La situación es tal que tiene preocupados a parlamentarios estadounidenses, quienes, ante el estado deplorable en que se encuentran menores de edad, familias, mujeres y hombres en la frontera entre México y Estados Unidos, han promovido acciones como la aprobación de recursos para atender el calvario que viven. La última semana de junio, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda de emergencia de 4,500 millones de dólares para el cuidado de miles de familias migrantes y de niños no acompañados que se encuentran detenidos en la frontera con México.
Más de 1,000 millones de dólares se destinarán para dar albergue y alimentos a los migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza y casi 3,000 millones para el cuidado de niños migrantes no acompañados, que serán puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. También se busca un mandato para mejorar los estándares de los albergues para aquellos que esperan ser colocados con familias de acogida en Estados Unidos.
Los parlamentarios se aseguraron de que los fondos no pudieran desviarse hacia el muro fronterizo de Trump y prohibirán que la información sobre los patrocinadores de los menores migrantes sea utilizada para deportarlos. Además, como parte de su labor de fiscalización, algunas legisladoras demócratas visitaron los centros de detención a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y denunciaron las condiciones de insalubridad y prácticamente de tortura a las que son sometidos cientos de migrantes centroamericanos. Con esto desmintieron a la canciller guatemalteca Sandra Jovel. De hecho, una de las legisladoras describió como «horribles» las condiciones en los centros de detención, que incluyen hacinamiento, insalubridad y abuso psicológico, entre otros.
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Estas condiciones ya habían sido denunciadas por la prensa, que las calificó de «instalaciones de tortura». Incluso, en mayo un organismo de vigilancia interno del Gobierno de Estados Unidos advirtió sobre un hacinamiento peligroso en las instalaciones de El Paso, y en junio los abogados de inmigración denunciaron las condiciones miserables que sufren cientos de niñas y niños en otra instalación en Clint, Texas.
Y así, mientras la situación en la frontera se agrava y los parlamentarios de Estados Unidos denuncian las violaciones de derechos humanos en contra de miles de migrantes, entre ellos población guatemalteca, y asignan recursos para atender la tragedia que se vive en la frontera, la ministra de Relaciones Internacionales, Sandra Jovel, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se van de compras a Argentina a despilfarrar 215 millones de quetzales para comprar dos aviones militares.
La noticia es real, no un mal chiste de Moralejas. Y por eso da vergüenza y repugnancia ver a una Jovel aplaudiendo el acuerdo y a un Jimmy emocionado, en vez de utilizar ese dinero para la atención consular, para atender la deplorable situación de millones de guatemaltecos que sobreviven sumidos en la pobreza, de alrededor de 890,000 niños desnutridos, de alrededor de 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes fuera del sistema escolar y de aquellos miles que, al ver que su vida no vale nada en Guatemala, deciden migrar a Estados Unidos. Da rabia ver que en Estados Unidos se preocupan más por atender la tragedia que se vive en la frontera que aquellos que fueron designados para atender la política exterior y mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca.
No debemos permitir este desperdicio de recursos públicos ni que el Gobierno guatemalteco vuelva a estar en manos de Joveles o de Jimmys. No podemos cometer nuevamente un error tan grave.
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