El artículo 178 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que, «dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la república podrá devolver [el presupuesto] al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente». Es decir, el presidente no puede improbar un decreto, ya que ello es facultad exclusiva del Congreso.
Debemos tener claro entonces que la demanda a Giammattei de vetar el decreto 33-2020 del Congreso de la República no es que impruebe o rechace de tajo el presupuesto aprobado para 2021. Lo que se le está demandando es que lo devuelva al Congreso con correcciones que incluyan la supresión de los bolsones de corrupción que en su dictamen introdujo la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y que corrija el orden de prioridades del gasto racionalizando los destinos de la deuda pública.
El mismo Giammattei ya anunció que preparará una iniciativa de ley para corregir el presupuesto de 2021. Entones, ¿cuál es la diferencia entre vetarlo y presentar una iniciativa de ley como la que ha anunciado? Hay aspectos técnicos y políticos que son relevantes. El primero son los tiempos. El veto lo puede realizar ahora y el Congreso debería proceder a corregirlo de inmediato, mientras que las modificaciones vía una iniciativa de ley deben esperar hasta enero, cuando el decreto 33-2020 cobre vigencia, ya que no se puede reformar una ley que no está vigente.
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Además, entre el veto y una iniciativa de ley hay una diferencia política quizá sutil, pero de importancia capital. Con la iniciativa de ley, el Ejecutivo le hace una solicitud al Congreso, lo que políticamente puede resultarle más cómodo y conveniente a Giammattei, pues de esa manera él mantiene el apoyo de la alianza oficialista que aprobó el presupuesto para 2021.
En cambio, con el veto, al devolver el decreto con observaciones, el presidente estaría corrigiendo un error cometido por el Congreso para que, de conformidad con el artículo 179 constitucional (primacía legislativa), el Congreso lo reconsidere o rechace. Políticamente, el veto se percibe como una afrenta o desplante del presidente al Congreso, a lo cual Giammattei claramente le tiene miedo. Primero, porque perdería el apoyo de la alianza oficialista, con lo cual Giammattei demuestra que mantener a sus aliados corruptos en el Congreso es, por mucho, más importante que las demandas ciudadanas y la exigencia de limpiar el presupuesto de toda la mugre de la corrupción.
Pero además en corrillos parlamentarios se rumora fuertemente que fue el mismo Giammattei quien en persona negoció los sobornos y las dádivas para los 115 diputados que votaron a favor del presupuesto de 2021. Es un asunto que el Ministerio Público debe investigar, pero, en caso de que sea cierto, Giammattei también tendría mucho miedo de que alguno de sus aliados en el Congreso lo extorsione con alguna evidencia que lo implique directamente en negociaciones espurias, al estilo de la forma en que se filtró el audio en el que se escucha al ministro de Finanzas Públicas expresarse de manera ofensiva sobre los recursos destinados a los programas de protección social.
No me extrañaría que una de las razones por las cuales Giammattei no quiere vetar el presupuesto para 2021 fuera el miedo a que se filtre algún audio o video comprometedor de él negociando sobornos con diputados corruptos. Algo como, «si lo hicieron con un ministro, lo pueden hacer conmigo».
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