El foro organizado por la Universidad Rafael Landívar (URL), la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), realizado la semana pasada, contribuye a aterrizar esas expectativas. Quizá el primer desengaño que este evento logró es que, si bien el plan incluye cooperación estadounidense, en su diseño la posibilidad de alcanzar sus metas depende mayoritariamente de recursos nacionales. Es decir, alcanzar sus objetivos depende más de los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que de la ayuda norteamericana. Esto obliga a plantear una pregunta muy natural: si el plan de todas formas depende de las posibilidades y capacidades de cada país, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la diferencia con o sin plan?
Esto lleva a otro punto que resulta muy esclarecedor: la cooperación estadounidense en recursos adicionales no incrementará el presupuesto nacional. Pero, según la presentación realizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, en el presupuesto de 2016 están contempladas asignaciones de gasto público vinculadas al PAPTN por un monto de 5 474.4 millones de quetzales, de los cuales la cartera de Finanzas reporta ejecutados, al 31 de marzo de 2016, un total de 343.2 millones, el 6.1 %. A primera vista es impresionante y esperanzador ver que la ejecución del PAPTN ya empezó, pero un examen cuidadoso del reporte de Finanzas revela que estos rubros de gasto son los usuales de cualquier año, que no es financiamiento ni gasto nuevo o adicional al usual. Es decir, lo que se reporta básicamente es el presupuesto usual, pero con etiquetas en programas que podrían ajustarse a los objetivos del PAPTN.
Y, bueno, ¿cómo esperar avances o cambios si el único cambio en el presupuesto que se está ejecutando es uno de forma, una etiqueta que dice «plan de prosperidad», y nada nuevo, ninguna mejora de fondo? ¿Cuál es el impacto real que tendrá una etiqueta colocada a lo que se hace siempre?
Entonces, si el presupuesto nacional no recibirá recursos adicionales, ¿los hay en el plan? La respuesta es sí, pero los recursos adicionales que aportará la cooperación estadounidense los ejecutará Usaid y sus empresas contratistas, no el Gobierno guatemalteco. Es decir, los criterios y las prioridades de los destinos para esos recursos los decide Washington D. C., no Guatemala. Y con esto surge otra pregunta inquietante: ¿cuál es la sostenibilidad del plan en el tiempo? Por ejemplo, si Donald Trump ganara las elecciones estadounidenses, ¿el plan mantendría su diseño y sus prioridades de la misma forma como está siendo diseñado y ejecutado por la administración Obama?
Y que el plan obedece a las prioridades de Washington se evidencia en los sesgos que el evento organizado por la URL, la UVG y la Flacso reveló. Por un lado, el plan tiene un marcado sesgo en el tema de seguridad, ya que en el planteamiento original del presidente Obama dicho tema tenía destinado el 30 %, en tanto que en la versión en ejecución los temas de seguridad y defensa absorben el 58 % de los escasos recursos disponibles. Por otro lado, los ejes estratégicos del plan tienen un marcado sesgo proempresarial, con el cual el plan terminaría beneficiando a los que menos lo necesitan. Y ya veremos a los de siempre exigiendo sus derechos adquiridos, al mejor estilo de las maquilas y las zonas francas llorando por privilegios fiscales.
Sin duda, este plan puede ofrecer oportunidades que vale la pena aprovechar, pero es imperativo, primero, evaluarlo en su justa dimensión y, segundo, advertir sus debilidades y sesgos, pues, sin acuerdos sociales y fiscales que lo complementen, es difícil creer que alcanzará sus objetivos por nobles que sean y bonitos que suenen.
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