El estudio, que se titula La otra frontera[1], menciona en las páginas 5 y 6: «Ese año, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos puso en marcha discretamente el programa de la región fronteriza México-Guatemala-Belice proporcionando hasta 50 millones de dólares del presupuesto antidrogas del Pentágono para la adquisición de lanchas patrulleras, equipos de visión nocturna, equipos de comunicaciones y sensores marítimos y de escaneo. Gran parte de esta ayuda será enviada a la frontera sur de México, no solo a la frontera norte».
Aunque México siempre ha jugado un rol de retención de los flujos migratorios, tal como se visualiza en la gráfica que se muestra a continuación, es de notar que a partir del 2013 se marca un fuerte ascenso. Y la tendencia se mantiene en el 2015, ya que hasta junio se han reportado 15 207 deportaciones desde Estados Unidos por la vía aérea, frente a las 34 513 desde México por la vía terrestre.
Fuente: Dirección General de Migración.
En una misión de investigación y denuncia de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y México sobre migrantes desaparecidos, privados de libertad y con necesidad de protección especial, la cual se llevó a cabo en junio de 2015, se evidenció que el Consulado de Guatemala en Tapachula se encuentra desbordado por la cantidad de casos que atiende y por la diversidad de perfiles de las demandas (regularización, trata, deportaciones, niñez, demandas laborales y solicitudes de asilo), producto de que esta región es uno de los principales pasos de migrantes centroamericanos. Aquí también se encuentra la principal estación migratoria de Chiapas, Siglo XXI, teniendo en cuenta que este estado es uno de los cinco más importantes en esta política de taponamiento de los flujos migratorios centroamericanos. En 2015, la mayor cantidad de deportaciones fue de guatemaltecos (34 513), seguidos por hondureños (26 062), salvadoreños (13 619) y nicaragüenses (722), a diferencia de 2013, cuando los más deportados fueron hondureños, y de 2014, cuando hondureños y guatemaltecos casi se equipararon. Este aumento de la deportación de guatemaltecos puede obedecer a las presiones de una política migratoria de deportación generalizada que afecta las relaciones fronterizas entre ambos países, ya que estas acciones se están desarrollando de manera discrecional, pues existen denuncias de trabajadores temporales, así como de personas que realizan intercambio comercial, de haber sido detenidos por su condición migratoria o por la percepción estereotipada que se refuerza sobre la población migrante, que de víctimas pasan a ser victimarios, como lo declara el Consulado de Guatemala en Tapachula al referirse a problemas de entendimiento entre su actuar consular de protección y el de la Procuraduría General de la República de México, así como el de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que no traslada al consulado las solicitudes de asilo.
Ahora la pregunta es, si México siempre ha jugado un papel de retención de la población migrante centroamericana hacia Estados Unidos, como lo demuestran las estadísticas, ¿qué cambió entonces a partir de 2011? A continuación, algunas explicaciones. Aunque todavía de manera discreta, como se menciona en el documento citado, a partir de los siguientes años se empiezan a explicitar las políticas de Estados Unidos para con México y Centroamérica a través de una serie de planes, empezando con el Plan Mérida, aprobado en 2008. Por otra parte, México, en plena concordancia con los objetivos de Estados Unidos, también va haciendo suyo el enfoque de seguridad nacional y con ello propone en agosto de 2014 el Programa Frontera Sur. No pasó mucho tiempo antes de que los Gobiernos centroamericanos se sumaran a este corolario de políticas de securitización, cuando hicieron suyas las acciones de las llamadas fuerzas de tarea y, casi paralelamente, también hicieron suya la propuesta generada por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que ahora se pretende aprobar. Para México, esto implica la asignación de recursos financieros y tecnológicos, así como asistencia administrativa e institucional, los cuales posiblemente, aunque en menor proporción, también serán asignados a Centroamérica con el nuevo plan. Pero además implica la intervención de Estados Unidos, con la presencia de sus actores, para garantizar que esta política de seguridad nacional se aplique al pie de la letra según sus intereses y su enfoque y se traslade, desde un pretexto-realidad de la circulación del narcotráfico y el crimen organizado que amenaza a su país, a otros rubros como la migración y la gobernabilidad.
Qué mejor prueba que la nueva visita a los países centroamericanos en estos días de la delegación del Gobierno de Obama para dar continuidad a la propuesta de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, conformada por el consejero de Estado, Thomas Shannon; el secretario de Estado adjunto, William Brownfield; el secretario adjunto de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interna, Alan Bersin; la administradora adjunta en funciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Beth Hogan; y el fiscal general adjunto, Kenneth Blanco, entre otros. Esto, unido a las visitas ya realizadas en años anteriores, también de altos funcionarios de Estado, cuya presencia deja claro el interés de Estados Unidos por reforzar sus propuestas. En 2012, Bersin expresó: «La frontera entre Guatemala y Chiapas es ahora nuestra frontera sur»[2].
Esta situación se acerca mucho a la coyuntura política que viven Honduras y Guatemala con los casos develados de corrupción de altos funcionarios de Gobierno (en el caso de Guatemala, por parte de la Cicig y del Ministerio Público —MP—), donde se ha colocado en el centro de la actuación a la Embajada de Estados Unidos, así como su posición de resguardo de la gobernabilidad mediante su respaldo a la continuidad del mandato del presidente Otto Pérez Molina y por la vía de su involucramiento en las medidas presentes y futuras que toman entidades nacionales como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Gobernación.
Evidencia de lo señalado en el párrafo anterior fue lo constatado en la audiencia de la misión de investigación y denuncia realizada con la ministra de Gobernación. En esta fuimos recibidos por todo el equipo de dicho ministerio, incluyendo al recién nombrado director general de Migración y al viceministro antinarcóticos. Fueron presentados los dos agregados de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes se encontraban en el fondo de la sala y presenciaron la conversación con la delegación de forma reservada, no sin que la ministra hiciera varias intervenciones para señalar su asistencia técnica y su acompañamiento, como ella literalmente lo acotó.
En conclusión, es evidente el corrimiento de la frontera norte al sur. Y aunque es innegable nuestra interdependencia con Estados Unidos en los planos geopolítico y económico, así como la contribución de esa nación a las acciones que la Cicig y el MP han emprendido contra la galopante corrupción en esferas de estructuras de fraude al Estado, no es posible aceptar que los Estados centroamericanos emitan una respuesta sumisa y de complicidad con las políticas estadounidenses en materia migratoria y de vulneración de los derechos humanos de sus connacionales, ya que será imposible garantizar una real gobernabilidad regional si no se discuten, de forma equilibrada y en posiciones de corresponsabilidad, el enfoque de seguridad y de política migratoria y modelos inclusivos de bienestar.
[1] Adam Isacson, Maureen Meyer y Gabriela Mora (2014). La otra frontera de México: Seguridad, migración y la crisis humanitaria en la línea con Centroamérica. Estados Unidos: WOLA. Disponible en: http://www.wola.org/sites/default/files/La%20otra%20frontera.pdf.
[2] Op. cit., pág. 6.
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