El evento contó con exposiciones de representantes del Gobierno, de la sociedad civil, de organismos internacionales y de la academia, que se articularon alrededor de cuatro ejes: el contexto geopolítico y regional, la inversión estratégica, el impacto en la migración y los vacíos y las fortalezas del plan.
Si bien comparto las preocupaciones generales discutidas durante el evento, como la falta de información sobre el plan, la contradicción de datos (sobre todo acerca del presupuesto) entre diversas fuentes, la percepción de insuficiencia de recursos para los objetivos que pretende alcanzar y la transparencia en el diseño, la implementación, la fiscalización y el diálogo con todos los sectores sociales, entre otras, en este texto me centraré en los aspectos comunitarios de esta estrategia regional.
En primer lugar, si el plan pretende incidir en los factores estructurales que impulsan la migración (pobreza, violencia, desigualdad, etcétera), es también importante considerar las redes establecidas a través del flujo migratorio guatemalteco desde al menos 1970. Dichas redes han facilitado la creación de una cultura de emigración, que visualiza el viaje al Norte como única alternativa de progreso individual, familiar y comunitario. Se ha instalado con los años un imaginario colectivo de la migración que ha configurado dinámicas sociales y económicas particulares en las comunidades, las cuales se encuentran preparadas para el desplazamiento de su población. Ello se refleja en las expectativas de la juventud, cuya percepción es que las oportunidades residen en Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de sus padres, tíos, hermanos, que ya están afuera y envían remesas para el sostenimiento de los hogares y la compra de bienes de consumo que permiten ascender socialmente y ganar confort familiar.
Segundo, si el plan pretende generar un arraigo de las poblaciones a través de oportunidades económicas, es indispensable considerar cómo serán estas. ¿Serán empleos protegidos, con salarios arriba del mínimo y acordes a la formación, con prestaciones laborales y oportunidades de ascenso? Las personas emigran buscando mejorar sus niveles de vida, y esto va en relación no solamente con la obtención de un empleo, sino con la calidad de vida que les es posible adquirir a través de su trabajo. Si tanto en Guatemala como en Estados Unidos realizarán el mismo tipo de labor (por ejemplo agricultura), pero en el Norte ganarán ocho veces más, con posibilidad de adquirir una mejor casa, un carro o un terreno a través de las remesas, es claro que la opción seguirá siendo salir del país.
En relación con lo anterior, el plan incluye un fuerte componente para dinamizar el sector productivo, pero no está claro si seguirá favoreciendo las actividades económicas tradicionales, que no han generado mayores oportunidades para la población, sino, por el contrario, han sostenido un statu quo de desigualdad. Por tanto, es importante ampliar la mirada hacia actividades alternativas y sostenibles, que aprovechen los saberes comunitarios y fortalezcan las capacidades productivas y técnicas de las poblaciones, sobre todo en las pequeñas economías.
Un tercer elemento es la consulta comunitaria con las poblaciones a las que va dirigido el plan. Al parecer, existen ya municipios seleccionados con base en niveles de pobreza, cantidad de emigrantes y otros criterios, pero me pregunto si se han considerado las prioridades de cada territorio, así como los contextos diferenciados para su implementación. No es lo mismo Alta Verapaz, con altos niveles de monolingüismo, analfabetismo y pobreza, que Zacapa, con población mayoritariamente ladina y mejor conectada con la carretera al Atlántico.
En este sentido, preocupa la articulación local del plan en cada municipio, cómo se incluirá a la sociedad civil y a otros actores locales para una efectiva implementación y auditoría social con enfoque de transparencia y de derechos humanos. Asimismo, es importante saber cuál será la estrategia de distribución del presupuesto y quién lo ejecutará responsablemente, atendiendo a las necesidades locales y a las capacidades de ejecución de cada territorio.
Por último, un actor que no se refleja en el diseño actual del plan es la sociedad civil migrante, cuyo potencial de incorporación como un aliado puede ser relevante. Las organizaciones de migrantes cuentan con capacidades diversas para, además de aportar remesas colectivas, constituirse en observadores, en fiscalizadores para la transparencia, en asesores e intermediarios entre comunidades de origen y de destino e incluso en ejecutores de proyectos transnacionales.
En resumen, dado que el plan tiene una pretensión integral, puede constituir una oportunidad de articulación entre diferentes sectores provenientes de los ámbitos local, nacional y regional centroamericano (no hay que olvidar que somos tres países los destinatarios) y establecer ejes transversales de implementación entre lo macro y lo micro. No obstante, es imprescindible que sea desde las prioridades y los contextos de los territorios para un verdadero desarrollo desde abajo y desde adentro de las poblaciones.
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