Tres razones por las que el bono solo llega a un tercio de los trabajadores esperados

El Fondo de Apoyo al Empleo se aprobó a inicios de abril para atender a 300,000 personas suspendidas de sus labores a causa del COVID19. Dos meses después, solo el 37.1% de esa cifra puede cobrar el subsidio del gobierno. A falta de beneficiarios, el Ministerio de Economía (Mineco) no podrá ejecutar los dos mil millones de quetzales que le asignaron para tres meses.

No es que escaseen las manos necesitadas. Hay por lo menos tres razones por la que el dinero sigue en las cuentas del Ejecutivo.

La primera es responsabilidad directa de las autoridades del Mineco, el Ministerio de Trabajo (Mintrab) y el banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Tres instituciones involucradas en la ejecución del programa social y que han errado en los procedimientos para inscribir a los afectados y pagar a los beneficiarios los 75 quetzales por día no laborado. Una cifra que no cubre el salario mínimo actual para actividades no agrícolas, que es de 92.88 quetzales diarios.

[relacionadapzp2]

Hasta la mañana del miércoles 10 de junio, la situación era esta: 9,690 empresas formales autorizadas para suspender a 111,557 trabajadores. Ese día, el Mineco no había trasladado 24,796 registros para pago al CHN. Y de los que el banco estatal sí había recibido, todavía quedaban 19,812 que no habían recibido notificación para acudir a una agencia porque la institución no puede atender a tantas personas.

fondo_de_proteccion_al_empleo_02.jpg

La descoordinación entre instituciones, los problemas con el registro de empresas y trabajadores, y la poca cobertura del banco, hicieron de la recepción de la ayuda otra calamidad.

Las otras dos razones que han provocado la baja ejecución del gobierno tienen que ver con las empresas. Algunas resolvieron despedir a su personal porque no podían o no querían continuar con la responsabilidad del pago de prestaciones laborales. Otras no cumplen con las leyes laborales, y han dejado a muchos trabajadores sin opción a la ayuda estatal.

Obstáculo 1: el registro

Katherine Sosa, una abogada que asesora a una corporación, ha vivido la experiencia de gestionar la suspensión para decenas de trabajadores durante la crisis y ha tenido que hacer el trámite dos veces porque el Mineco y el Mintrab cambiaron la plataforma de registro.

Fechas importantes

• 3 abril 2020: El Congreso aprueba la Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, Decreto 13-2020, que incluye una serie de aportes directos a familias, vendedores informales, y, entre otros, a empleados suspendidos de sus labores sin goce de salario.
• 8 de abril 2020: La ley se publica en el Diario Oficial y al día siguiente cobra vigencia.
• 7 de abril 2020: El Ministerio de Trabajo publica el Acuerdo Ministerial 140-2020 con el procedimiento electrónico para registro, control y autorización de suspensiones de contrato de trabajo.
• 18 de mayo 2020: El Ministerio de Trabajo publica otro acuerdo ministerial para reformar el procedimiento de registro. Los empleadores debían cumplir con otros requisitos.

Cuenta: En el primer sistema, «me pedían la representación legal, mi DPI, llenar el formulario de solicitud firmado por representante legal. Adjuntar la última planilla actualizada del IGSS, el reporte de cuántos trabajadores tiene la empresa o sociedad, y el listado de trabajadores (que se iba a suspender). Había que indicar si era suspensión individual o colectiva total».

Días después de llenar la solicitud en línea y de adjuntar los archivos a la plataforma, le pidieron otra información esencial que no había incorporado. «Los números de las cuentas monetarias de los trabajadores, en Excel, los números de teléfono, que aclarara desde cuándo era la suspensión y que actualizara cuál era la actividad económica de la empresa», relata Sosa.

Ese primer sistema de registro daba opción a los errores. Muchos empleadores fallaron al incorporar datos a medias o al colocar nombres incompletos o números de teléfono equivocados o desactualizados. Problemas que el Mintrab y el Mineco no previeron y que después no pudieron solucionar rápido.

[relacionadapzp3]

El Mintrab se encarga de la suspensión de las empresas y el Mineco, de la aprobación de desembolsos para cada trabajador. Hacen procesos individuales, pero uno depende del otro para funcionar. Cuando el Mintrab se encontraba con los errores en los registros, el Mineco no podía pagarles a los empleados en paro. Y así pasaron varias quincenas.

Algunos abogados consultados para este reportaje, que pidieron no figurar con su nombre para no comprometerse ante las empresas a las que representan, dijeron que tuvieron que esperar varios días para que en el Mintrab les resolvieran dudas. Por ejemplo, cómo saber cuándo registrar una suspensión colectiva. Ahora saben que en esa categoría entran las empresas que cesan a la mitad más uno de la planilla. Menos de eso, deber ser catalogado como individual.

