democracia queda relegada a procesos de establecimiento de campos de conflicto en los que las posiciones políticas son concentradas en grupos electorales atomizados. Esto facilita el control de mediadores de poder sobre los accesos exclusivos de sectores de la sociedad. Las alternativas deliberativas, tal y como las adoptadas por partidos nuevos y pequeños, son definitivamente mecanismos de limitación de poder clientelar. Las elecciones generales del 2016 demostraron que es posible generar, bajo ciertas condiciones coyunturales (por ejemplo, la caída del Partido Patriota y Líder, así como también el vínculo entre mediadores y patrones) niveles altos de deliberación que favorecen la generación de diálogo político y el rompimiento de la utilización de las relaciones piramidales ente patrones, mediadores y clientes.

Todo esto debe dejarnos algo claro: la idea de que el diseño institucional mediante leyes es un fetiche. Las reglas formales del juego político están desvinculadas de la realidad sociológica nacional. Han logrado controlar los fundamentos macro del sistema de partidos políticos, pero sin alterar los microsociológicos. Por el contrario, muchas de estas modificaciones a las leyes relevantes han institucionalizado los procesos clientelares y no han promovido la deliberación electoral. Por ejemplo, el control de medios, contrario a facilitar la exposición de ideas, en especial para partidos nuevos y pequeños, esta bloqueó la posibilidad de deliberación entre electores. El énfasis fue el diseño legal y punitivo sin entender sus implicaciones sociológicas a nivel de electores. Cualquier cambio o diseño institucional debe fomentar deliberación ya que es la única forma de liberar a los clientes del control exclusivo de patrones y mediadores de poder.

Nota del autor: Los datos analizados se recolectaron en marzo y abril de 2019. Se utilizaron diarios de contacto, en los que voluntarios registraban cualquier reunión social (cultural, religiosa, política, familiar, etc). Se les pidió que identificaran a posiciones de poder a lo interno de sus redes de contactos. Especial atención se puso en personas que proveen acceso a bienes y servicios en nombre de algún colectivo social (religioso, cultural, político, etc.). También se les pidió que identificaran a los receptores de dichos bienes y servicios. Las redes políticas fueron elaboradas por Social Analytics entre 2013 y 2019. Estas redes fueron comparadas con los libros de contactos para establecer posiciones politico-clientelares.

Bibliografía

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Cnudde, Charles F. y Deane E. Neubauer (1969) Empirical Democratic Theory. Chicago, Illinois: Markham Publishing Company. En Empirical Democratic Theory. Editado por Charles F. Cnudde y Deane E. Neubauer. Pags. 41-63. Chicago, Illinois: Markham Publishing Company.

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Jameson, Fredric (2002) The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London, UK: Routledge.

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Sartori, Giovanni (1969) What Democracy is Not. En Empirical Democratic Theory. Editado por Charles F. Cnudde y Deane E. Neubauer. Pags. 23-40. Chicago, Illinois: Markham Publishing Company.