La semana pasada cuestioné la operación desde el punto de vista de su legitimidad, ya que evidencia la estupidez con la que Jimmy Morales y su gobierno ordenan las prioridades: anteponen la compra de estos dos aviones a las graves e inmensas necesidades de la gran mayoría. Puse como ejemplo que el gasto público destinado al rescate de niñas y niños de las garras de la desnutrición tenía que ser muchísimo más importante (¡de carácter prioritario!) que la compra de armas.
Aunque desde la sensatez y la honestidad pareciera increíble que alguien en su sano juicio pudiese oponerse a ese principio, por desgracia muy vergonzosa, en Guatemala existen personas, Jimmy Morales y su gavilla por supuesto incluidos, que efectivamente creen que esos dos aviones son más importantes que el rescate de niños desnutridos y repiten toda la cacofonía del peligro y la amenaza que representan el narcotráfico en Guatemala. Si tener a la mitad de los niños condenados de por vida por la desnutrición crónica es la primera vergüenza nacional, pues me parece que la segunda es que exista esa gente.
Es en realidades como estas en las que un Estado de derecho deviene fundamental. Porque vergonzoso es también el hecho de que en 2015 Jimmy Morales recibiera una mayoría de votos y fuera elegido presidente de la república pese a que se sabía que, si él y su partido ganaban, prácticamente se le otorgaba el poder a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). Él y el FCN-Nación son el presidente y el partido de la Avemilgua, y en 2015 el electorado les otorgó el poder para cosas como definir el orden de prioridades del gasto público, entre ellas anteponer la compra de armas al rescate de la infancia desnutrida. Algunos argumentarán que las otras opciones eran o parecían peores, pero opino que no pudieron ser peores que lo que Jimmy Morales y su gestión están demostrando ser: el poder en manos de corruptos, ladrones, mentirosos, herederos de asesinos y criminales de guerra.
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Sin embargo, el poder que el electorado les otorgó a Jimmy Morales y a su gavilla no es ilimitado. Aunque él y su grupo parecieran no entenderlo (y si lo entienden simplemente no les importa), sus acciones están limitadas por la ley. Por lo tanto, si impera un Estado de derecho, y no la impunidad, y si violan la ley, deben ser castigados conforme a esta. Así, dado que el argumento de legitimidad no cabe en las mentes de Jimmy Morales y de su ejército de defensores (muchos de ellos lambiscones y rastreros oportunistas que se esfumarán en seis meses), se debe recurrir a los argumentos de legalidad.
Y la compra de los aviones sí es ilegal: el viernes, el ministro de Finanzas Públicas declaró que el Gobierno no tiene los 215 millones de quetzales para pagarlos. Y esto es una ilegalidad, ya que intentar una compra gubernamental sin tener el dinero disponible (crédito presupuestario) está prohibido por el artículo 240 de la Constitución Política de la República, así como por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, sancionado a su vez por el artículo 80 bis. Con base en estas normas, la Contraloría General de Cuentas ya está obligada a imponerles a Jimmy Morales y a los demás cómplices que viajaron a Argentina una multa equivalente al 5 % de la asignación presupuestaria pendiente (alrededor de 10.8 millones de quetzales). Además, el Ministerio Público debe investigarlos por la posible comisión de delitos, para lo cual se les debe retirar la inmunidad (antejuicio).
Es lo mínimo ante un negocio ilegítimo e ilegal.
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