También hubo problemas para cargar los archivos en PDF y Excel al sistema, y no se podía y sigue sin haber opción a registrar a representantes legales o empleados extranjeros con pasaporte.

[relacionadapzp7]

A principios de mayo, el reporte del Mintrab era que tenían cinco mil solicitudes, pero de estas solo 725 empresas habían recibido aprobación. Había cientos de requerimientos con «previos» por información incompleta, casi dos mil rechazadas porque no cumplían requisitos, y más de mil a la espera de revisión. Los encargados de hacer las verificaciones eran insuficientes, estaban desbordados y esto atrasó los procesos.

Con ese sistema que generó tantos problemas, el Mineco solo pudo pagar a 23,829 personas. Eso fue hasta el 22 de mayo, y en ese grupo no estaban los más de treinta trabajadores que registró la abogada Katherine Sosa.

[relacionadapzp6]

En la corporación para la que Sosa trabaja, hay hoteles, fincas, un centro comercial, entre otros. Algunas despidieron personal, otras desistieron del trámite porque no tenían limitantes para operar, aunque tenían personal que no podía trabajar. Y otras siguieron el trámite y resolvieron adelantar el bono 14 a pedido de los afectados que llevaban desde inicios de abril sin paga.

Ese bono adicional, que en años anteriores ha servido para reactivar la economía al inicio del segundo semestre del año, ahora se usó para subsistencia a falta de sueldo.

Obstáculo 2: Un banco con poca capacidad de atención

El 23 de mayo entró a funcionar un nuevo sistema de registro, elaborado por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), una entidad del Mineco. El proceso fue un borrón y cuenta nueva que funcionó, porque, aunque obligaba a todas las empresas a registrarse de nuevo, se incrementó el número de solicitudes aprobadas y el desembolso para pago. «El 90% o más de los beneficiados son de las Mypimes (medianas y pequeñas empresas)», indica Isabela Carranza, comunicadora de Mineco.

Fuente: Mineco

Lo que marcó la diferencia es que la nueva plataforma está vinculada a entidades como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y solo es necesario ingresar el Documento Personal de Identificación (DPI) para que se despliegue el nombre correcto de una persona.

Sin embargo, no está libre de deficiencias. Todavía es posible ingresar números de teléfono equivocados o en desuso. Y hasta el viernes 11 de junio, todas las personas que fueron notificadas para recibir el aporte solo podían hacerlo en una agencia de CHN porque la plataforma no registra número de cuenta para hacer transferencias a otros bancos, y hasta ese día se tenía previsto firmar un convenio con Visa Net para el uso de cajeros electrónicos.

Visa Net cobrará 20,000 dólares una vez, por el uso de su plataforma, y 10 centavos de dólar por cada transferencia, según informó la comunicadora del CHN, Bertalicia Pérez.

[relacionadapzp5]

El CHN es el último que entra en juego para ejecutar el bono y también tiene su cuota de responsabilidad en el atraso de la ejecución de recursos. La entidad solo tiene 60 agencias bancarias, todas departamentales. Y no puede atender a más de 8,000 personas al día.

Pérez no trasladó la lista de las delegaciones nacionales, ni indicó en dónde y cuándo empezarán a funcionar las unidades móviles en los municipios. En la página de internet del banco hay un mapa en el que aparecen las ubicaciones, y en Izabal, por ejemplo, solo hay una oficina para todo el departamento, y no hay transporte público.

Por esa razón, muchas personas que ya recibieron el código para cobrar no han podido hacerlo. Otras ni siquiera han recibido el mensaje de texto a su celular debido a la poca capacidad de atención del banco.

fondo_de_proteccion_al_empleo_03.jpg

Beatriz, una beneficiaria, recibió un mensaje de texto el 4 de junio, con un código para presentarse al banco. Después de mes y medio sin salario acudió al día siguiente a una agencia que está a ocho kilómetros de su casa.

«Fui el viernes 5 de junio, pero no pude cobrar porque había una tremenda cola y yo tenía que entregar un pastel», dice por teléfono. Uno de sus compañeros estaba en la misma agencia y le contó que ese día tampoco pudo cobrar, pero que al día siguiente estuvo desde las 7:00 y salió ocho horas después con el dinero en la billetera. Beatriz, está en el grupo de los que no han cobrado el dinero, en su caso por falta de tiempo: ahora se dedica a vender pasteles y comida, mientras cuida a sus tres hijas para que su esposo pueda cumplir con su trabajo en casa en un call center.

