Es indiscutible que el problema del narcotráfico en Guatemala se está agudizando de manera muy seria y preocupante. Los narcos están logrando extender los territorios en los que ejercen control y sus cuotas de poder económico y social. Y uno de los factores que alimentan este deterioro es la corrupción galopante.
Por ello es que la aseveración de Jimmy Morales con relación a la emboscada que sufrieron efectivos de la Infantería de Marina del Ejército de Guatemala en la aldea Semuy 2, El Estor, Izabal, en la que fueron asesinados tres y resultaron heridos otros tres, es irresponsable y encubre a los verdaderos responsables de esta crisis en crecimiento. Tan fuerte y conocida como el rumor de corrupción en el sistema aduanero, que el caso La Línea solo vino a confirmar en 2015, es la corrupción en el Ejército de Guatemala, que, en vez de constituir una fuerza contra el narcotráfico, está conformado por oficiales corruptos (no todos), que actúan al servicio de los narcos, y no de su patria y de su gente, como se la pasan jurando.
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Esta realidad explica la gran desconfianza que genera la declaratoria de estado de sitio en 22 municipios del nororiente del país. Al quedar suspendidos derechos constitucionales como el de acción, el de locomoción, el de reunión y manifestación, el de portación de armas o el de no ser objeto de detención ilegal o de interrogatorios a detenidos y presos, se corre el gravísimo riesgo de que los narcos ahora tengan en esos municipios una suerte de emporio, libre de restricciones constitucionales, en el que estén protegidos por los sectores corruptos del Ejército. Además, el gobierno de Jimmy Morales y los alcaldes podrían aprovecharlo para retomar fechorías corruptas como la de la compra de aviones a Argentina, que se logró frenar exigiendo la aplicación cabal de la ley, o para volver a las prácticas del pasado de reprimir a la población civil con el pretexto de combatir un grupo armado. Justamente por la realidad de estos riesgos es que, al ratificar el decreto que estableció el estado de sitio, el Congreso impuso controles al Ejecutivo, incluyendo la prohibición de contratar obra pública durante la vigencia de ese estado de excepción.
Está más que claro que el gobierno de Jimmy Morales no ofrece ninguna garantía de capacidad, transparencia y probidad en el manejo de crisis como la del fortalecimiento del narcotráfico en Guatemala. Contrario a lo que el todavía mandatario alega, culpando a otros, la responsabilidad es harto suya y de su gobierno. Si no, que lo diga su afición al pollo en crema con loroco.
Quizá solo comparable con la responsabilidad de Jimmy Morales en este tema tan delicado sea la magnitud del desafío de Alejandro Giammattei de que el nuevo gobierno pueda revertir la gravísima tendencia de Guatemala a consolidarse en un narcopaís. Agrava este desafío el hecho de que el nuevo gobierno encontrará una situación mucho más deteriorada de lo que estaba en 2016, al inicio de la gestión de Morales.
Otro agravante es el debilitamiento agudo de la posición de Guatemala ante Estados Unidos de América luego de la sucesión de torpezas y burradas diplomáticas cometidas por el gobierno de Morales. Será el gobierno de Giammattei el que deberá enfrentar las consecuencias y pagar la factura de haber vendido baratas, casi regaladas, la dignidad y la soberanía de Guatemala. Y es que tenemos que tener claro que no será gratuito que hoy nos presentemos como el bufón más tonto, que baila y hace tonteras a sabor y antojo de Donald Trump y de los narcos.
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