[relacionadapzp4]

El miércoles 10 de junio quedó en evidencia la falta de coordinación entre el Mineco y el CHN. Antonio Malouf, titular del Mineco, dijo que quien tendría que ponerse «las pilas» para pagar era el banco. Mientras que Mynor Vargas, vicepresidente del CHN, respondió que la institución no le había trasladado todos los registros de las personas suspendidas que debían recibir el pago.

Vargas también señaló que otra opción para agilizar los pagos era que el Mineco añadiera a la base de datos el número de cuenta bancaria de cada beneficiario. Malouf replicó que no podían hacerlo con los registros ya autorizados porque no es un dato que la plataforma requiera a las empresas. Toda esta discusión quedó en evidencia en una citación que la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) realizó en el Congreso.

El 16 de junio y el 1 de julio, las empresas tendrán que actualizar la planilla de trabajadores que sigue suspendida. El registro debe hacerse en la plataforma gubernamental. El próximo reto es que el Mintrab traslade los datos exactos para que el Mineco pague lo que corresponde a quienes se mantengan en paro. El aporte del gobierno cubrirá tres salarios mensuales de 2,250 quetzales, aunque el conteo se hace por día a razón de 75 quetzales diarios.

CONTRASTE DE DATOS
Hay una diferencia de datos entre lo que reportan el Mineco, el Mintrab y el CHN, ya que cada uno informa por separado y no hay una plataforma que consolide los datos para rendir cuentas.  

Fuente: Mintrab, CHN, y Mineco, en reporte entregado el 12 de junio.

Obstáculo 3: ¿En dónde están los necesitados?

Cuando se hizo el lanzamiento del programa de apoyo al empleo había una proyección de 300,000 personas que podrían recibir el aporte. El registro se quedó por debajo de la expectativa y ni siquiera llega a la mitad de lo previsto. ¿En dónde están los otros empleados afectados?

El diputado Carlos Barreda, jefe de bancada del bloque UNE, concluye que «el programa llegó a su tope» porque en el Mintrab ya no hay una avalancha de empresas que requieran la suspensión.

En la citación a las autoridades del Mineco, Mintrab y CHN, el diputado pidió que consideraran otras opciones para usar los recursos. El Congreso aprobó dos mil millones de quetzales y la proyección de ejecución a mediados de mes no supera el 15%. Ese porcentaje equivale al pago de mes y medio de salarios, aproximadamente, y el gobierno tiene el aval para cubrir tres meses. Es decir, que al Mineco le sobrará más de la mitad de los recursos.

fondo_de_proteccion_al_empleo_04.jpg

Para Barreda la única explicación a la falta de personas que requieran el beneficio, es una realidad que el coronavirus pone en evidencia: la falta de cumplimiento de reglas laborales por parte de muchas empresas. En un reportaje anterior, Olga, operaria en una maquila, aseguraba que el dueño de la empresa no los había inscrito en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Ni a ella ni a sus diez compañeras. Y este es un requisito indispensable para optar al Fondo de Apoyo al Empleo, porque buscaba atender a las empresas formalmente constituidas.

[relacionadapzp1]

«Hay meseros que se quedaron sin empleo y no pueden optar al bono porque las empresas no les tienen un contrato de trabajo ni les pagan el salario mínimo, sino una base más propinas», refiere Barreda, en una entrevista telefónica.

Malouf no pudo responder en la citación cómo ayudar a las personas en esa condición, pero ofreció presentar una propuesta al Congreso. Los comentarios en esa cita con diputados eran que la ayuda solo se podría entregar a las empresas de forma directa. Sin embargo, en ese punto el Mineco también está en deuda: aún no ha ejecutado los 400 millones de quetzales que el Congreso le aprobó para las Mypimes.

Jorge, esposo y padre de gemelas, que se dedicaba a vender vehículos nuevos en una reconocida empresa, y que también recibió la notificación de pago del bono, dice que el aporte del gobierno no aplaca sus deudas. Su sueldo y su presupuesto es elevado, y aunque el dinero que recibió será útil, está lejos de cubrir sus responsabilidades. Especialmente el pago de la cuota de la casa.

Para él hubiera sido mejor que lo despidieran, para recibir una indemnización luego de 13 años de trabajo. Su empresa no quiso rescindir contratos, o al menos hasta ahora.

La abogada Katherine Sosa, que asesora a una corporación, asegura que muchas personas serán despedidas en los próximos días. «Las empresas para las que yo trabajo han querido hacer corte de personal, pero yo les he dicho que no, porque tienen que esperar a que pasen tres meses para hacer el despido. Eso según el Código de Trabajo». Muchas empresas suspendieron labores desde inicios de abril y el plazo de tres meses se cumplirá a inicios de julio.

«La situación es bastante complicada porque los ingresos se han reducido. Y eso que yo tengo empresas grandes que pueden pagar indemnización, ahora», concluye, «imagínese las pequeñas empresas».